La medida rige para toda la administración pública, con excepciones acotadas y un esquema que exige dos bajas por cada nuevo ingreso.
El Gobierno nacional prorrogó la suspensión de las contrataciones en el sector público y ratificó su política de reducción de la planta estatal, aunque estableció excepciones para áreas consideradas estratégicas. La medida fue oficializada mediante el decreto 934/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
Según la norma, las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal “bajo ninguna modalidad”. La restricción alcanza a las plantas transitorias, los contratos previstos en la Ley Marco de Empleo Público, los vínculos laborales, las locaciones de servicios profesionales, las designaciones transitorias en cargos de planta permanente y las contrataciones financiadas con fondos extrapresupuestarios o regímenes especiales.
El decreto, no obstante, contempla excepciones para sectores considerados esenciales o con funciones específicas. Entre ellos se encuentran las universidades nacionales; las Fuerzas Armadas y de Seguridad; el Servicio Penitenciario Federal; el Sistema Nacional de Manejo del Fuego; el Cuerpo de Guardaparques Nacionales; el personal de hospitales nacionales y de institutos de investigación del Ministerio de Salud; los equipos de gabinete y las designaciones para cargos ejecutivos y jefaturas comprendidas en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
En los casos habilitados, el Gobierno fijó una condición: por cada alta deberá computarse la baja de dos agentes. Se tendrán en cuenta renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o finalizaciones de contratos ocurridas durante 2026.
Quedan excluidas de ese cómputo las bajas producidas por planes de retiro voluntario o acuerdos de desvinculación. Además, cada incorporación deberá contar con la validación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.