Un decreto endurece los requisitos y amplía la lista de conductas que dejan fuera de la contratación estatal.
El Gobierno nacional modificó el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional para ampliar y simplificar la exclusión de empresas sancionadas por organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de los procesos de contratación pública.
La medida fue oficializada a través del Decreto 5/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y permite al Estado desestimar la participación de firmas incluidas en los listados de inhabilitados de esos organismos, sin necesidad de determinar la causa puntual de la sanción.
Hasta ahora, la normativa vigente solo habilitaba la exclusión cuando la inhabilitación respondía a casos de corrupción encuadrados como cohecho transnacional, según la Convención de la OCDE. Sin embargo, los bancos multilaterales no detallan en sus registros el motivo específico de cada sanción, lo que generaba obstáculos prácticos para aplicar la restricción.
Con el nuevo esquema, toda persona humana o jurídica incorporada en las listas del BM o del BID quedará automáticamente impedida de participar en licitaciones, concesiones de obras públicas o en la provisión de bienes y servicios a la Administración Pública Nacional mientras se mantenga su condición de inhabilitada.
La exclusión alcanzará a empresas sancionadas por prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas, así como por apropiación indebida u otras conductas que hayan motivado su inclusión en los registros de los organismos internacionales.
Según el decreto, la modificación apunta a “asegurar la efectividad del mecanismo de exclusión” y evitar que firmas con antecedentes de irregularidades accedan a contratos financiados o gestionados por el Estado argentino.
La norma entrará en vigencia a los 15 días corridos de su publicación y se aplicará a todos los procedimientos de selección que se autoricen o convoquen a partir de ese momento.