Después del cachetazo que recibió en las urnas en octubre del año pasado, cuando intentó la reelección, Carlos Arroyo sigue cosechando reveses. El último se lo dio la Contaduría General, que en la memoria anual de 2019 hizo un repaso por las obras paralizadas, las irregularidades y los juicios que generó el municipio en el último año de gestión del exintendente.

El documento lleva la firma del contador Guillermo Costanzo y señala que “durante el ejercicio 2019 se profundizaron los inconvenientes advertidos durante el año 2018” en la ejecución de obras.

Entre las paralizadas puntualiza la ampliación de la Casa del Futuro, ubicada en Juan B. Justo y Canosa, anunciada en 2016 para la generación de oportunidades para jóvenes de sectores vulnerables.

El informe recuerda que el plazo de obra fue establecido en 360 días corridos a partir de la fecha de inicio de los trabajos: el 14 de marzo de 2018. Y subraya que el plazo de finalización se encuentra “ampliamente excedido”.

También menciona que agentes del entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación concluyeron, en una visita realizada en agosto, “que la obra se encuentra paralizada”.

La descripción incluye la rescisión contractual “de común acuerdo” de la licitación pública para la puesta en valor de un sector del microcentro. Destaca además que están en trámite de rescisión las licitaciones para la puesta en valor de las plazas de los barrios La Herradura y Cerrito, así como la correspondiente a las plazas de Colinas de Peralta Ramos y Termas Huinco.

El contador fue contundente al cuestionar los procedimientos administrativos que se siguieron para la reconstrucción de veredas de la plaza San Martín: “No puedo obviar mencionar la situación irregular en la que se impulsó esta contratación, que fue de público conocimiento. El proyecto de pliego de bases y condiciones, requisito previo para la realización de cualquier licitación, fue confeccionado cuando la obra ya se encontraba iniciada y con un grado de avance considerable. Es decir que mal podía seleccionarse un oferente en un proceso transparente cuando de hecho ya existía una empresa a la que supuestos funcionarios municipales habrían encomendado los trabajos”.

A partir de allí comenzó a tramitar una licitación que incluyó las calles San Luis, Mitre, San Martín y 25 de Mayo, pero en la que quedó excluida la vereda de Luro entre Mitre y San Luis porque “es la que se encuentra en conflicto” debido a aquella situación irregular.

El contador le dedica varios párrafos al acuerdo transaccional con el concesionario del estacionamiento de Playa Grande, firmado en junio del año pasado, mediante el que Arroyo se comprometió a permitirle nuevos usos (gastronomía, salón multiespacio de fiestas y eventos sociales y culturales, con show en vivo) a cambio de que la empresa, Playa Azul SA, pagara un sobrecanon y ejecutara tres obras: el Centro Municipal de Veterinaria y Zoonosis en la Reserva Natural Laguna de los Padres, la puesta en valor del inmueble ubicado en 11 de septiembre 2661 y la demolición del balneario 5 de La Perla.

Costanzo marca que ese acuerdo, que dio lugar a una causa judicial iniciada por otro concesionario de Playa Grande, no tuvo su intervención, lo que le imposibilitó “realizar el control de legalidad en forma oportuna”.

A su entender, se debe evaluar si la realización de la ampliación y el otorgamiento de nuevos usos a una empresa que había sumado incumplimientos se ajusta a las condiciones del pliego en que se adjudicó el estacionamiento. Sobre todo, por el principio de “igualdad licitatoria” que debe respetarse.  

“La segunda cuestión, sobre la que no existen dudas, es el apartamiento de la normativa aplicable para la realización de obra pública municipal (…), cuando el acuerdo encomienda al concesionario la ejecución de las obras descriptas obviando el proceso licitatorio que permitiría asegurar la transparencia, la idoneidad del contratista y la conveniencia de la adjudicación”, agrega.

La memoria contable menciona además la sentencia en primera instancia contra el municipio por una causa por el incumplimiento en el pago a una empresa que trabajó en la construcción de los polideportivos barriales.

El Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) firmó un acuerdo de pago autorizado por ordenanza por un total de $ 20.431.100,37 en tres cuotas mensuales y consecutivas de $ 6.810.366,83.

“Al no abonarse ninguna de las cuotas convenidas, Centro Construcciones SA inicia demanda contra la Municipalidad, resultando vencida en primera instancia por un monto de $ 20.341.100,37 más intereses”, acota el informe. Y recuerda que “la Subsecretaría de Legal y Técnica entiende que no habría argumentos para apelar, ya que se trata de una deuda reconocida por el municipio”.

En ese punto, el contador advierte que “el monto total estimado al que ascendería el gasto que deberá afrontar la comuna por la mencionada demanda asciende a $ 52.870.120,04”.