Organizaciones sociales expresaron su repudio al decreto del ejecutivo en el que se reservan el derecho de admisión en establecimientos públicos y señalaron que es una herramienta que pretende “el disciplinamiento de organizaciones sociales, sindicales o gremiales”.

Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular –CTEP-, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa rechazaron la medida luego de que a la cooperativista de La Nueva Esperanza, Paola Tornoud, no le permitieran entrar al municipio a cumplir con un trámite administrativo.

Mediante un comunicado, las organizaciones se refirieron a las características del derecho de admisión y permanencia y destacaron: “Por los hechos de público conocimiento, nos encontramos en la necesidad de recordar al ejecutivo municipal que esta práctica encuentra tres criterios de control: objetividad, proporcionalidad y razonabilidad”.

“Si estas son las leyes para establecimientos privados muy lejos de ser un establecimiento público de cotidiana concurrencia para quienes representamos sectores de la sociedad civil como son lascooperativas de trabajo. Quizás el intendente confunde el palacio con un reinado”, señalaron.

El rechazo de las organizaciones sociales se suma a la denuncia que presentó la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon ante el INADI por discriminación tras conocerse el caso de la cooperativista a la que se le negó el acceso al edificio de Luro e Yrigoyen.