La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) en el Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional, que se conmemora todos los 8 de mayo en el aniversario de la “Masacre de Budge”, presentó un informe sobre lo sucedido en el contexto de pandemia, tanto dentro de las cárceles federales como de la actuación del as fuerzas de seguridad en la vía pública.

El informe se inicia con el dictado, en marzo del año pasado, del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Las disposiciones del DNU 260, señaló la PROCUVIN, presentaron “un desafío para la custodia de los derechos de la población y obligó a un posicionamiento activo para prevenir y denunciar a los posibles excesos que las fuerzas de seguridad pudieran cometer al momento de hacer cumplir el decreto”.

Ante esta “nueva” normalidad, de aislamiento social y controles en la vía público más severos, la PROCUVIN elaboró un instructivo para dar conocer las facultades y límites a la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad en el marco del ASPO y reforzar la comunicación de los derechos que tienen las personas ante un control policial en vía la pública y los canales disponibles para denunciar.

Durante 2020 la PROCUVIN recibió, por correo electrónico y vía telefónica, 95 contactos vinculados con el accionar de fuerzas de seguridad; 31 de ellos dieron lugar a la radicación de denuncias penales; mientras que en 5 casos se inició una investigación preliminar (IPS). En lo que va del 2021 fueron 22 consultas, de las cuales 5 dieron lugar a denuncias penales y una al inicio de una IP.

En algunos casos, si bien la PROCUVIN no tenía competencia directa por tratarse del accionar de fuerzas provinciales, estableció contacto con todas las personas denunciantes, se asesoró a las víctimas y, en caso de corresponder, se radicaron las denuncias correspondientes.

Abusos y hostigamientos

“No es la primera vez que sufro agresiones y acusaciones de ser una mala madre por parte de agentes de la policía – por hacer nada más ni menos que comprar comida para mis hijos. Mis hijos a esta altura ya tienen tanto miedo a la policía que se ponen a llorar a cada vez que necesito ir al supermercado…”.

Las consultas receptadas, en su gran mayoría, dieron cuenta de situaciones de hostigamiento y de accionar abusivo por parte de las fuerzas de seguridad sobre las personas que por diversos motivos se encontraban circulando en la vía pública.

“Confundieron a un menor con un ladrón pensando que había robado una moto y en realidad la empujaba porque se quedó sin nafta. Personal de espacios público le retuvo la moto pero no solo eso, respondieron al enojo verbal del menor con una brutal golpiza. La verdad no entiendo a esta gente no cumplen su función ya que en la zona
estamos llenos de focos infecciosos de dengue y además actúan con violencia contra un menor…”, denunció una persona de una situación vivida en Capital Federal.

“Pasamos por el control policial (no nos pararon) y nos dirigimos hacia el sitio mencionado para atención urgente de una perra cachorra de tres meses. Al regresar (10:40hs aprox.) somos detenidos por dos efectivos femeninas sin identificación que de una manera muy intimidatoria y prepotente comenzaron a pedirnos nuestros datos personales para consignar en un acta que luego nos obligaron a firmar bajo amenaza de llevarnos detenidos. A pesar de nuestra buena voluntad y de intentar explicarles lo evidente de nuestra situación, por cierto amparada en el mismo Decreto presidencial de aislamiento preventivo, nunca accedieron a escucharnos. Además del maltrato y la prepotencia, en un momento una de las agentes procedió a filmarnos con su teléfono particular”, cuentan en otros de los casos utilizados como ejemplo en el informe de la PROCUVIN.

Medidas urgentes en el contexto de encierro

El informe resaltó que el ASPO “afectó las actividades de monitoreo de establecimientos carcelarios regularmente implementadas por PROCUVIN, tanto por las restricciones iniciales a la circulación, como por el riesgo de introducir el COVID-19 a los espacios que albergan un colectivo de por sí, vulnerable”. En ese marco se instrumentaron medidas urgentes para mantener el vínculo con las personas privadas de la libertad, que tuvieron particularmente en cuenta que no se produjeran interrupciones en el flujo comunicativo, ya que las restricciones que se habrían de aplicar “tendrían un impacto notable en la población penitenciaria, al verse privadas y privados de tener contacto directo con sus afectos y allegados, por la prohibición de las visitas de todo tipo”.

Así, se reforzó el sistema de atención telefónica de cobro revertido del que dispone PROCUVIN, lo que permitió “canalizar y gestionar las demandas de aquellas y aquellos que debían permanecer en encierro”. Junto con los relevamientos diarios de casos en cada establecimiento federal, la medida condujo a tener conocimiento “en tiempo real de las situaciones que se dan, a partir de lo que comunica cada persona detenida y/o sus familiares”. Sobre ese punto el documento indica que durante 2020 se contactaron 240 personas detenidas, lo que redundó en cerca de 700 gestiones.

Con motivo de los aspectos y situaciones expuestas por las personas privadas de libertad, se iniciaron 18 IP entre marzo de 2020 y marzo de 2021. Por otra parte, la procuraduría formalizó la presentación de 10 denuncias, y a solicitud de las fiscalías nacionales y federales respondió 19 pedidos de colaboración.

Difusión de datos e información

Asimismo, PROCUVIN comenzó a reunir las recomendaciones, disposiciones y protocolos que elaboraron los organismos locales e internacionales sobre la situación de la población privada de su libertad. Al respecto, la dependencia resaltó que “todos los documentos coinciden en afirmar que las personas privadas de su libertad en cárceles y en otros lugares de detención no sólo son más vulnerables a contraer la infección provocada por el COVID- 19 (debido a las condiciones de vida y el hacinamiento) sino que, además, son especialmente vulnerables a las violaciones de los derechos humanos”.

“La información sistematizada -continúa el trabajo- muestra el impacto diferencial que puede tener la expansión de la enfermedad dentro de los sistemas carcelarios y recomienda que las acciones de todas las instituciones involucradas y sus protocolos se orienten a extremar medidas de precaución, prevención, control y tratamiento de la enfermedad; identificar grupos de riesgo y reducir la población penitenciaria por medio de la emisión de medidas alternativas a la privación de la libertad y de la revisión de los casos de prisión preventiva; y protocolizar medidas alternativas que garanticen el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de su libertad en el contexto del ASPO; entre otras cuestiones”.