El nuevo llamado a una moratoria impositiva puso al desnudo la debilidad del esquema gradualista y la sustentabilidad de toda la economía. El nuevo plan de facilidades de pago se produce unos meses después de finalizado el blanqueo impositivo que arrió millonarios recursos a las arcas fiscales.

Aun así, el monumental gasto público no encuentra freno y se han agotado todos los recursos adicionales disponibles. Mientras el Estado se lleva toda la capacidad de generación de riqueza de empresas y personas, todos los agentes económicos sufren las consecuencias de una política económica que desdeña la actividad económica privada.

El esquema del gradualismo fiscal implementado por la administración del presidente Macri no solucionó los graves problemas heredados del régimen kirchnerista.

Tan grave es la situación fiscal que las recomendaciones para aplicar un programa de shock no son sólo ya de los analistas locales sino que también provienen de organismos financieros internacionales y de las agencias calificadoras.

La agencia Standard & Poor’s exhortó al gobierno a aplicar un programa de shock fiscal haciendo hincapié en la eliminación de los subsidios a los servicios públicos. En su informe, S&P recomendó aplicar “una política de shock para permitir una reducción del déficit fiscal y facilitar el reajuste del tipo de cambio real, preparando así el terreno para el establecimiento de metas de inflación más creíbles”, y añadió que “el mejormomento para ejecutar este y otros ajustes complementarios de las políticas es inmediatamente después de la elección del 22 de octubre”.
También la OCDE un nucleamiento de países desarrollados, al que aspira a ingresar la Argentina, elaboró un crítico informe que generó disgusto y rechazo entre los funcionarios del Palacio de Hacienda.

El documento no escatimó recomendaciones y puntualizó sobre los yerros de la política económica. Entre otros puntos, la OCDE señaló que “hay que bajar el déficit fiscal, la inflación, el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, los gastos de las empresas del Estado y las barreras a la importación”.

Respecto del BCRA, el documento considera que “carece de independencia formal y le falta claridad a su mandato, lo que disminuye la efectividad de la política monetaria”. ¿Cómo se llega a esta situación aun cuando el blanqueo dejó en las arcas del Fisco una millonaria cifra?

El mismo responsable de la AFIP se encargó de describir la situación: “Después de la moratoria hubo empresas que tuvieron un stress financiero y acumularon deudas y ahora con este plan intentamos darles un oxígeno adicional”, explicó Alberto Abad.
El “stress financiero” al que hizo referencia Abad se reconoce en una morosidad de entre 25 mil y 30 mil millones de pesos, detectada en el período que abarca la propuesta para las deudas desde junio de 2016 hasta mayo de 2017.

Una presión asfixiante

El programa fue denominado “Puente Fiscal” porque oficiará de nexo entre los “Planes permanentes” vigentes y un nuevo “Plan Permanente” que entrará en vigencia el 1 de noviembre.Esta descripción pone de relieve la tortuosa situación que viven miles de agentes económicos frente a una presión tributaria asfixiante que ni siquiera alcanza a financiar los gastos del Estado y que obliga no sólo a apelar al endeudamiento externo sino a recursos adicionales como el blanqueo y estas moratorias que se transforman en esquemas permanentes y que, por cierto, no son gratuitas.

A esta altura, los inversores perciben que el andamiaje diseñado por el gradualismo económico empieza a crujir, comienzan a bajarse de la bicicleta financiera y a dolarizar sus portafolios, antes de que se produzca una salida tumultuosa.

El gobierno ya agotó su programa financiero y a excepción de una colocación de unos 2.000 millones de dólares, prevista en yenes, no tiene más disponibilidad de recursos externos.

A esto hay que sumarle que las exportaciones comienzan a reducir el ingreso de divisas tras el pico de la cosecha gruesa.
Los inversores perciben que el camino para Macri será tormentoso y buscan coberturas frente a eventuales riesgos. Los desaciertos del gradualismo son notorios y están expuestos con crudeza. La escalada de precios no cede, se acelera y el tipo de cambio, después del retraso, se pone a la par de la inflación. Si a los 16 pesos que valía el dólar a comienzos de año, se le suma el 12 por ciento del aumento de la inflación del primer semestre, se converge en un precio de 17,90 pesos, muy similaral valor presente en bancos y casas de cambio y si se le suman 2 puntos más por la inflación de julio se llega a 18,20 pesos, precio que se pacta en el mercado marginal.

De nuevo, postergar los ajustes fiscales puede resultar muy apetente desde la política pero dura poco tiempo, y lo que no ajusta el gobierno, lo ajusta el mercado. Ya no habrá abundancia de divisas y el tipo de cambio se va a acelerar en este segundo semestre, máxime teniendo en cuenta el difuso horizonte electoral.
El Banco Central no va a tener que esforzarse en absorber liquidez adicional pero deberá estar muy atento, a partir de agosto.

La autoridad monetaria podría enfrentar una demanda adicional de pesos, para poder frenar una eventual corrida bancaria, para lo cual debería convalidar una mayor tasa de interés en la renovación de las LEBAC, lo que llevaría a tener que poner freno a los estímulos al consumo.

De no aplicar este instrumento, el BCRA iría camino a una demanda adicional de divisas que afectaría notoriamente el nivel de reservas, ante una eventual estampida cambiaria.

(*): DyN.