Los casos en Argentina, Alemania y Australia demostraron que la Iglesia afronta de otro modo el problema de los abusos sexuales perpetrados por clérigos, aunque la reacción tardía de las autoridades eclesiásticas no alcance para mitigar el dolor de las víctimas de este delito aberrante.

La exigencia de tolerancia cero con los curas pederastas impuesta por Benedicto XVI, y ratificada por el papa Francisco, se cumple sin desvíos en los tribunales canónicos, que sancionan con la expulsión del estado clerical a los sacerdotes pederastas.

Los nuevos protocolos de actuación desactivaron la “red de complicidades” denunciadas por los abogados de las víctimas, mediante la cual se solían ocultar, proteger y evitar que fueran a la cárcel los curas y religiosos acusados de abuso sexual a menores de edad.

Asimismo, el tema dejó de ser tabú puertas adentro de la Iglesia, por lo que cada vez más laicos y obispos se involucran en la lucha contra este delito. También -reconocieron a DyN fuentes eclesiásticas- se tomó conciencia de que la crisis que afronta la Iglesia aún está en su etapa preliminar y lejos de resolverse.

“Necesitamos seguir informándonos, discutiendo y, sobre todo, generando un clima eclesial adecuado que haga que nunca más (sí, ¡nunca más!) se den estos delitos que tanto daño han provocado en la vida de demasiadas personas”, pidió el obispo Sergio Buenanueva, responsable de la Comisión Episcopal de Ministerios.

Una muestra de que la Iglesia asumió el combate de la pederastia es el hecho de que la diócesis alemana de Ratisbona haya sido la que encargó la investigación que reveló que 547 miembros del coro de niños de la catedral sufrieron maltrato físico y agresiones sexuales entre 1945 y los primeros años de la década del 90.

La investigación involucra al sacerdote Georg Ratzinger, hermano de Benedicto XVI y director del coro de Ratisbona entre 1964 y 1994, a quien se le reprocha “el haber hecho de cuenta que no vio nada y de no haber intervenido, a pesar de estar al tanto de lo que sucedía”.

En el ámbito local, la Conferencia Episcopal Argentina instrumentó un nuevo protocolo -mejorado del vigente desde 2015- para abordar en “forma integral” el flagelo de los abusos sexuales de menores de edad y personas vulnerables, tras las denuncias y procesos abiertos en el país.

Asimismo, se tomó como un dato positivo que el Vaticano haya designado al obispo Alberto Bochatey “comisionado inspector” de la congregación religiosa que regentea el Instituto Próvolo de Mendoza y La Plata, donde se investigan casos de abusos a niños hipoacúsicos.

La Justicia mendocina investiga al menos 27 denuncias contra los sacerdotes Nicolás Corradi -foto-, de 82 años y con acusaciones previas por el mismo delito perpetradas en una casa religiosa de Verona (Italia), y Horacio Corbacho, de 55, y tres empleados del instituto: José Luis Ojeda, Jorge Bordón y Armando Gómez.

Todos están imputados por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores”.

Asimismo, está detenida y procesada la monja japonesa Kosaka Kumiko bajo la acusación de ser quien seleccionaba y entregaba a los niños para ser sometidos a abusos sexuales, y también de participar de los vejámenes.

Las denuncias, promovidas por la senadora provincial Daniel García (UCR), quien acercó el testimonio de una mujer que declaró ser testigo de las abusos sexuales a menores en la sede mendocina del Instituto Próvolo, rozaron a Jorge Bergoglio.

Según la Asociación Italiana de Víctimas de Sacerdotes Pedófilos, el papa Francisco conocía desde el 2014 las repetidas denuncias contra Corradi y otros tres curas que viven en el país: Giovanni Granuzzo, Luigi Spinelli y Eliseo Primati.

El documento, que consta en el expediente judicial abierto en Mendoza, busca demostrar que la Santa Sede estaba al tanto de que sacerdotes acusados de abusos fueron trasladados a Argentina.

A raíz de ese caso, el Episcopado comenzó a exigir “una declaración jurada otorgada por el superior que acredite su aptitud y ausencia de antecedentes” de abusos a los religiosos y sacerdotes que sean traslados a diócesis argentinas.

DyN.