Por César Ventimiglia (*)

Leí, con sorpresa, en La Capital del pasado sábado 4 de enero, que el bloque de concejales de la Coalición Cívica propone excluir a la Defensoría del Pueblo del presupuesto del Concejo Deliberante proponiendo que sus recursos le sean asignados en partidas del Poder Ejecutivo, con el difuso objetivo de 1) “ordenar las cuentas”, 2) “lograr la mayor transparencia posible en el funcionamiento de los órganos municipales” y 3) “considerando que se ha demorado la presentación de proyecto del presupuesto y ordenanza fiscal 2020”.

La fundamentación es inconsistente, en primer lugar no se entiende por qué razón, si las cuentas “no están ordenadas” con el simple cambio de asignación presupuestaria las mismas pasarían a estar “ordenadas”, es más republicano investigar las causas del supuesto desorden, que “hacer la vista gorda”.

En segundo lugar, no se observa cual sería el fundamento para sostener que se lograría “la mayor transparencia posible” en su funcionamiento. ¿Acaso el Concejo Deliberante, que integran las concejalas de Coalición Cívica, no puede asegurar transparencia?. En todo caso, sería aconsejable ajustar los controles internos del cuerpo deliberativo para garantizarla, en lugar de confiar en la “transparencia” del ejecutivo.

Por último, es insostenible que la mera demora en la presentación del proyecto de presupuesto por parte del ejecutivo, pueda utilizarse como argumento para apoyar el pedido.

Pero hay algo más grave, se está desconociendo la naturaleza misma del Ombudsman o Defensor del Pueblo, que tiene por objeto “supervisar la correcta actuación de funcionarios y agentes dependientes del Departamento Ejecutivo, de los organismos descentralizados, de los Juzgados de Faltas, en lo que hace a su actuación, y de todo ente creado o a crearse que funcione en la esfera de la administración municipal con plena autonomía funcional y política sin recibir instrucciones de ninguna autoridad” (art. 2° de la ordenanza 13.663), para proteger los derechos de la población, incluidos aquellos de pertenencia difusa o colectiva. Evidentemente, el rol de la Defensoría es controlar al Ejecutivo, razón por la cual la dependencia económica del mismo, condicionaría su gestión. Por lo antedicho, la ordenanza de creación de la institución expresa sabiamente que los Defensores del Pueblo, “propondrán al Departamento Deliberativo la partida presupuestaria que consideren pertinente”.

Ahora bien, evaluemos el aspecto económico de la Defensoría del Pueblo. Cada Defensor percibe un ingreso equivalente a cinco (5) sueldos básicos municipales y la planta de personal administrativo total es de seis (6) empleados. Evidentemente, es insignificante la incidencia económica de dicha estructura, en el marco del Concejo Deliberante, que cuenta con 24 concejales, 254 asesores rentados y una importante cantidad de empleados de planta permanente.

Además, debemos recordar, que los Defensores del Pueblo son elegidos con participación de ONGs., Sociedades de Fomento y Colegios Profesionales y –desde su creación- la actuación de los mismos no ha sido cuestionada. Han tenido intervención en asuntos de variada índole, visitando permanentemente los barrios y constituyendo algo así como la “ventanilla inicial” de la gestión temprana de conflictos.

Es conveniente hacer algo de historia. La Asociación Civil Acción Ciudadana, fundada en 1994, con el objeto de procurar la transparencia de los actos de gobierno, la participación de los ciudadanos en los temas públicos y el acceso al ejercicio de sus derechos, en las elecciones de los años 1995, 1997 y 1999 en su Banco de Datos de los Candidatos, le preguntaba a los mismos con relación al expediente iniciado en 1991 sobre la creación de la Defensoría del Pueblo, si “Está a favor de la designación del Defensor del Pueblo”, la respuesta fue abrumadoramente afirmativa.

Finalmente, el compromiso asumido públicamente en tres elecciones consecutivas, se plasmó en el año 2.000 en la ordenanza de la creación de la Defensoría del Pueblo, siendo electos recién en febrero de 2003 los tres primeros Defensores del Pueblo (Rubén Vespa, Mónica Felices y Alberto Rodríguez).
Debe preocuparnos que una institución cuya gestación demandó más de 10 años, corra el riesgo de ser eliminada o debilitada.

(*) Presidente de Acción Ciudadana (Asociación Civil)