El país perdió 1,4 millones de hectáreas desde 2018 por tala e incendios. Organizaciones ambientales cuestionan el proyecto que analiza el Gobierno de Javier Milei.
Por Natalia Kidd
Los bosques de Argentina perdieron miles de hectáreas el año pasado por los desmontes y los incendios, un daño que, según denuncian organizaciones ambientales, podría agravarse si el Gobierno de Javier Milei avanza con su intención de reformar la ley que da protección a los bosques nativos.
Los bosques, cuyo día internacional se celebra este sábado, perdieron en Argentina 1.416.000 hectáreas entre 2018 y 2024, según el último reporte publicado por la Secretaría de Turismo y Ambiente.
Aunque esa cifra equivale a 70 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, supone un promedio anual de pérdida de áreas forestales mucho menor al que se registraba antes de la aprobación de la Ley de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, aprobada en noviembre de 2007.
Solo en aquel año se perdieron 728.469 hectáreas de bosques, fundamentales para ayudar a regular el clima, equilibrar el flujo hídrico, producir oxígeno y contribuir a la fertilidad de los suelos.
Sin embargo, la magnitud de destrucción de bosques es creciente: de acuerdo a cálculos de Greenpeace, en 2025 se perdieron 210.702 hectáreas en las norteñas provincias de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero (un 40 % más que en 2024), fundamentalmente por desmonte.
“El 75 % de la deforestación se da en esas cuatro provincias. Además han crecido mucho los incendios forestales en la Patagonia (sur)”, señaló a EFE el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
Según Greenpeace, en 2025 los incendios arrasaron 32.000 hectáreas de bosques andino-patagónicos en el sur de Argentina y solo entre finales de diciembre último y mediados de febrero se consumieron en esa región 77.000 hectáreas.
Protección con escollos
La ley de 2007 clasifica a los bosques por su nivel de conservación y establece límites al desmonte.
En la categoría I (rojo) no puede haber ningún tipo de intervención; en la categoría II (amarillo) se permite cierto tipo de aprovechamiento sostenible, como turismo o investigación científica; y en la categoría III (verde) se puede desmontar.
La aplicación de la ley ha tenido escollos.
En 2019 Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema para denunciar a Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero y al Estado por incumplir la Ley de Bosques y poner en riesgo la supervivencia del yaguareté, un felino protegido en Argentina.
Las organizaciones ambientalistas también denuncian que los desmontes ilegales persisten por falta de fiscalización y una desfinanciación del fondo estatal orientado a ejecutar proyectos de conservación y restauración de los bosques.
Reforma en puerta
El Gobierno de Milei, que ya ha impulsado una reforma a la Ley de Glaciares para permitir la minería en áreas cercanas a los campos de hielo, anticipó que también se presentará un proyecto para modificar la Ley de Bosques.
Un esbozo de esa iniciativa quedó plasmado en un documento publicado por el Gobierno en diciembre pasado y que prevé restringir la prohibición de desmonte solo al área roja.
“Una de las propuestas más graves es la de eliminar la prohibición de desmontar en bosques clasificados en categoría II (amarillo). Esta categoría comprende más de 30 millones de hectáreas y fue diseñada para permitir usos sostenibles, pero no desmontes”, advirtió Ana Parellada del área de Biodiversidad de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
El jueves pasado, en un nuevo escrito presentado ante la Corte Suprema, Greenpeace advirtió que resulta “grave” que desde el Gobierno nacional y algunas provincias se proponga modificar la Ley de Bosques para permitir más desmontes.
“La reforma va a habilitar el desmonte en la zona amarilla. Eso implicará, en la práctica, que pasaremos de tener un 20 % de áreas en las que está permitido el desmonte a que solo en el 20 % de la superficie va a estar prohibido el desmonte. Es casi derogar la Ley de Bosques”, aseveró Giardini.
EFE.