Por Roberto Benzo

El gobierno nacional ha convocado a las provincias a la firma de un pacto. No será el muy deseable diálogo democrático, sin condicionamientos ni imposiciones, pero algo es algo. Antes de eso era el desierto. Ahora lo que llama mucho la atención son las incomprensibles ausencias en los diez puntos que propone el pacto.

Vayan sólo dos ejemplos como muestra. Uno. En un país como el nuestro con los escandalosos índices de pobreza e indigencia que padecemos, es inexplicable que el primer punto no sea un acuerdo alimentario, o como se llame al conjunto de medidas necesarias para asegurar el plato de comida todos los días en la mesa de cada argentino, privilegiando a los dos extremos de la vida: los niños y las personas mayores. Porque “no es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan”!.

Otro ejemplo. Desde Sarmiento en adelante hemos tenido en claro que el progreso de nuestra Patria supone “educar al soberano”. Dicho de otra manera, la educación es el único camino seguro para el desarrollo integral de la persona y de la sociedad. Resulta inconcebible que no haya una sola mención al tema.

En definitiva, es sincero el gobierno nacional en sus reales intenciones al privilegiar la “inviolabilidad de la propiedad privada”, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Nacional y elevada a la categoría de “piedra filosofal” de su gestión. No en vano la menciona como el primer punto del acuerdo.

Sin embargo, y siendo un secreto a voces que las medidas gubernamentales han afectado fuertemente a los sectores más vulnerables y necesitados de la población, bien harían nuestros mandantes en defender con idéntico énfasis los “derechos sociales” establecidos en el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna. Por ejemplo, y en una parcial enumeración, el derecho a la protección de las leyes al trabajo y al trabajador, al salario mínimo vital y móvil, a la protección contra el despido arbitrario, a la participación en las ganancias de las empresas, a igual remuneración por igual tarea, a las jubilaciones y pensiones móviles, a la protección integral de la familia y al acceso a una vivienda digna.

Es de auténtica justicia que importen tanto la “propiedad privada” como los “privados de propiedad”. Esperando contra toda esperanza, y porque todos los argentinos estamos en el mismo barco, ojalá que nos vaya bien.