El Concejo Deliberante le solicitó al intendente Carlos Arroyo que explique los fundamentos por contratar a un abogado externo de La Plata para entablar una demanda judicial interpuesta en diciembre de 2018 contra el cuerpo deliberativo por conflicto de poderes.

A partir de una iniciativa del radical Mario Rodríguez, el Concejo pidió por mayoría que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza y se expliquen los fundamentos por haber contratado al abogado Miguel Héctor Eduardo Oroz y por haber dejado sin participación al área de Legal y Técnica propia.

“Es de destacar que para entablar la acción judicial, el Departamento Ejecutivo se hizo representar por un abogado externo matriculado en la ciudad de La Plata sin dar participación al área de Legal y Técnica propia. Para ello debió generar gastos como anticipos previsionales y otros que estimara el letrado interviniente sin perjuicio de los honorarios devengados, montos que no han sido contemplados en el presupuesto del año 2018, ni solicitado autorización al Honorable Concejo Deliberante”, explicó Rodríguez.

Cabe recordar que el jefe comunal accionó bajo el patrocinio del mismo estudio jurídico platense, que presentó en su momento el conflicto de poderes contra el Concejo Deliberante por la “Bonificación Especial Docente”, nuevamente sin dar participación al área de Legal y Técnica municipal.