Lo solicitó la fiscal Laura Mazzaferri durante el juicio de extradición que se lleva a cabo en Mar del Plata. Sergio Francisco Jara Arancibia era uno de los prófugos más buscados en Chile. Después de estar un año prófugo, lo atraparon en 2018.
La fiscal federal Laura Mazzaferri solicitó que el ex coronel chileno, Sergio Francisco Jara Arancibia, sea extraditado a su país luego de haber sido detenido el año pasado en Mar del Plata.
La funcionaria del Ministerio Público realizó el pedido durante su alegato realizado en el marco del juicio de extradición que se lleva a cabo en la ciudad y que tiene como magistrado a Santiago Inchausti.
Por su parte, la defensa del detenido pidió que se rechace el pedido de extradición y que el ex militar recupere su libertad. Entre los argumentos para respaldar esa postura aseguraron que los hechos que se le imputan ya fueron juzgados por los Tribunales Militares chilenos y que, además, ya están prescriptos.
Inchausti dictará sentencia el miércoles de la semana que viene.
Sergio Francisco Jara Arancibia, coronel del Ejército Chile durante el proceso dictatorial dirigido por Augusto Pinochet, fue detenido el 15 de junio del año pasado en Mar del Plata. Era uno de los prófugos más buscados en Chile por dos homicidios cometidos en 1973.
La División Investigación Federal de Fugitivos del Departamento Interpol de la Policía Federal capturó a Jara Arancibia en la intersección de las calles San Juan y 25 de Mayo. El hombre estaba prófugo de la justicia chilena desde hace más de un año. Las tareas de inteligencia criminal y la cooperación entre Argentina y Chile fueron claves para determinar su paradero.
La información recolectada permitió identificar a su hijo y hacer un seguimiento controlado sobre sus movimientos desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Salta y Jujuy y nuevamente hacia la Capital Federal para luego trasladarse hacia Mar del Plata, donde culminó la investigación con la captura de Jara Arancibia.
La Corte Suprema de Chile había confirmado en 2017 la condena de Arancibia a prisión por el asesinato de un médico y un funcionario público opositores a la dictadura de Augusto Pinochet. Los homicidios fueron considerados de lesa humanidad.