La concejal Eva Ayala (Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro) presentó en el Concejo Deliberante un pedido para que el Ejecutivo local informe el equipamiento disponible del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) para el mantenimiento de los espacios públicos.

El planteo surge después de que en diciembre, a través de distintos decretos, el ente diera de baja maquinaria y herramientas, como motoguadañas, motocultivadores, motosierras, cortadoras de césped, desbrozadoras, tractores, carretillas y sopladoras.

Se trata de “bienes que se encuentran en desuso a causa de que los costos de reparación respectivos resultan superiores al valor de plaza de una máquina nueva”, argumentan los decretos.

Ayala mencionó que el mantenimiento del espacio público (plazas, parques, arbolado urbano, limpieza, corte
de pasto, conservación y tareas de servicios urbanos) “requiere capacidad operativa material suficiente, sostenida y planificada”.

Señaló que los elementos dados de baja son “fundamentales para la prestación de servicios urbanos” y apuntó que “la disminución del parque de maquinaria sin reposición efectiva puede afectar la capacidad de respuesta ante las demandas vecinales, el mantenimiento regular del espacio público y la calidad del servicio urbano”.

La concejal opositora reclamó precisiones sobre la dotación real de equipamiento operativo con
el que cuenta actualmente el municipio, su estado de funcionamiento y las medidas adoptadas para
sostener la prestación de los servicios.

“El mantenimiento adecuado del espacio público no constituye únicamente una cuestión operativa o estética, sino un componente estructural de la convivencia urbana, la construcción de ciudadanía y el respeto por las normas comunes”, argumentó.

Según indicó, “la experiencia cotidiana del espacio público (plazas en condiciones, calles transitables, iluminación adecuada, señalización firme, veredas limpias) constituye un dispositivo social que transmite de manera permanente el valor de la norma, el cuidado colectivo y la vigencia de lo común”.

En ese marco, “el deterioro sostenido del espacio público produce efectos sociales verificables: debilita la percepción de orden, reduce la legitimidad de las normas de convivencia y favorece procesos de naturalización del desorden urbano”, apuntó.

Ayala marcó que “la evidencia en estudios urbanos y sociológicos muestra que, cuando el abandono material se vuelve persistente, se modifica el umbral de tolerancia social frente a conductas inadecuadas, incrementándose prácticas como el arrojo de residuos, el deterioro de bienes comunes, el uso inapropiado del espacio y la transgresión de reglas básicas de convivencia”.

Consideró además que “el respeto de la normativa urbana no se sostiene únicamente en dispositivos sancionatorios, sino en la coherencia entre norma y realidad material”, por lo que el cuidado del espacio público es “una condición necesaria para la internalización social de las reglas comunes”.

A su entender, “una ciudad que mantiene, cuida y sostiene su espacio público fortalece la percepción de orden, promueve el uso adecuado del entorno urbano, favorece la convivencia y consolida la idea de comunidad”.

En sentido inverso, “la pérdida de capacidad operativa del Estado para sostener el mantenimiento urbano puede impactar no solo en la calidad del servicio, sino también en dimensiones sociales vinculadas al respeto normativo, la convivencia y el uso responsable del espacio común”.