Con pedidos de prisión perpetua para los 16 acusados y una reconstrucción detallada del funcionamiento del aparato represivo en Mar del Plata durante la última dictadura militar, la fiscalía federal concluyó ayer su alegato en el tercer tramo del juicio por delitos de lesa humanidad conocido como Subzona Militar 15.

Se trata de uno de los procesos más importantes que actualmente se desarrollan en la ciudad por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado y que tiene como eje la estructura represiva que actuó bajo control operacional del Ejército en Mar del Plata y localidades cercanas.

El alegato estuvo a cargo del fiscal federal Santiago Eyherabide y de la auxiliar fiscal María Eugenia Montero ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, integrado por los jueces Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, este último de manera virtual. Al finalizar la exposición, el Ministerio Público pidió prisión perpetua para los 16 imputados que continúan sometidos a juicio.

Cuando comenzó el debate oral, en octubre de 2024, los acusados eran 20. Sin embargo, uno falleció durante el proceso y otros tres fueron apartados por razones de salud.

Los que continúan siendo juzgados en este tramo del proceso son: Juan José Lombardo, Salvador Fernando Donda, Juan Carlos Mazzaferri, Ángel Aníbal Guerra, Jorge Jorge, Jorge Eduardo Bergallo, Juan Carlos Alderete, Carlos Alberto Lacabanne, Miguel Ángel Méndez, Marcelo Luis Rodríguez, Julio César Garachico, Hugo Alberto Grondona, Eduardo Héctor Pertusio, Carlos Alberto Gaitán, Juan José Ponce y Carlos Alberto Favero.

La causa investiga delitos cometidos contra 119 víctimas y comprende hechos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, homicidios, allanamientos ilegales y delitos sexuales cometidos en distintos centros clandestinos de detención y otros lugares utilizados por el aparato represivo.

Uno de los aspectos centrales del alegato fue la descripción del funcionamiento de la maquinaria represiva. La fiscalía sostuvo que las víctimas fueron privadas de su libertad sin orden judicial y mediante procedimientos arbitrarios realizados por fuerzas estatales bajo el argumento de combatir la denominada “subversión”.

Según se expuso durante la audiencia, las detenciones estuvieron acompañadas por violencia física, amenazas y traslados a lugares clandestinos donde las personas permanecieron cautivas en condiciones degradantes.

Durante el desarrollo del alegato, el Ministerio Público describió que los tormentos aplicados incluyeron sesiones de electricidad, golpes, quemaduras, intentos de asfixia y distintas formas de violencia física y psicológica. Pero además señaló que el propio contexto de cautiverio -aislamiento, condiciones infrahumanas, incertidumbre permanente y pérdida absoluta de libertad- constituyó una forma adicional de tormento ejercida sobre las víctimas.

“La militancia de las víctimas, en todos sus órdenes y actividades, resultó ser un denominador común al momento de producirse los interrogatorios y las sesiones de tortura”, sostuvo la fiscalía al analizar el contexto en que ocurrieron los hechos.

Otro de los ejes más sensibles del alegato estuvo vinculado a los homicidios. La fiscalía sostuvo que tanto los casos en los que se recuperaron restos o cadáveres como aquellos en los que las personas permanecen desaparecidas deben encuadrarse como homicidios agravados.

En ese sentido, afirmó que la desaparición de personas constituyó una parte del propio mecanismo represivo y que el ocultamiento del destino final de las víctimas fue utilizado como una herramienta adicional del crimen.

El Ministerio Público también remarcó que el accionar represivo fue ejecutado de manera coordinada por integrantes del Ejército, la Armada, Prefectura y otras fuerzas de seguridad. Según se sostuvo en el alegato, la participación conjunta de distintas estructuras estatales demuestra planificación previa y organización para ejecutar secuestros, torturas y asesinatos.

Uno de los capítulos más extensos de la audiencia estuvo dedicado a los delitos sexuales. La fiscalía afirmó que la violencia sexual formó parte del plan sistemático de represión y que las mujeres detenidas fueron sometidas a agresiones específicas vinculadas con su condición de género.

Durante el alegato se abordaron casos ocurridos en la Base Naval y en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), que funcionó dentro del predio del Faro, además de hechos denunciados en domicilios allanados y en la comisaría de Batán, señalada como centro clandestino de detención.

En total se analizaron seis episodios de abusos y violaciones dentro del circuito represivo de la Base Naval y otros hechos ocurridos en distintos lugares de cautiverio.

La fiscalía sostuvo que las condiciones de detención hacían imposible cualquier forma de consentimiento y remarcó que las agresiones sexuales deben analizarse dentro del contexto de dominación absoluta que ejercían las fuerzas represivas sobre las víctimas.

Entre los acusados figuran exintegrantes del Ejército, la Armada y Prefectura Naval, quienes fueron señalados como coautores -en distintos casos- de privaciones ilegales de la libertad agravadas, tormentos, homicidios, allanamientos ilegales y delitos sexuales.

La fiscalía destacó además una particularidad del proceso: todos los imputados ya habían recibido anteriormente condenas a prisión perpetua en otros juicios por delitos de lesa humanidad desarrollados en Mar del Plata, aunque algunas de esas sentencias todavía se encuentran en revisión o trámite ante instancias superiores. Por ese motivo solicitó la unificación de penas con inhabilitación absoluta y perpetua.

Con el cierre del alegato del Ministerio Público, el proceso ingresa ahora en una etapa decisiva antes del veredicto del Tribunal Oral Federal. El tercer tramo del juicio Subzona 15 busca establecer responsabilidades penales por algunos de los hechos más graves cometidos durante la última dictadura en Mar del Plata y reconstruir el funcionamiento del sistema represivo desplegado sobre 119 víctimas en la región.