La fisonomía de las bandas de matriz nacionalsocialista que operaron en Mar del Plata entre 2011 y 2016 comenzó a cerrarse de manera definitiva en el plano judicial. El fiscal federal Santiago Eyherabide dictaminó la clausura de la instrucción y formuló el requerimiento de elevación a juicio para Carlos Gustavo Pampillón, Rodrigo De los Santos y Rodrigo La Puente, acusados de tomar parte de organizaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, y de realizar propaganda basada en teorías de superioridad, alentando la persecución y el odio.

El dictamen, enmarcado en el remanente de una causa que ya cuenta con condenados por accionar neonazi, sitúa a Pampillón como el jefe indiscutido y organizador de la estructura.

El requerimiento de la Unidad Fiscal no deja margen para las ambigüedades interpretativas y desarmó la estrategia de defensa de Pampillón, quien en sus declaraciones indagatorias del 12 de octubre y el 10 de noviembre de 2022 había negado los cargos, amparándose en una supuesta persecución política motivada por su “amor a la patria”. Para la Fiscalía, los elementos probatorios acumulados demuestran de manera unívoca que el procesado ejerció una jefatura operativa y doctrinaria sobre agrupaciones locales como el Foro Nacional Patriótico, La Giachino, Bandera Negra y el Frente Skinhead Buenos Aires.

Las pruebas tecnológicas incorporadas en el sumario exponen la trastienda de las directivas. Mediante peritajes realizados sobre dispositivos telefónicos, la Justicia acreditó mensajes donde Pampillón impartía órdenes explícitas a otros integrantes de la organización para coordinar ataques vandálicos. Entre ellos, se destaca la orden transmitida a Franco Pozas para blanquear paredones públicos con la finalidad de realizar pintadas xenófobas contra el Consulado de Bolivia, utilizando consignas donde afirmaba que “por cada argentino que toquen caerán 50 bolitas”.

La verticalidad del mando que detentaba Pampillón, según la fiscalía, también se reflejó en las intervenciones de los grupos de comunicación interna. Ante disputas o disidencias en la conducción de las facciones, las escuchas telefónicas registraron la voz del imputado imponiendo su condición de líder: “El grupo se maneja como digo yo y se terminó… El Fonapa y La Giachino las manejo yo”, la frase sintetiza el control total que ejercía sobre el funcionamiento operativo y la subordinación de sus militantes.

El accionar del referente local no se limitó a la planificación intelectual. La acusación de Eyherabide detalla su presencia y rol activo en incidentes de violencia institucional y civil. Se constató su participación el 28 de septiembre de 2013 en los incidentes registrados en las escalinatas del Colegio Nacional de Buenos Aires, en la Capital Federal, donde provisto de un megáfono arengó e increpó a los alumnos. Asimismo, la investigación judicial lo ubicó de manera fáctica en los desmanes y agresiones cometidas frente a las rejas de la Catedral de Mar del Plata en octubre de 2015, en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres.

El despliegue logístico continuó incluso cuando los eslabones operativos de la organización comenzaron a ser identificados por las fuerzas federales. En febrero de 2016, tras las agresiones físicas y destrozos perpetrados contra el local nocturno Nevermind —un bar céntrico que funcionaba como punto de encuentro de minorías y activistas—, Pampillón se encargó “personalmente de coordinar la estrategia judicial y los pasos a seguir con Nicolás Caputo, intentando encubrir la vinculación de la banda con el atentado”.

A estos hechos se sumó la reactivación de una denuncia previa radicada por Juan Manuel Hernández, relativa a un suceso acontecido el 23 de febrero de 2013 en la intersección de la avenida Jara y Falucho. En esa oportunidad, Pampillón habría interceptado a la víctima en la vía pública portando un arma de fuego en la mano, procediendo a proferir amenazas de muerte directas antes de retirarse del lugar.

El requerimiento de elevación a juicio conecta de forma jerárquica las acciones de Pampillón con las de los coimputados Rodrigo La Puente y Rodrigo De los Santos, quienes actuaban como brazos ejecutores y soporte logístico en las denominadas cacerías nocturnas. A La Puente se lo acusa formalmente por agresiones físicas graves perpetradas en la avenida Luro contra un ciudadano al que golpearon con caños y le marcaron una cruz esvástica en el rostro con un cúter, además de participar en las pintadas contra el Centro de Residentes Bolivianos donde la organización dejó el mensaje “arderá el escarmiento”. Por su parte, De los Santos fue ubicado materialmente por testigos la noche del 7 de septiembre de 2011, cuando la banda vandalizó el monumento “Verdad-Justicia-Memoria” junto a la Base Naval, cumpliendo una directiva de Pampillón tras la remoción del cuadro del Capitán Giachino del Concejo Deliberante. En los allanamientos a los domicilios de la red, se hallaron registros fotográficos de De los Santos realizando entrenamientos de combate en salas ornamentadas con banderas de la cruz esvástica, ligadas a publicaciones de Facebook donde Pampillón convocaba a reclutar “sangre nueva”.

La calificación legal impuesta por el Ministerio Público Fiscal encuadró la conducta de los tres procesados en los términos del artículo 213 bis del Código Penal, en concurso ideal con el artículo 3 de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios. Los imputados, si así lo decide el juez Santiago Inchausti, deberán responder ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en calidad de autores por formar parte de asociaciones destinadas a imponer ideas por la fuerza o el temor, y por la organización de propaganda basada en teorías de superioridad racial, política y religiosa.