La fiscalía sostiene que la organización estaba integrada por al menos seis personas que comercializaban cocaína desde distintos domicilios y mediante la modalidad de “delivery”.
La Justicia solicitó elevar a juicio una causa en la que se investiga a una presunta organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintos barrios de la ciudad.
El requerimiento fue presentado por la fiscal Daniela Ledesma, quien sostiene que al menos seis personas integraban una estructura dedicada a la venta de droga al menudeo, principalmente cocaína, aunque también se detectaron otras sustancias.
Según la investigación, el principal acusado es Darío Héctor Castillo, señalado como el organizador de la maniobra y quien habría estado a cargo de proveer los estupefacientes a distintos puntos de venta de la ciudad. Además se encuentran imputados Natalia Castillo, José María Lamanuzi y Joel Alberto Guzmán y en forma de coautores, mientras que Máximo Fogliani y Marcos Darío López como partícipes.
La causa se inició a partir de tareas de inteligencia policial que permitieron detectar movimientos compatibles con la venta de droga en distintos domicilios.
A partir de esas primeras sospechas, los investigadores comenzaron a realizar seguimientos, filmaciones encubiertas y vigilancia en varios puntos donde se registraba un flujo constante de personas que ingresaban y se retiraban a los pocos minutos, una modalidad habitual en la comercialización de estupefacientes.
De acuerdo con la acusación fiscal, la organización contaba con distintos integrantes que cumplían roles específicos dentro de la estructura.
Castillo habría sido el encargado de proveer la droga y coordinar parte de la distribución, incluso mediante entregas bajo la modalidad de “delivery”.
En tanto, otros acusados habrían tenido a su cargo la venta directa desde distintos domicilios o el traslado del material estupefaciente entre los puntos de comercialización.
Entre los lugares investigados aparecen viviendas ubicadas en calles como Ricardo Rojas, Trinidad Tobago, Colombia, Victoriano Montes y Remedios de Escalada, entre otras.
Durante la investigación también se realizaron intervenciones telefónicas y análisis de comunicaciones que, según la fiscalía, permitieron detectar conversaciones vinculadas con la venta de drogas. En esos diálogos los sospechosos utilizaban términos en clave para referirse a los estupefacientes o a las transacciones.
En paralelo, personal policial interceptó a algunos compradores que habían adquirido pequeñas cantidades de cocaína en los domicilios investigados, lo que reforzó las sospechas sobre la actividad ilegal.
Con el avance de la causa, la Justicia autorizó una serie de allanamientos simultáneos en distintos domicilios vinculados con la organización.
Durante esos procedimientos los investigadores secuestraron más de 400 gramos de cocaína, gran parte de ella fraccionada en dosis listas para su comercialización. Además se incautaron balanzas de precisión, envoltorios de nylon, sustancias utilizadas para el corte de la droga y dinero en efectivo que sería producto de la venta.
En uno de los domicilios allanados se encontraron más de 460 mil pesos y 1.248 dólares.También se secuestraron once teléfonos celulares que posteriormente fueron sometidos a peritajes para analizar las comunicaciones entre los imputados.
Durante los operativos la policía también incautó varios vehículos que, según la investigación, habrían sido utilizados para el traslado de los estupefacientes. Entre ellos se mencionan un Volkswagen Scirocco, un Volkswagen Vento, una Ford Ecosport, una Ford F100 y una Peugeot Expert.
Para la fiscalía, las pruebas reunidas a lo largo de la investigación permiten sostener que existía una organización con una clara división de tareas destinada a la comercialización de estupefacientes.
Por ese motivo, los imputados están acusados del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, previsto en la Ley 23.737.En el expediente también se menciona otra causa en la que el principal acusado está imputado por una presunta estafa ocurrida en la localidad de Valeria del Mar.
Según esa investigación, una mujer fue engañada mediante una llamada telefónica en la que alguien se hizo pasar por su hija y luego un hombre se presentó en la vivienda simulando ser un empleado bancario para retirar una importante suma de dinero. De acuerdo con la denuncia, la víctima entregó más de 200 mil dólares en esa maniobra.
Con base en todos estos elementos, el Ministerio Público Fiscal solicitó que la causa sea elevada a juicio oral. Ahora será la Justicia de Garantías la que deberá analizar el pedido y resolver si el expediente avanza hacia la etapa de debate oral.