A más de 60 días de aprobado el régimen, el bloque de Acción Marplatense-Movimiento Derecho Al Futuro exigió al Ejecutivo que informe sobre los rubros alcanzados por el régimen, el monto mínimo de inversión exigido, plazos de vigencia y el impacto fiscal que generaría.
El bloque de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro (AM-MDF) presentó un pedido de informe sobre la implementación del “RIGI” (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) municipal, una de las novedades salientes en el Presupuesto 2026.
El espacio opositor exigió precisiones sobre el artículo 294 de la ordenanza fiscal vigente. En este apartado se faculta al Ejecutivo a establecer reducciones de hasta el 50% en la alícuota de la tasa por Inspección de Seguridad e Higiene a favor de empresas radicadas o a radicarse en General Pueyrredon, condicionando dicho beneficio a la realización o proyección de inversiones durante los ejercicios 2025 y/o 2026.
Transcurridos más de 60 días desde la aprobación de la ordenanza, “no se cuenta con información clara, pública ni detallada respecto de los criterios, condiciones y mecanismos mediante los cuales se implementará el régimen, lo que genera incertidumbre”, señaló la concejala Melisa Centurión, autora del proyecto.
La legisladora advirtió que el artículo en cuestión remite a una futura reglamentación aspectos “centrales”, como el monto mínimo de inversión exigido, rubros alcanzados, plazos de vigencia, requisitos en materia de generación de empleo, mecanismos de control y condiciones de permanencia. Todo ello “sin establecer parámetros mínimos que orienten dichas definiciones”.
Esta amplitud “deja en cabeza del Ejecutivo un margen relevante de discrecionalidad en materia tributaria, sin pautas claras ni límites precisos, lo que puede afectar la previsibilidad, la igualdad entre contribuyentes y la transparencia en la aplicación del beneficio”, indicó Centurión.
Y añadió: “El diseño actual, al permitir reducciones de hasta el 50% sin establecer topes ni criterios diferenciados, puede generar en la práctica beneficios significativamente mayores para grandes empresas en comparación con pequeños comerciantes. En consecuencia, el régimen podría producir efectos regresivos dentro del entramado comercial local”.
A partir de estas consideraciones, la edil pidió al gobierno local que detalle el nivel de inversión para poder acceder al RIGI, con rubros, conceptos y gastos alcanzados; si se contemplan criterios diferenciales o escalas según el tamaño de la empresa; exigencias vinculadas a la generación de empleo; mecanismos de control para el régimen; estado actual de la reglamentación del artículo 294 de la ordenanza fiscal; y la estimación del impacto fiscal que tendría la iniciativa.