La causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la concesión del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo. César Ventimiglia, en representación de la asociación civil Mirada Ciudadana y con el patrocinio del abogado César Raúl Sivo, presentó una ampliación de la denuncia en la que cuestiona distintos aspectos del proceso licitatorio y solicita que se profundice la investigación penal.

La presentación fue realizada en el marco de las actuaciones que tramitan ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 y el Juzgado de Garantías N° 6, vinculadas con presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según se señala en el escrito, el análisis comprende tanto documentación incorporada por el Municipio como información recopilada por la organización en Mar del Plata y en San Pablo, Brasil.

Uno de los ejes centrales de la presentación apunta a la manera en que, según los denunciantes, se construyó durante años la idea de que el Municipio no estaba en condiciones de sostener el Estadio y que la privatización aparecía como la única alternativa. El escrito recuerda que en 2021 el Emder clausuró la zona techada de las plateas y sostiene que, pese a los anuncios sobre el deterioro de la infraestructura, no se difundieron informes técnicos que permitieran conocer con precisión el estado del estadio.

Desde esa perspectiva, Mirada Ciudadana sostiene que la concesión terminó configurándose sobre la base de un pliego que habría favorecido a un único oferente: Minella Stadium S.A. La entidad cuestiona especialmente la escasa difusión de la convocatoria, que —según el escrito— fue publicada durante apenas dos días en el diario LA CAPITAL, el Boletín Oficial de la Provincia y el sitio DG Market. Para los denunciantes, esa modalidad habría limitado la concurrencia de potenciales interesados.

Concesión por hasta 40 años

Otro de los puntos cuestionados es el plazo de la concesión. El pliego estableció 30 años, con una posibilidad de prórroga por otros 10. La presentación sostiene que no aparecen explicitados los estudios económicos y financieros que justificarían un período de semejante extensión para una infraestructura ya existente.

El escrito advierte además que la concesión reúne los dos principales escenarios de la ciudad para espectáculos masivos y que, al establecerse restricciones para la instalación de otros recintos dentro de un radio determinado, podría consolidarse una posición dominante del concesionario durante décadas.

La denuncia también cuestiona diferencias entre lo establecido originalmente en el pliego y lo que finalmente quedó plasmado en el contrato de concesión, señalando que algunas cláusulas habrían agravado las condiciones previstas inicialmente.

Uno de los capítulos más extensos está dedicado a Minella Stadium S.A. La presentación remarca que la sociedad fue constituida el 11 de diciembre de 2024, apenas ocho días antes de la sanción de la ordenanza que aprobó el pliego.

A partir de allí, los denunciantes reconstruyen una cronología que consideran llamativa: representantes de la empresa participaron de reuniones y visitas de obra y firmaron acuerdos vinculados con la futura explotación antes de que el directorio de la sociedad aprobara formalmente su participación en la licitación, algo que ocurrió el 3 de abril de 2025.

El 29 de abril de 2025, al abrirse los sobres, Minella Stadium fue la única empresa que presentó oferta. La propia denuncia aclara que la existencia de un único oferente no implica por sí misma la comisión de un delito, aunque sostiene que esa circunstancia debería haber provocado un nivel mayor de control sobre la propuesta.

Finalmente, según el escrito, la oferta recibió 100 puntos sobre 100 posibles. La presentación cuestiona que se haya considerado conveniente una propuesta que, a su criterio, presentaba inconsistencias societarias, financieras y documentales.

Los USD 40 millones que aparecen en el expediente

Uno de los aspectos que la denuncia considera centrales es el respaldo financiero presentado por la empresa.
Según surge de la presentación, Minella Stadium incorporó documentación relacionada con un compromiso de aporte irrevocable por USD 40 millones de su entonces controlante, Revee Real Estate. Sin embargo, la propia documentación contable habría reconocido que esos fondos no habían sido integrados efectivamente al cierre del balance.

La denuncia sostiene que, paralelamente, se presentó como respaldo una cédula de crédito bancario emitida por Banco Master por 458 millones de reales, equivalentes entonces a unos USD 91 millones. Pero, según los denunciantes, la disponibilidad de los fondos destinados específicamente al proyecto del Minella no habría quedado acreditada mediante documentación independiente, sino a través de manifestaciones de representantes de Revee.

Para Mirada Ciudadana, este punto adquiere especial relevancia porque contrasta con la situación financiera posterior de la concesionaria.

La presentación incorpora además cuestionamientos sobre la ejecución del contrato. Según el documento, al 12 de agosto de 2026 Minella Stadium registraba cheques rechazados por más de $600 millones y había sufrido la interrupción del suministro eléctrico por una deuda con EDEA, situación que derivó en un convenio de pago.

Los denunciantes sostienen que esa situación resulta difícil de compatibilizar con el respaldo financiero que la empresa habría presentado durante la licitación.

A eso agregan que no existiría, según la documentación analizada, un plan de obras aprobado por las instancias municipales correspondientes. La presentación señala que las intervenciones detectadas hasta el momento serían limitadas —entre ellas, cambios de luminarias, interruptores eléctricos y la colocación de un cerco perimetral— y sostiene que no se observaría un avance acorde con las obras comprometidas.

Al mismo tiempo, el escrito afirma que desde la toma de posesión se realizaron al menos ocho espectáculos en las instalaciones del Polideportivo y estima una recaudación de aproximadamente $2.400 millones. Los denunciantes reclaman conocer el destino de esos fondos y por qué no se habrían traducido en obras o en el saneamiento de obligaciones operativas.

Cuestionamientos

Otro capítulo de la denuncia está dedicado a los antecedentes presentados por Minella Stadium y su entonces controlante, Revee. Mirada Ciudadana cuestiona que algunos de los proyectos exhibidos como antecedentes de experiencia empresarial serían, según sus propios relevamientos, proyectos todavía inexistentes, en desarrollo o que no se encontraban funcionando cuando fueron presentados como antecedentes.

Uno de los ejemplos señalados es el gimnasio Geraldao, cuyo contrato de concesión habría sido firmado el 28 de abril de 2025, apenas un día antes de la apertura de los sobres de la licitación del Minella. También se cuestionan otros proyectos presentados como antecedentes de experiencia de la controlante.

La presentación sostiene además que existieron inconsistencias en documentación societaria y que la Comisión de Preadjudicación permitió subsanar fuera de término determinados requisitos formales que, según los denunciantes, deberían haber llevado al rechazo de la oferta.

El convenio con la AFA y los 30 puntos

La denuncia pone el foco también en uno de los requisitos que, según sostiene, tuvo un peso determinante en la evaluación: el convenio con la Asociación del Fútbol Argentino.

De acuerdo con el escrito, ese requisito otorgaba 30 puntos sobre los 100 posibles, es decir, el 30% del puntaje total y la mitad de los 60 puntos mínimos necesarios para que una oferta fuera considerada. Para Mirada Ciudadana, el nivel de ponderación y la especificidad del requisito constituyen otro elemento que debería ser investigado.

La ampliación de denuncia incorpora además información relacionada con empresas y entidades brasileñas vinculadas con la estructura societaria y financiera que participó del proyecto.

En ese punto, los denunciantes solicitan que se analice la posible existencia de maniobras vinculadas con lavado de activos y que se dé intervención a la Justicia Federal.

El escrito menciona una carta de crédito emitida por Banco Master por 458 millones de reales y sostiene que existen investigaciones en Brasil relacionadas con esa entidad y con integrantes de estructuras vinculadas a Revee y REAG. También señala que no se habrían exigido durante el proceso licitatorio declaraciones sobre beneficiarios finales, personas expuestas políticamente, origen y licitud de los fondos.

Se trata, en este caso, de afirmaciones efectuadas por los denunciantes sobre investigaciones y actuaciones desarrolladas en Brasil que deberán ser verificadas en el marco de la investigación judicial.

Qué pide la presentación

En términos generales, Mirada Ciudadana sostiene que la combinación de una convocatoria de escasa difusión, la existencia de un único oferente, las características de la sociedad que se presentó, las dudas sobre su capacidad financiera, los compromisos de inversión, las diferencias entre el pliego y el contrato y la actuación de los funcionarios municipales constituyen un conjunto de señales de alerta que, a su criterio, justifican profundizar la investigación.

La presentación también menciona como posibles figuras a investigar, además de los delitos que ya forman parte del expediente, el pago con cheques sin provisión de fondos, cohecho y lavado de activos.

El planteo de fondo de la denuncia es que no habría existido un adecuado proceso de “due diligence” —es decir, un análisis legal, financiero, técnico y societario profundo— antes de adjudicar una concesión que involucra durante décadas una parte sustancial del patrimonio deportivo municipal.

Por eso, los denunciantes consideran que corresponde avanzar con medidas probatorias para determinar si las irregularidades señaladas constituyen solamente incumplimientos administrativos o si, como sostienen en la presentación, podrían configurar delitos.

Cabe aclarar que la denuncia, por su propia naturaleza, no implica que esas acusaciones hayan sido judicialmente comprobadas. Será la investigación penal la que deberá determinar la existencia o inexistencia de delitos, las eventuales responsabilidades y la validez de la documentación y de las operaciones cuestionadas.