Entre los imputados se encuentran tres exjefes de esa dependencia: Claudio Pontoriero, Leandro Piboleau y Paola Reynaldo. La investigación se centra en el robo de dinero e irregularidades en el uso de las horas Cores. Además, el fiscal Marcos Pagella le inició causa a 20 policías por falso testimonio y pidió que se investigue por los mismos delitos a los titulares de la Sub Delegación Drogas Ilícitas de Balcarce.
La corrupción en los altos mandos de la Policía Bonaerense marcó el 2024 como uno de los temas más relevantes en Mar del Plata y prácticamente en simultáneo con el cierre de la investigación por la asociación ilícita mixta que tiene como principal detenido al exjefe departamental, José Luis Segovia, el Ministerio Público Fiscal también solicitó la elevación a juicio de la causa por el robo de dinero e irregularidades en el uso de las horas Cores en Drogas Ilícitas, que tiene como imputados a tres exjefes de esa dependencia.
La causa investigada por el fiscal general Marcos Pagella se inició tras una denuncia anónima, presuntamente presentada por un integrante de la Policía Bonaerense descontento con la situación que se vivía, que indicaba que en Drogas Ilícitas, el comisario mayor Claudio Damián Pontoriero solicitaba un “retorno” al adjudicar horas extras (horas Core) a sus subalternos y que, además, robaban dinero en los allanamientos por narcomenudeo.
Con el correr de la investigación, Pagella entendió que la situación se repetía en el pasado cuando estaban otros dos jefes en Drogas Ilícitas, los comisarios Leandro Piboleau y Paola Reynaldo, por lo la hipótesis se extendió a una posible matriz de corrupción dentro de la policía.
Además de los exjefes de Drogas Ilícitas, el fiscal Pagella solicitó que otros siete policías fueran a juicio: los sargentos Carla Daniela Navarro, Julián Paglione, Jonathan Aguirre y Lucas Agustín Barreiro, los oficiales subayudante Leonardo Mariño y Débora Durand, y el subcomisario Cristian Battistessa.
El fiscal Marcos Pagello solicitó a la jueza de garantías Lucrecia Bustos que diera lugar a la elevación a juicio contra estos diez policías, por haber cometido delitos como asociación ilícita, defraudación en perjuicio de la administración pública, hurto calificado por ser cometido por funcionario público, falsificación ideológica de instrumento público y coacción.
Además del pedido de elevación a juicio, el fiscal Pagella formó causas para 20 policías por haber brindado falsos testimonios durante la instrucción y, también, solicitó que se inicie una investigación a la Sub Delegación de Drogas Ilícitas de Balcarce por la posible comisión de delitos similares.
Corrupción policial
La investigación se centra prácticamente en el primer semestre de 2024 en la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata. Según la hipótesis, policías que trabajaban allí conformaron una banda criminal para la comisión de delitos, incumpliendo así los deberes inherentes a su cargo.
Según la hipótesis fiscal, esta organización criminal se conformó por distintos agentes policiales, con diversos grados de participación y responsabilidad criminal, pero respondiendo todos a un mando claro coejercido por los entonces jefe y segundo jefe de Drogas Ilícitas: comisario mayor Leandro Piboleau y comisario Paola Reynaldo, quienes tomaban las decisiones y asignaban los roles.
Para el fiscal, hay pruebas suficientes para establecer que los acusados se apoderaban de dinero de manera ilegítima y de material estupefaciente en ocasión de ejecutar órdenes de allanamiento expedidas por la justicia de garantías y ante el requerimiento del Ministerio Público Fiscal, en procesos vinculados a la ley de estupefacientes. De la misma manera, se ha probado preliminarmente que “plantaban” sustancias ilegales en los registros domiciliarios que llevaban adelante.
Por otro lado, los mismos jefes policiales de la dependencia, que tenían a su cargo la asignación de horas por “Compensación por Recargo de Servicio”, de manera ilegítima obligaban a sus subordinados a reembolsarles o reintegrarles una porción de lo obtenido por cada funcionario . De la misma manera, maniobras ilícitas semejantes a las
descriptas con las Horas CORES, se desarrollaban con relación a las asignaciones de viáticos exigiendo un porcentaje predeterminado a modo de retorno del cincuenta por ciento de lo percibido por cada efectivo.
Allanamiento y detención de un jefe policial
En julio de 2024, por pedido de Pagella, allanaron la sede de Drogas Ilícitas y detuvieron a Pontoriero, señalado se ser el líder de una asociación ilícita que defraudaba al Estado en la adjudicación de horas Cores y robaba dinero de allanamientos.
“Pero yo ya hablé con Jony y bueno pudimos rescatar algo en definitiva nos quedó 50.000 pesos a cada uno… nos iba a quedar más pero bueno”, se escucha en uno de los audios escuchados por los investigadores y que pertenecen a uno de los efectivos de Drogas Ilícitas. Ese policía hace referencia en dicho mensaje al robo de una cifra cercana a 300 mil pesos durante un allanamiento en el que se logró el secuestro de droga y más dinero.
Respecto a ese episodio, que ocurrió el 6 de junio del año pasado en horas de la tarde en la calle San Luis al 2300 donde fueron secuestrados en la habitación recortes de nylon de color blanco, 325 gramos de cocaína distribuida en 32 envoltorios, una balanza digital y la suma $1.496.000 -en fajos, compuesta por 1.244 billetes de $1.000 y 126 de $2.000- esta última hallada en el interior de una mochila. Además, en poder de una de las acusadas de vender droga se hallaron 54.800 pesos y 14 dólares.
De acuerdo a los audios, a las propias personas imputadas y al análisis de los secuestrado se pudo establecer que habrían faltado 300 mil pesos.
Horas adicionales
Un efectivo policial tiene asignadas como máximo unas 80 horas Cores y por ellas debería percibir mensualmente entre 96.000 o 144.000.
El sistema que se cree que existía en Drogas Ilícitas -y se supone que en muchas otras reparticiones de la Policía Bonaerense- era el de elegir a una determinada cantidad de efectivos para que tomen esas horas, pero los “beneficiarios” debían devolver entre el 50 y el 70%, en efectivo. No se aceptaban transferencias.
Según consta en la denuncia la orden hacia mandos intermedios era “que cuando reciban los haberes mensuales recauden el dinero de todo el personal a su cargo y se haga entrega en mano al mismo, dejando en claro que no acepta transferencias como así tampoco permite demora en la entrega del dinero. Esto se ha verificado en caso puntual que, como ocurrió con uno de los efectivos que fue trasladado de zona por la negativa a este pedido”.
En función de los valores que puede llegar a percibir un solo policía, si de esos valores el “beneficiario” debe “devolver”, el 60%, la superioridad estaría “recaudando” por cada efectivo la suma de $57.600 o $86.400.
Este acto de corrupción, según el fiscal Pagella tenía dos aristas: los policías a los que les “asignaban” esas horas Cores, solo trabajaban, como mucho, la mitad de las mismas. Las horas sobrantes no eran cubiertas, por lo que el policía no “perdía” dinero, porque cobraba lo que trabajaba.
La otra parte es que el Estado sí pagaba esas horas y el dinero iba a parar a la caja de recaudación de los jefes. Es decir que los funcionarios de alto rango en la policía se enriquecían a costa de no prestar un servicio de seguridad para el cual se destinaban recursos.
En la causa hay incorporados diálogos que muestran de forma contundente cómo funcionaba esta mecánica, como el siguiente en el que utilizaban al acusado Mariño como “cobrador” de las horas cores y le exigía el dinero a otro de los imputados:
Mariño: -El lunes tengo que juntar lo de las Cores.
Barreiro: -Hola Leo. Te transfiero ahora si querés, si no paso y la dejo en la oficina.
Mariño: – Sí, yo saco y lo llevo o me das el martes. No hay drama.
Barreiro: – Cómo vos prefieras.
Mariño: -Cómo hago ajustes, yo voy y te lo pago. O me transferís o me lo hacés
el martes no hay apuro.