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La Ciudad 4 de julio de 2019

Piden que se declare la emergencia económica y tarifaria en el municipio

Más de 89 entidades participaron de la jornada que impulsó la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon. Advirtieron que los altos montos de los servicios "trae cierre de empresas y mayor desempleo".

Más de 80 entidades locales se reunieron en el Concejo Deliberante para reclamar por los aumentos tarifarios.

Agobiados por las consecuencias que los altos montos de las facturaciones de los servicios están ocasionando en los sectores productivos y comerciales de la ciudad, casi noventa entidades exigieron hoy la declaración de emergencia económica y tarifaria en el municipio de General Pueyrredon.

El pedido se dio en el marco de una actividad impulsada por la Defensoría del Pueblo del municipio y con un recinto del Concejo Deliberante repleto de representantes de organizaciones sociales, sindicatos, cámaras empresariales y entidades de defensa de los consumidores, que unidos bajo un mismo reclamo brindaron detalles del fuerte impacto que tuvo para las diferentes actividades económicas de la ciudad las políticas tarifarias de los últimos años.

Así, empresarios ligados a la actividad hotelera, deportiva, gastronómica, comercial y hasta religiosa (estuvieron presentes representantes del Obispado y las hermanas del Hogar de Lourdes, quienes brindaron detalles de la angustiante situación que atraviesan) aseguraron que la situación “no da para más” y que el ‘tarifazo’ “trae cierre de empresas y mayor desempleo”.

“Como consecuencia de la difícil situación económica por la que atraviesan numerosas empresas de Mar del Plata y Batán, con caída de ventas y creciente incremento de los costos de producción, se ha producido el cierre de numerosos establecimientos comerciales e industriales y crecen las dificultades del ciudadano común para pagar los servicios públicos”, dijo el defensor del pueblo Daniel Barragán al inicio del encuentro.

En este sentido, Barragán manifestó imprescindible para la “supervivencia de las empresas y la preservación de las fuentes de trabajo” solicitar la “reducción de las facturaciones” al igual que “exigir la inmediata reunión con el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui” a fin de solucionar “de forma urgente el problema que nos agobia y que se ha transformado en causa de los marplatenses y batanenses contra el tarifazo, los cierres y el desempleo”.

La jornada fue impulsada por la Defensoría del Pueblo del municipio.

La jornada fue impulsada por la Defensoría del Pueblo del municipio.

Por su parte, la dirigente de la CTA Graciela Gramundo celebró la creación del espacio y aseguró que “es el único lugar donde podemos buscar una solución”. “Esto demuestra que estamos juntos en la defensa por tener una vida digna, hay marplatenses que no tienen para un plato de comida diario, y por eso hemos visto tantas movilizaciones y cortes de calles: en ocasiones, esa es la única manera que tenemos para que un gobierno nos preste atención”, señaló.

En la misma línea se pronunció el titular de la CGT Mar del Plata, Miguel Guglielmotti, quien destacó el “combo explosivo” que se dio en materia económica para los sectores productivos con el aumento de los costos (habló de la existencia de “tarifas impagables”) y la baja del consumo. Además, volvió a poner en debate el reclamo histórico por la recategorización de la tarifa de gas en General Pueyrredon.

“Se dio una recategorización que no era la adecuada, a nosotros nos tienen que tener en cuenta como una ciudad mucho más austral”, señaló, en referencia a la medida que en 2017 llevó a que el cuadro tarifario local sea el mismo que se aplica en Bahía Blanca, pero no que el sur del país.

Ezequiel Navarro, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), también aseguró que “Mar del Plata y Batán no dan para más” y aportó datos respecto los porcentajes que los ciudadanos destinan al pago de servicios. “Los estatales tenemos un promedio salarial en la provincia de Buenos Aires de $17.000 de bolsillo, y hoy hay quienes están recibiendo tarifas de gas y luz de un promedio de entre $4.000 y $6.000 mensuales. Entonces, estamos hablando de trabajadores por debajo de la línea de la pobreza y que destinan cerca de un 35% de sus salarios sólo para pagar los servicios”.

“Mar del Plata y Batán no dan para más”, dijo Ezequiel Navarro, de ATE

Los titulares de natatorios y gimnasios también hicieron uso de la palabra y hablaron sobre un panorama “inviable” para el sector. “Se hace muy complicado llevar el negocio adelante. Para que se den una idea, estamos pagando facturas de $100.000 cada una”, dijo uno de los representantes de la Cámara de Natatorios, Sebastián Azconovieta.

Según señaló, los clubes actualmente precisan de 100 socios para poder pagar una sola factura: “un número muy difícil de sostener”, dijo, al tiempo que destacó que los establecimientos también deben hacer frente a otros impuestos y, también, los sueldos de los “profesores, kinesiológos, administradores, personal de maestranza, y coordinadores” que trabajan en el lugar.

En la misma línea se pronunció Ariel Caltabiano, propietario de un gimnasio e integrante de la Cámara del sector. “Todos sabemos la situación que estamos atravesando, nadie está exento de lo que le pasa al país”, dijo para luego agregar: “Lo que nos complica no es sólo la factura del gas, sino toda la política del país, no hay ninguna medida para que algún comercio pueda subsistir, siempre son palos en la rueda”.

Nancy Todoroff, secretaria del gremio de Gastronómicos de Mar del Plata, también brindó un escenario desolador en el sector. Según señaló, desde marzo del año pasado el sindicato registró “la pérdida de 2.000 puestos de trabajo”, y si bien también destacó el impacto de las tarifas en el día a día, hizo hincapié en la falta de pago de los empleadores a los aportes de obra social. “Eso está afectando a los Sindicatos a la hora de brindar servicios a sus afiliados”, aseguró.

“No hay ninguna medida para que algún comercio pueda subsistir”, aseguraron desde la Cámara de Gimnasios. 

Por su parte, la gerente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, Silvia Cerchiara, aseguró que “el problema es cada vez más grave” para los establecimientos locales y destacó la importancia de que la reunión con el secretario de Energía de la Nación -algo a lo que se había comprometido el intendente Carlos Arroyo- se solicite de manera formal. “Obviamente que el sector empresario pueda tener más espalda para resistir, pero pasan los días y estoy preocupada. Creo que si se hace un pedido de audiencia formal, después tendremos otras herramientas para exigir una respuesta”, señaló.

La situación de Zanella y otras empresas metalúrgicas también tuvieron su momento en la jornada de trabajo, cuando José Luis Rocha, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), hizo uso de la palabra. “Zanella no es la única empresa del sector que está en conflicto, es quizás la más reconocida a nivel nacional, pero esto lo venimos planteando hace más de ocho meses: si las medidas económicas de este gobierno no cambiaban, indefectiblemente se iban a cerrar empresas”, señaló.

El encuentro contó también con la presencia de representantes de la Unión Industrial Marplatense, el Parque Industrial,  la Cámara de Cervecerías Artesanales, la Cámara de Ferreteros y Afines, entre otros decenas de entidades y gremios con representación en la ciudad.