La presidenta del bloque de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, reclamó que el Concejo Deliberante trate hoy un proyecto de ordenanza mediante el cual la gestión del intendente Carlos Arroyo pretende regularizar la presencia de los banners publicitarios que permanecieron exhibidos en las columnas de alumbrado público durante este verano a pesar de la existencia de una expresa prohibición para su instalación.
La controvertida iniciativa fue elevada por el gobierno el pasado 3 de marzo, cuando ya habían transcurrido varios meses desde que los anuncios fueran colocados en la vía pública con el consentimiento del Ejecutivo.
La semana pasada, cuando ya existían dudas en torno a este tema, el oficialismo se aseguró de que el expediente no fuera tratado en la comisión de Educación para evitar así que la polémica cobrara un mayor vuelo del que ya tuvo.
Por eso Rodríguez reclamó que el asunto sea incorporado al orden del día de la sesión prevista para hoy.
El texto en tratamiento revela de qué manera el Ejecutivo admitió la colocación de más de un centenar de anuncios en las columnas de alumbrado concediéndole el negocio de manera directa a una agencia de publicidad a la que además planea concederle una eximición para el pago de tasas.
Pero junto al otorgamiento de este llamativo beneficio -a todas luces contradictorio en el marco de la emergencia económica y financiera vigente- en el proyecto se plantea que la empresa, de nombre “La Base Marketing”, no deberá abonarle ni un solo peso al municipio.
Como contraprestación sólo tendría que donar un equipo de iluminación para el Teatro Colón supuestamente valuado en 290 mil pesos.
Todas las sospechas sobre el origen de este acuerdo apuntan a las áreas de Cultura y Turismo, en su momento coordinadas por Emiliano Giri. Ahora que el empresario se encuentra alejado de la función pública luego de haber sido detenido por la Justicia por una causa por corrupción, quien quedó en la primera línea de fuego es el secretario de Cultura, Sebastián Puglisi.
Los cierto es que tal como lo anunció ayer LA CAPITAL, el funcionario acaba de presentar su renuncia ante el intendente Arroyo, planteando su decisión de aceptar una nueva oferta laboral.
Fuentes consultadas por este medio señalaron que si bien es cierto que Puglisi tiene previsto dedicarse a otra tarea, en los últimos días habría tomado nota de que el sospechoso caso podría complicar su situación.
“No tiene nada que ver con el tema y no es él quien tendría que dar explicaciones pero lamentablemente en este momento es el funcionario con mayor responsabilidad ligado al asunto”, indicaron fuentes cercanas al secretario.

Un problema para aprobarlo

Uno de los puntos centrales denunciados por la oposición es que los anuncios violan una expresa disposición del Código de Publicidad, en el que prohíbe la presencia de anuncios en las columnas del servicio de alumbrado público.
Para que su instalación resultara admisible, el Concejo debería haber otorgado una excepción o bien modificado la norma, cosa que no hizo.
Por eso el proyecto en tratamiento tampoco alcanzaría para resolver el entuerto legal en el que ahora se encuentra la administración de Carlos Arroyo.
El texto simplemente propone que los concejales acepten lo que fue presentado como una “propuesta” del señor “César Vasquez, director de La Base Marketing” quien aparece como la persona que les acercó la idea a los funcionarios. No obstante no existe ningún artículo que permita subsanar el hecho de que los banners violan el Código.
A esta altura, además, la aprobación del proyecto resultaría embarazosa hasta para los concejales del oficialismo, algunos de los cuales reconocen que el tema está “plagado de desprolijidades”.
Entre las más notorias figura el hecho de que el proyecto en tratamiento recién fue elevado al Concejo el pasado 3 de marzo, cuando ya habían transcurrido meses desde que los banners habían sido instalados.
Sumado a esto se agrega la pretensión de que la empresa no pague ni un solo peso por haber realizado el negocio y que además se beneficie con una eximición para el pago de tasas en plena emergencia económica y financiera.
Por otro lado hasta el propio subsecretario de Gobierno y Control, Carlos Iriarte, avaló que el tema fuera investigado para determinar si se estaba “infringiendo la ley” ya que, según reconoció, su área no había tramitado ninguna autorización para la exhibición de publicidades.