La polémica por la concesión del estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios del Parque Municipal de los Deportes sumó un nuevo capítulo judicial. La asociación civil Mirada Ciudadana presentó un extenso escrito ante el Juzgado de Garantías N° 6 de Mar del Plata en el que solicita dejar sin efecto la desestimación de la denuncia penal, ordenar la continuidad de la investigación y disponer el apartamiento de los fiscales que intervinieron en la causa.

La presentación, de 58 páginas, fue realizada por César Ventimiglia, representante de la entidad, con el patrocinio del abogado César Raúl Sivo. El planteo cuestiona especialmente la resolución del fiscal general Fabián Fernández Garello del 25 de septiembre pasado, que confirmó la decisión adoptada el 14 de agosto por los fiscales Luis Alberto Ferreyra y Carlos David Bruna, de la UFI N° 10, quienes habían desestimado la denuncia.

La investigación se había iniciado a partir de una presentación del fiscal federal Juan Manuel Pettigiani, quien puso bajo análisis distintas circunstancias vinculadas con la adjudicación de los escenarios deportivos a la empresa Minella Stadium SA. Posteriormente, Mirada Ciudadana se incorporó como particular damnificado y amplió los cuestionamientos sobre el procedimiento licitatorio, las condiciones contractuales, la solvencia económica de la adjudicataria y el origen de los fondos comprometidos.

Uno de los argumentos centrales de la nueva presentación es que los fiscales habrían reducido los hechos denunciados a simples incumplimientos contractuales, dejando de lado posibles conductas delictivas relacionadas con la actuación de funcionarios municipales y representantes de la empresa.

“El incumplimiento contractual es, en definitiva, la consecuencia de los ilícitos denunciados”, sostiene el escrito, al cuestionar que se haya descartado la existencia de materia penal sin profundizar las distintas líneas de investigación.

La asociación afirma que no se pretende discutir la facultad política del Municipio para concesionar los escenarios deportivos, sino establecer si durante el proceso existieron irregularidades que pudieran configurar delitos.

Los principales cuestionamientos

Entre los elementos que, según la presentación, justifican continuar la investigación, aparece la situación societaria y financiera de Minella Stadium SA, constituida el 11 de diciembre de 2024, antes de la aprobación del pliego licitatorio.

El escrito pone especial atención en la participación de la firma brasileña Revee, presentada como respaldo económico de la adjudicataria, y en una promesa de aportes irrevocables por 40 millones de dólares que, según los denunciantes, no se habían integrado efectivamente.

También cuestiona inconsistencias en la documentación societaria, particularmente entre la fecha en que Revee aparecía como accionista mayoritaria y aquella en que, según el registro de acciones, se formalizó su incorporación a la sociedad.

Para Mirada Ciudadana, estas circunstancias debieron haber generado mayores controles sobre la capacidad económica de la empresa, especialmente porque se trataba de una licitación con un único oferente.

En ese sentido, se recuerda que la Comisión de Preadjudicación otorgó a Minella Stadium 100 puntos sobre 100 posibles, pese a las observaciones que, según la asociación, surgían de los antecedentes presentados.

El planteo también alcanza a la actuación de distintos funcionarios municipales que participaron en la elaboración del pliego, la evaluación de la oferta, la adjudicación y el posterior control de la concesión. El escrito menciona expresamente al intendente Guillermo Montenegro, además de las autoridades del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder) y de las áreas municipales vinculadas con la contratación.

Otro de los aspectos cuestionados son las diferencias entre el pliego licitatorio y el contrato finalmente suscripto. La presentación señala disposiciones que considera especialmente favorables para la concesionaria, entre ellas una cláusula de exclusividad en un radio de tres kilómetros, condiciones de prórroga y la posibilidad de recurrir a mecanismos de arbitraje internacional ante el Ciadi.

Cheques rechazados y la ruta del dinero

La situación económica de la empresa ocupa otro lugar importante en la presentación judicial. Mirada Ciudadana sostiene que existen registros de cheques rechazados por falta de fondos por más de 700 millones de pesos, además de incumplimientos con proveedores y problemas vinculados con el suministro eléctrico de los escenarios deportivos.

En el escrito se cita expresamente una publicación de LA CAPITAL del 14 de julio de 2026, que daba cuenta de catorce cheques sin fondos emitidos por Minella Stadium por una suma superior a los 220 millones de pesos.

La asociación también reclama profundizar lo que denomina la “ruta del dinero”, a partir de las recaudaciones obtenidas por los espectáculos desarrollados en el Polideportivo Islas Malvinas.

Según la presentación, los eventos habrían generado ingresos superiores a los 3.000 millones de pesos, sin que se adviertan inversiones proporcionales en obras de mantenimiento y mejoras de las instalaciones.

Estos montos y las presuntas irregularidades forman parte de los planteos de la entidad y no constituyen hechos delictivos acreditados judicialmente.

Críticas a la actuación de los fiscales

Uno de los capítulos más duros del escrito está dedicado al desempeño del Ministerio Público Fiscal. Mirada Ciudadana sostiene que la investigación fue insuficiente y que se adoptó la decisión de desestimar la denuncia sin agotar las medidas probatorias propuestas.

En particular, cuestiona que el informe elaborado por la Policía Judicial se haya basado fundamentalmente en documentación administrativa y que, además, se hubiera trabajado con expedientes incompletos, ya que parte de los originales había sido requerida por un juzgado federal de Lomas de Zamora en el marco de otra investigación.

La asociación señala que el 13 de agosto presentó nuevos elementos, pero al día siguiente los fiscales rechazaron medidas de prueba y desestimaron la denuncia sin considerar ese escrito.

Según la presentación, la omisión fue advertida posteriormente, aunque los funcionarios judiciales mantuvieron su decisión.

También se cuestiona que el fiscal general Fernández Garello haya rechazado una audiencia solicitada por la entidad, que invocó los derechos reconocidos en la Ley Provincial de Víctimas.

La asociación sostiene que existen elementos suficientes para investigar posibles delitos de estafa, defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, malversación de caudales públicos y libramiento de cheques sin provisión de fondos.

Por su parte, en las resoluciones cuestionadas, los fiscales habían considerado que no existían elementos suficientes para sostener una hipótesis penal y que distintas cuestiones denunciadas correspondían al ámbito administrativo o contractual. La Fiscalía General convalidó esa interpretación y señaló, además, que determinados aspectos vinculados con el origen de los fondos podían exceder la competencia de la Justicia provincial.

El pedido a la Justicia

En el tramo final, Mirada Ciudadana solicita que se ejerza el control de legalidad sobre la resolución del 25 de septiembre, se convoque a una audiencia y se disponga la continuidad de la investigación.

Además, reclama el apartamiento de los fiscales intervinientes y que, a través de la Procuración, se arbitren los mecanismos necesarios para que la pesquisa quede en manos de otros funcionarios judiciales.

La asociación también cuestiona declaraciones públicas de Montenegro sobre el cierre de la causa y plantea interrogantes acerca de cómo había tomado conocimiento de la resolución judicial.

La presentación concluye que resulta indispensable una investigación penal más profunda para determinar si existieron responsabilidades delictivas o, por el contrario, establecer que la concesión se realizó conforme a derecho.

La decisión queda ahora en manos del Juzgado de Garantías N° 6, que deberá resolver el planteo de control de legalidad y los restantes pedidos formulados por la asociación.