Uno de los concesionarios del complejo Playa Grande advirtió este viernes a autoridades municipales que presentará una denuncia penal en caso de que el gobierno de Carlos Arroyo avance con un acuerdo que permite habilitar un boliche a una empresa que había incumplido un pliego licitatorio.

A través de una nota distribuida esta mañana, el presidente de Cubro SA y Playas del Sol SA, Sergio Goransky, advirtió a los secretarios municipales y los presidentes de bloque del Concejo Deliberante que “cualquier acción que permita consolidar y/o avanzar de cualquier manera en la ejecución de alguno de los aspectos de ese Acta-Acuerdo” los colocará “en calidad de partícipe penalmente responsable de ese ilícito accionar”.

El empresario sostiene que está dentro de las facultades de los funcionarios y concejales “contribuir al cese de los efectos de ese espurio acuerdo, evitando la causación de consecuencias irreversibles para el municipio”.

Goransky se refiere al acta que firmó el intendente el 10 de abril con Playa Azul SA, concesionaria del estacionamiento de Playa Grande, a la que tacha de “ilegal”. El acuerdo establece que la empresa se hará cargo de construir un Centro Municipal de Veterinaria y Zoonosis, de poner en valor el inmueble de la calle 11 de septiembre Nº 2061 y de llevar a cabo la demolición de la UTF (Unidad Turística Fiscal) Balneario Nº 5 de La Perla. A cambio, quedará autorizada a concretar una modificación en la propuesta de inversión proyectada, que será admitida dentro del rubro “salón de usos múltiples con destino a fiestas y eventos gastronómicos”.

En otras palabras, el intendente le permite a la empresa llevar adelante su proyecto de instalar un boliche, una propuesta que no está incluida en el pliego original del estacionamiento. La firma beneficiada, además, había quedado al borde de que le sacaran la concesión del estacionamiento por no ejecutar las obras previstas originalmente.

Goranzky les recordó a los funcionarios y concejales que el acuerdo firmado por Arroyo “contraría el pliego de bases y condiciones de la licitación de las Unidades Turísticas Fiscales del Complejo Playa Grande (Ordenanza Nº 19910) y los principios generales de las contrataciones del Estado (Cap. II, IV y V Ley Orgánica de las Municipalidades)”.

El concesionario menciona en la nota que, “dado lo ilegal de la situación expuesta, que se traduce en la comisión de ilícitos que están en curso de ejecución”, dio instrucciones a sus asesores legales “para que se formule la correspondiente denuncia penal, a cuyo efecto se han contratado los servicios del Estudio Jurídico Sivo-Reutemann”.

Por último, Goransky dice haber “tomado conocimiento” de “reuniones cotidianas entre los representantes de Playa Azul y funcionarios del Ejecutivo local (en la secretaria privada del municipio)”, cuando la única opción que cabía con esa empresa era “decretar la caducidad que correspondía”.