Panorama político nacional de los últimos siete días
Por Jorge Raventos
El gobierno de Javier Milei sufrió el jueves 10 de julio una derrota por goleada en la Cámara de Senadores. Durante esa jornada, fueron aprobados en el recinto: dos proyectos de ley impulsados por los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, que plantean una nueva distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustible, el aumento de los haberes jubilatorios en un 7,2 por ciento, la elevación del bono destinado a las jubilaciones mínimas de 70.000 a 110.000 pesos y una extensión de dos años de la llamada moratoria previsional; además, el Senado votó la declaración de emergencia en discapacidad y rechazó el veto presidencial a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, que dispone la creación de un fondo especial para asistir a esa ciudad que cuatro meses atrás fue afectada por gravísimas inundaciones. Todas, resoluciones rechazadas y resistidas por el oficialismo.
Lo que ocurrió ese jueves fue, en rigor, el colofón provisorio y previsible de un proceso que venía discurriendo durante, al menos, las últimas semanas. El gobierno no podía sentirse sorprendido cuando ya venía registrando datos preocupantes en distintos frentes y había sido directamente informado de otros, como la inquietud de las provincias.
En la Cámara de Diputados se amuchaban bloques peronistas y de otros sectores no oficialistas para aprobar dos reclamos: el emplazamiento a las autoridades de la comisión de Presupuesto manejada por los libertarios a tratar un aumento del financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría disparada por la crisis del Hospital Garrahan. En el Senado, entretanto, otra aglomeración multicolor (con integración de peronistas de diferentes líneas, radicales, macristas y provinciales) reunió con número suficiente la Comisión de Presupuesto y Hacienda que el bloque libertario se negaba a abrir. Los libertarios procuraban evitar o dilatar el avance en el Senado de los proyectos para aumentar las jubilaciones y restituir la moratoria previsional, que ya contaban con aprobación de Diputados y podían obtener sanción definitiva si el Senado las aprobaba.
Lo que se notaba con transparencia era que las iniciativas rechazadas por el oficialismo recibían ahora apoyos más amplios que en ocasiones anteriores y sumaban respaldos de legisladores que antes, por acción u omisión, se habían movido junto el gobierno.
Mandriles en la niebla
El miércoles 9 de julio, alegando las complicaciones que creaba la niebla de esa mañana, el presidente Javier Milei canceló su vuelo a San Miguel de Tucumán y su participación en los festejos del 209° aniversario de la Independencia.
Pese al fenómeno meteorológico, la vicepresidenta Victoria Villarruel viajó a Tucumán. “Estoy muy feliz de estar acá –dijo, al llegar – Me siento en casa en Tucumán”.
Por cierto, el verdadero motivo de Milei para no estar presente no era la niebla, sino la confirmación de que la mayoría de los gobernadores – conectados por un chat que los reúne- había decidido no encontrarse con él en los festejos. Ellos también tenían excusas: en sus provincias obviamente se celebra el Día de la Independencia y consideraban importante compartir el momento con sus paisanos. Por otra parte, no estaban comprometidos por una invitación formal: la Presidencia sólo les había girado un mail informativo.
En rigor, la toma de distancia en la que coincidieron uno y otros tenía otras motivaciones. Los gobernadores se sienten financiera y políticamente destratados por el gobierno central, que se tomó un año para reunir precariamente el Consejo de Mayo que en julio de 2024 anunció como un ámbito destinado a alcanzar acuerdos y anudar consensos. Sometidos por la Casa Rosada a un parco goteo de recursos y embestidos, simultáneamente, por delegados políticos del mileísmo convertidos en competidores y opositores en el plano local, los jefes provinciales definieron en los dos últimos meses una contraofensiva conjunta: unidos, reclamarían recursos que entienden les corresponden y dejarían claramente establecido que esa exigencia en modo alguno conspira contra el equilibrio fiscal (una bandera que Milei enarbola y que ellos comparten y aplican en sus distritos). En paralelo, permitirían que se note, a través de la acción de diputados y senadores nacionales sobre los que tienen influencia, que las provincias van a priorizar su propia agenda nacional. Empezaron por redactar en el Consejo Federal de Inversiones un proyecto de ley dirigido a coparticipar los aportes del Tesoro nacional (los famosos ATN) y a distribuir provincialmente el ingreso impositivo por combustibles. Con el texto listo, alentaron a sus legisladores a debatirlo y sancionarlo cuanto antes.
La última semana señalábamos en este espacio que el oficialismo debatía internamente “si hay que priorizar en todos los territorios la formación de la fuerza propia o si más bien conviene llegar acuerdos con aquellos gobernadores que hasta ahora demostraron buena voluntad para acompañar al gobierno nacional” y mencionábamos al asesor Santiago Caputo como partidario de la segunda postura y a “Karina Milei, escoltada por Eduardo Lule Menem y por Martín Menem” como la interesada “en priorizar el partido”. Por los resultados, se deduce que se impuso la línea de Karina.
Desparramados, qué hacemos
Cuando los gobernadores abrieron las gateras todos los bloques no oficialistas del Congreso, que venían actualizando con entusiasmo su propia agenda, vieron llegar la hora de una arremetida: en principio, arrancarían de la inmovilidad los debates sobre jubilaciones y sobre emergencia en discapacidad, cajoneados sine die en comisiones legislativas encabezadas por libertarios.
Así, se dispuso el escenario de una prueba de fuerzas que se expresó primero en el ausentismo en Tucumán, de inmediato en un ataque de furia presidencial evacuado a través de micrófonos amigos y, de otro lado, en la sesión del Senado del jueves (presidida por Victoria Villarruel), que decidió avanzar con los proyectos que irritaban a la Casa Rosada.
Como era también previsible, Milei anunció que vetará las leyes aprobadas y, si descubre que ha perdido capacidad para sostener sus vetos, las judicializará.
El gobierno parece dispuesto a librar una pelea a campo abierto tanto con quienes le plantean una oposición sistemática como con quienes lo respaldan parcialmente pero objetan algunas de sus iniciativas o se diferencian de su forma a menudo áspera de expresarlas. No ha atendido las advertencias de quienes le aconsejan que no rompa lanzas con aquellos que no suponen peligros para el gobierno y que seguramente necesitará en la segunda mitad de su mandato.
“Los espero en diciembre”, desafía el Presidente, dando por sentado que entonces –después de las elecciones y una vez que se hayan conformado los nuevos bloques parlamentarios- La Libertad Avanza alcanzará una potencia temible.
Milei lee encuestas y estas, aunque empiezan a registrar signos negativos sobre la economía y la gestión, le prometen una fácil victoria ante una oposición que hoy se coaliga en el Congreso pero no supera la dispersión y la ausencia de líderes y estrategias plausibles.
Sin embargo, ni siquiera la victoria más rotunda dotaría al gobierno de autonomía parlamentaria; seguirá necesitando aliados si quiere hacer aprobar sus leyes.
Por otra parte, una política de ruptura con fuerzas potencialmente amigas o cooperativas puede depararle un resultado paradójico: podría llegar a tener más diputados y senadores de su fuerza violeta, pero podría perder paralelamente muchos votos legislativos que durante este año actuaron como aliados objetivos del gobierno, generando un desplazamiento hacia la oposición.
La incondicionalidad, que puede ser una virtud en la disciplina castrense, otorga a los jefes cuotas de eficacia temporaria que los ilusionan, pero en política termina garantizando cápsulas de aislamiento y, en definitiva, de ingobernabilidad.
¿Y la gobernabilidad?
Milei prefiere la guerra a la negociación, pero no es un jefe miltar; le guste o le disguste, es un político. ¿Tiene sentido que ofenda livianamente a aquellos con los que está obligado a interactuar y colaborar? ¿Tiene sentido (¿le suma o le resta?) comandar una cruzada de sus seguidores hasta contra la vicepresidenta y llamar “traidora” quien fue su compañera de fórmula y ahora hace esfuerzos por compatibilizar los objetivos del gobierno con el cumplimiento legal de su función? ¿Tiene sentido impulsar una campaña, a veces personalizada, a menudo indiscriminada, ofensiva y generalizada contra “los periodistas”?¿Tiene sentido alentar a grupos que llaman a “dinamitar todo el Congreso, con diputados y senadores adentro” ?
A veces da la impresión de que Milei prefiere recortarse como jefe de una facción (así sea una facción numerosa) que como constructor de una amplia, diversa y plural fuerza mayoritaria que, a partir de los puntos fuertes del programa que puso en movimiento, trabaje por la unión nacional. Esta sería, probablemente, la mejor manera de buscar el triunfo y fortalecer la gobernabilidad.