Polémica en San Martín de los Andes por las tarifas y la licitación del Cerro Chapelco
La nueva administración eliminó beneficios e incrementó el valor del pase diario con una tarifa por encima del Cerro Catedral, que es el doble de grande y mantuvo sus precios congelados.
La temporada invernal en San Martín de los Andes comenzó envuelta en una fuerte controversia tras el traspaso de la concesión del Cerro Chapelco, motor económico y turístico de la ciudad, que cambió de manos a solo diez días de su apertura, en medio de impugnaciones, reclamos judiciales y un creciente malestar entre vecinos y sectores vinculados al esquí.
El 24 de junio, la provincia de Neuquén adjudicó por 25 años la explotación del centro de esquí a Transportes Don Otto SA, del Grupo Trappa -propietario también del Cerro Catedral en Bariloche y de La Hoya en Chubut-, luego de una licitación pública internacional cuestionada por su demora y por las restricciones impuestas al histórico Club Lacar, que durante 65 años dictó clases a turistas y ahora tiene prohibido hacerlo.
La nueva administración eliminó beneficios como pases gratuitos para personas con discapacidad y mayores de 70 años, abonos de temporada para residentes y pases de medio día. El pase diario quedó unificado en $120.000, por encima incluso de la tarifa del Cerro Catedral ($115.000), que es el doble de grande y mantuvo sus precios congelados por decisión municipal.
“Las reglas del juego cambiaron cuando el partido ya había empezado”, afirmó Enrique Bartolomé, presidente del Club Lacar, cuyo amparo judicial para seguir dictando clases fue rechazado. Para Claudia Vega Olmos, referente local de esquí adaptado, la medida significa “un retroceso de 25 años en inclusión” y perjudica a quienes más lo necesitan.
Una petición en Change.org ya reúne 13.993 firmas -casi el 40% de la población local- para revertir las nuevas políticas tarifarias, que, según su impulsor Ignacio Rebollo, “no favorecen al turismo interno ni a la economía de San Martín”. Desde el Ente Sanmartinense de Turismo, su titular Alejandro Apaolaza pidió restituir beneficios, mientras que el ministro provincial de Turismo, Gustavo Fernández Capiet, defendió el derecho del concesionario a fijar precios.
En el sector turístico crecen las sospechas de que la licitación estuvo diseñada para favorecer al Grupo Trappa.
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