En medio de la especulación por el cierre de acuerdos electorales y las candidaturas para los comicios de este año, por lo bajo está cobrando cada vez más fuerza una polémica por una serie de cambios que el Gobierno nacional busca implementar en las próximas elecciones. Los cuestionamientos apuntan a la quita de transparencia y a la posibilidad de fraude que generarían estas modificaciones y el peronismo está dispuesto a judicializar su rechazo por considerarlas inconstitucionales.

Oficialmente, la intención del Ejecutivo nacional pasa por agilizar el proceso electoral en general y el recuento de votos en particular.

Para ello, con el aval del presidente Mauricio Macri, el Gobierno busca aplicar dos grandes cambios en las próximas elecciones, que se implementarían tanto en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto como en las generales, previstas para el 27 de octubre en el calendario electoral y en un eventual balotaje entre las fuerzas mayoritarias.

Tres decretos

El primero de los cambios que de inmediato despertó fuertes dudas en la oposición trascendió a partir de tres Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Mauricio Macri y que apunta a que los argentinos que viven en el exterior, las personas privadas de su libertad y los integrantes de todas las fuerzas de seguridad emitan su voto una semana antes de la fecha de los comicios y ya no más en forma presencial, sino por correspondencia (ver aparte).

El segundo cambio en el proceso, conlleva que cada escuela en donde la población concurra a votar se convierta en un centro de transmisión de datos para así poder agilizar los tiempos y homogeneizar la carga de los resultados en todo el territorio argentino.

El Gobierno ya presentó estas propuestas ante las autoridades de la Justicia Electoral y todavía debe comunicarle el proyecto a los demás partidos políticos que participarán del proceso. Sin embargo, la polémica ya se desató y va camino a judicializarse.

Los cambios

Ahora bien, ¿qué cambiaría con esto? Ocurre que hasta la última elección (las legislativas del 2017), una vez finalizados los comicios las autoridades de cada mesa dispuesta en los lugares de votación debían contar los votos y confeccionar un acta.

Cada uno de esos documentos eran transportados en vehículos hasta los denominados centros de transmisión electoral, alrededor de 400 locales del Correo Argentino donde los telegramas eran escaneados y las imágenes se enviaban finalmente a un centro de cómputos para contabilizar los votos y completar el escrutinio que determina el resultado de la elección.

De avanzar la intención del Gobierno, todo este proceso se acortaría a partir de la digitalización parcial y cada escuela funcionaría como un centro de transmisión de esos datos. Pero claro, los cuestionamientos sobre este punto surgen principalmente por la posible pérdida de transparencia pero esconden otra controversia: la empresa presuntamente afín al macrismo que el Gobierno contrató para brindar el software necesario para trasmitir esos datos, una multinacional envuelta en escándalos internacionales por supuesta manipulación de los votos.

Transparencia en riesgo

La transmisión de datos del escrutinio provisorio, una millonaria licitación que el Correo Argentino adjudicó a fines del año pasado a la empresa multinacional SmartMatic, constituye uno de los principales cuestionamientos de la oposición bajo el argumento de que el proceso electoral ganaría agilidad, pero perdería transparencia.

“Lo vemos como una avanzada de una posibilidad de que no quede en claro a quién elige la gente”, resumió en diálogo con LA CAPITAL el diputado provincial Rodolfo Iriart, quien expuso en el congreso nacional del Partido Justicialista realizado semanas atrás en el estadio de Ferro justamente sobre este tema, una de las principales cuestiones planteadas en el encuentro y rechazadas por unanimidad.

“Lo que harían es eliminar el telegrama, no solo el certificado de escrutinio final sino el de arranque de mesa. Y esto es muy grave porque esos certificados son los que permiten ver en un recuento definitivo fehacientemente cómo fue la votación”, dijo Iriart.

Seguido, el legislador marplatense señaló también que “hay un gran problema con la empresa que han contratado para hacer la transmisión de datos: es la misma que los aliados de Macri critican porque se usó en Venezuela con Nicolás Maduro, pero es afín a Cambiemos. También ha tenido grandes problemas en Europa, se la acusa de haber manipulado los datos. Por eso está la presión para que no haya certificado de escrutinio, ese es el tema, no poder constatar la veracidad de los datos, es decir, los votos de la ciudadanía”.

La empresa

La empresa SmartMatic, contratada por el Estado, suministrará el software para la transmisión de datos desde los colegios hacia el centro de cómputos, algo con lo que el peronismo está fuertemente en desacuerdo porque implicaría la eliminación de los telegramas y mermaría la rigurosidad que requiere el recuento de votos.

Dicha adjudicación, según publicó recientemente el diario La Nación, le costará 1,2 millón de dólares al Estado nacional.

En su sitio web, la multinacional SmartMatic se autodefine como “la compañía de voto electrónico”. Ha brindado asistencia en elecciones en Venezuela, Alemania, Bélgica, Italia, Armenia, Omán, Chile, Londres, Los Angeles y Utah, entre otros lugares.

En el PJ desconfían de los vínculos entre el macrismo y SmartMatic. “En muchos de los países donde se contrataron los servicios de esta empresa ha habido escandalosos cuestionamientos por la manipulación de los datos“, advirtió el diputado Iriart a raíz de lo planteado en el reciente congreso partidario.

“Lo vamos a judicializar”

Autoridades del Partido Justicialista adelantaron a LA CAPITAL que están dispuestos a llevar a la Justicia su rechazo a los cambios que promueve el Ejecutivo nacional para las próximas elecciones, no solo por estar en desacuerdo sino por considerar que la maniobra sería inconstitucional.

“No pasó por el Congreso”, afirman molestos desde este sector de la oposición y advierten que las modificaciones vulneran el Código Electoral ya que “tiene que ver con una cuestión legislativa; no con la potestad del Ejecutivo”.

Es que los cambios fueron anunciados a través de tres decretos firmados por el Presidente de la Nación y no a través de proyectos de ley enviados al Congreso para evaluar modificaciones en el sistema electoral. “Lo vamos a judicializar”, confirmaron.

El apoderado del PJ a nivel nacional, Daniel Landeau, pidió la autorización del Congreso nacional partidario para llevar el tema a la Justicia. “Hemos hecho los reclamos administrativos y es indispensable que este congreso se pronuncie rechazando los decretos y delegando en los apoderados del Partido Justicialista a accionar en consecuencia”, manifestó en el encuentro de la semana pasada. Fue respaldado por unanimidad y ahora se espera que avance en la presentación.

En tanto, desde el Partido Justicialista de Mar del Plata señalaron que “la Constitución exige una mayoría especial para poder modificar estas leyes” y además advirtieron: “Si permitimos que avancen con estas maniobras nos encontraríamos en un estado de indefensión y podríamos encaminarnos a un fraude”.

Votos no fiscalizados

Los decretos del presidente Mauricio Macri modifican principalmente los plazos y la forma de votación de los argentinos que viven en el exterior, los agentes de las fuerzas de seguridad y las personas que se encuentran privadas de su libertad en unidades carcelarias.

Entre estas tres poblaciones se calcula que hay alrededor de 700.000 mil personas en condiciones de votar, pero la polémica en torno a estos cambios pasa por la eventual pérdida de transparencia ante la escasa posibilidad de controlar los votos, que no serían fiscalizados.

“Esto va a afectar a un grupo muy grande de unas 700 mil personas de todo el país, para que voten por correspondencia”, manifestó el diputado provincial Rodolfo Iriart.

En cuanto a los privados de su libertad, entre quienes se calcula que hay unas 130.000 personas en condiciones de votar, el PJ entiende que “no hay razón para que voten por carta”, pero la cuestión central es que “de esta manera no hay fiscales de mesa ni autoridades partidarias”, lo que “hace imposible poder constatar a quién se elige”.

El argumento empleado para que los integrantes de las fuerzas de seguridad sufraguen por carta es que tienen de estar en movimiento de un lugar a otro.

Pero “así como figura en el decreto no hay posibilidad de ejercer control y el proceso pierde legitimidad”, dijo una fuente del peronismo consultada por este medio.

En cuanto a los 360 mil argentinos que residen en el exterior, votarían una semana antes y por carta, aunque “sin fiscales partidarios” y por ende “sin posibilidad de constatar los datos”, cuestionaron las autoridades del PJ local.