La actualización del protocolo de aborto no punible aprobada por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, generó una crisis interna en el Gobierno nacional que derivó primero en la revocatoria de esa resolución y luego en el pedido de renuncia del funcionario departe de la Jefatura de Gabinete.

En el día de hoy el Boletín Oficial publicó la resolución 3158/2019 en la que se destaca que “promover el derecho que tienen mujeres, niñas, adolescentes y toda persona con capacidad de llevar adelante una gestación y/o de acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando éste se encuadre en las causales previstas por el sistema normativo del país, se encuentra entre las principales acciones implementadas por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR), ahora Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, para alcanzar los objetivos establecidos en su ley de creación (25.673)”.

También sostiene el texto que la interrupción del embarazo “debe ser brindada bajo los mismos parámetros que otros componentes del servicio de salud, es decir, respetando los estándares de calidad, accesibilidad, confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada”.

Una de las partes más radicales de la resolución señala que “la actualización del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo está diseñada en base a la comprensión fundamental de que todo el personal del efector de salud (incluyendo el administrativo y de seguridad) es responsable de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo cuando éste ponga en riesgo la vida o la salud de la persona embarazada o cuando sea producto de una violación”.

Los argumentos del gobierno para rechazar la resolución parten de la idea de que Rubinstein no consultó con el Minsterio de Desarrollo Social, cartera dirigida por Carolina Stanley y de la cual depende la secretariía de Salud.

“En la actualidad el aborto en Argentina no es considerado delito cuando se solicite la práctica para evitar un peligro para la vida o la salud de la persona embarazada, o cuando el embarazo sea producto de una violación, según establece el artículo 86° del Código Penal!”, menciona la resolución.