La medida de fuerza de los trabajadores municipales por la falta de acuerdo paritario parece estar entorpeciendo el funcionamiento de otros ámbitos sensibles como el judicial y, sobre todo, el relacionado a denuncias por casos de violencia de género y familiares.

Así lo advirtió este jueves la jueza de familia Clara Alejandra Obligado, quien, en diálogo con Lu6, describió cómo se desarrollaron las últimas horas de su labor sin la colaboración de los efectores municipales.

“En la madrugada y en la tarde de ayer tuvimos un turno en Violencia familiar y en Niñez muy complejo, y la verdad que esta madrugada fue de una soledad absoluta”, sentenció la magistrada, que trabaja en conjunto con el área comunal. Según señaló, “desde las 23 hasta las 7, hubo un llamado tras otro respecto a internaciones por violencia familiar o por incumplimientos a perimetrales”.

De todas maneras, uno de los casos que más la “conmovió” fue el de una mujer que se encontró “deambulando trastornada y alcoholizada por la ciudad con un bebé de seis meses” cerca de las dos de la mañana y ante la falta de comunicación con algún departamento comunal, el traslado a algún centro de asistencia u hogar se vio obstaculizado.

“Quiero que se sepa y que las autoridades tomen cartas en el asunto. Hay servicios en lo que debe haber guardias efectivas, porque una mujer en ese estado no puede estar deambulando con un bebé”, sentenció.

Y agregó: “¿Dónde debe quedar el bebé? Ni en el Juzgado, ni en la comisaría, sino en el Estado, a través de una ley que ampara (al niño) cuando los papás no pueden cuidarlo. Es la ley N°3298 que dice que todo niño, niña y adolescente deberá ser contenido por el Estado a través de, por ejemplo, sus hogares”.

En este sentido, Obligado aseguró que los agentes policiales actuaron como correspondía. “Preguntaron (a la guardia en el Juzgado) qué hacer con el niño, y el protocolo es llamar al 102 para que efectores municipales asistan al menor frente a la imposibilidad de la madre”

“Lo primero que hicimos fue conectarnos con Niñez, que no respondía, y así ninguno de los teléfono gratuitos municipales o nuestros contactos. La policía tuvo que irse directamente con el niño hasta un hogar, donde les dijeron directamente que hacían ‘un huequito’, algo totalmente fuera de la ley porque no se deben tomar esas medidas de protección, el que debe hacerlo es el Estado municipal”, agregó.

Pese a que la mujer no estaba en condiciones de aportar sus datos, una oficial -de apellido Martínez- logró dar con un tío del bebé, que se acercó al lugar y pudo contenerlo.

En este sentido, la jueza volvió a reclamar por “guardias mínimas” en departamentos que asistan casos “complejos”. “En Violencia familiar tenemos causas muy graves, ayer entraron causas de preocupación con mucha violencia psicológica y económica también”, señaló y aseguró que esta situación se da en el marco de un faltante de botones antipánico. “Tenemos una lista de espera negra o de muerte de 50 personas”, agregó.