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La Ciudad 23 de mayo de 2020

Por la pesca ilegal, Argentina sufre al año una pérdida de U$S 1.400 millones

Fuerte denuncia del diputado nacional marplatense Juan Aicega. Junto a dos legisladores patagónicos, reclama al gobierno información sobre las sanciones aplicadas ante un centenar de ingresos ilegales de buques pesqueros a la Zona Económica Exclusiva, producidos en el último tiempo.  

Por la pesca ilegal y la no declaración de la mercadería obtenida con ella, la Argentina sufre por año una pérdida de recaudación de 1.400 millones de dólares.

Se lo asegura en los fundamentos de un pedido de informes al gobierno que ha presentado el diputado nacional marplatense Juan Aicega (Juntos por el Cambio), junto a dos diputados patagónicos, Francisco Sánchez (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut), y en el que se reclama que el Ejecutivo dé cuenta de las capturas realizadas por naves extranjeras y las sanciones que se le aplicaron.

Los legisladores basan su preocupación en recientes denuncias por “más de 100 ingresos ilegales de buques pesqueros a la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina” con una consecuencia de “daños biológicos y económicos calculados en 2500 millones de dólares” y “pérdidas por mercadería no declarada que pueden representar alrededor de US$ 1.400 millones anuales en la comercialización final de esos productos”, además de “pérdidas de puestos de trabajo ya que las capturas ilegales se distribuyen en los mismos mercados donde comercializa legalmente la Argentina” e implica “competencia desleal”.

La resolución

La presentación incluye nueve requerimientos puntuales:

1- Cantidad de buques capturados pescando en infracción en el corriente año, por nacionalidad y por autoridad que efectuó la captura.

2- Cantidad de procesos administrativos y causas judiciales iniciadas por las infracciones.

3- Cantidad de procesos administrativos y causas judiciales concluidas.

4- Monto total percibido por el Estado en concepto de multas por infracciones.

5- Producto total de la venta de producción extraída, artes de pesca y buques decomisados.

6- Estrategia llevada adelante por la Argentina para prevenir infracciones.

7- Costo estimado para las FFAA y de Seguridad por la captura y escolta de un buque detectado en infracción en el límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

8- Cantidad de buques y aeronaves desplegados en aguas nacionales e internacionales para garantizar el cumplimiento del Régimen Federal de Pesca.

9- Composición prevista para 2020 del Fondo Nacional Pesquero y porcentaje destinado a financiar equipamientos y tareas de patrullaje y control policial de la actividad pesquera.

Los diputados nacionales enrolados en la oposición contrastan los datos impactantes sobre depredación pesquera e ilegalidad con “las insignificantes sanciones que enfrentan los buques capturados en infracción al Régimen Federal Pesquero”.

Además señalan la “explotación no reglamentada de los recursos pesqueros en las áreas adyacentes” (la llamada “Milla 201”) a la ZEE de los estados ribereños de la región” y puntualiza que “la incursión de flotas extranjeras ha excedido todo límite concebible e implica un riesgo real e inminente de depredación de las especies y el colapso de la biodiversidad en el área”.

“Biodiversidad casi colapsada”

“La incursión de flotas extranjeras ha excedido todo límite concebible e implica un riesgo real e inminente de depredación de las especies y el colapso de la biodiversidad en el área”, afirman Aicega, Sánehez y Torres, y denuncian también que “los barcos que realizan los ingresos ilegales tienen sus sistemas de identificación automática (AIS) apagados, lo cual atenta contra la seguridad nacional”.

Según la ley de Pesca, argumentan, el 20% del “Fondo Nacional Pesquero” debe asignarse a equipamiento y tareas de patrullaje y control policial de la actividad”, pero según apuntan las sanciones quedaron desactualizada, por lo que destacan “el coraje y dedicación con el que las FFAA y de seguridad se dedican a proteger los intereses vitales”, que merecerían el respaldo de “una adecuada coordinación interinstitucional, sumada a una política clara de protección de nuestros recursos”.