El presidente de la comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, Marcelo Fernández, aseguró este jueves que el gobierno de Carlos Arroyo “no reconoce” el problema del predio de disposición final de residuos, que se empieza a asimilar a la época “en que se incendiaba”.

“El gobierno no reconoce el problema. No acepta que está mal” la situación, dijo Fernández a LA CAPITAL en respuesta a las declaraciones que el miércoles formuló el presidente del Ente de Servicios Urbanos (Emsur), Eduardo Leitao, para quien “la capacidad del predio no va a tener ningún problema”.

“Hemos tratado de ser lo más colaboradores posibles, entendiendo que el problema nos compete a todos. Pero acá hay un solo camino, que es ampliar el centro de disposición final. Lo demás son parches que se están haciendo”, afirmó el concejal.

Fernández admitió que no estuvo en el basural de la década del noventa o los primeros años de la del 2000, “cuando el predio se incendiaba”, pero permitió imaginarse que “la imagen que tiene hoy es similar a la de esa época”. “Si no aceptan que tienen el problema, que durante todo 2017 no se generó un centavo para avanzar en la licitación necesaria, estamos en problemas”, lanzó Fernández, y recordó que el pliego para licitar la ampliación, operación y mantenimiento del predio “está en el Concejo Deliberante desde hace un año”.

Concretamente, el expediente fue presentado en enero de 2017. Sin embargo, Fernández puntualizó que “la carátula de inicio es de enero de 2016”, por lo que “ya van a ser casi dos años” desde que fue preparado. “O es un proceso licitatorio pensado con mucha anticipación o se les pasó el tiempo y no hicieron nada. Me inclino por la segunda opción: no le dieron la importancia que realmente tiene el problema”, disparó.

El edil mencionó la existencia de un informe del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) –al que por el momento sólo pudo acceder por canales extraoficiales– que define la situación como “crítica” e insta al municipio “a tomar las medidas que correspondan” (según palabras del propio Fernández).

“Desde junio en adelante no hay dudas de que la basura la estuvieron disponiendo en los lugares que no eran los acondicionados, con el daño que ocasionan los lixiviados, el vuelo de la basura, los gases…”, enumeró el concejal.

“Es verdad que hay máquinas trabajando, pero también es verdad que las paredes no están impermeabilizadas”, añadió. Y enseguida apuntó: “Cuando uno habla de situación crítica, y la OPDS también lo hace, se refiere a todo eso”.

Consultado sobre si la situación del predio era “crítica”, Leitao había respondido el miércoles, en declaraciones a LU6 Radio Atlántica, que le gustaría saber “qué alcance tiene” esa palabra y “a qué se refiere específicamente”.
También reconoció que el municipio no pudo percibir una partida prometida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de “17 millones de pesos” para acondicionar el playón de descargas del predio y financiar un plan de inclusión social de los recuperadores informales que trabajan en el lugar.

Luego de que el presidente del Emsur dijera desconocer los motivos por los cuales el BID “desistió” de hacer ese aporte, Fernández indicó: “Lo único que hicieron fue sostener a la gente que estaba trabajando en el área social dentro de un programa que no ejecuta nada, que no hace nada. Los ingenieros, las psicólogas, las asistentes sociales todavía están y siguen percibiendo el sueldo mes a mes. No se puede decir que ese grupo esté cumpliendo las funciones para el que fue creado”.

Así, el concejal explicó la falta de apoyo del BID. “Hay chicos en el centro de disposición final y se van a ver más después de que terminen las clases”, agregó.

También tomó sin expectativas el anticipo de Leitao de que la partida que no llegó por medio del BID se tratará de incluir en el proyecto de presupuesto 2018. “Los 15 o 20 millones que pongan en el presupuesto va a ser para lo que deberían haber hecho este año. Va a ser irremediablemente tarde”, cuestionó.