El Consejo Local de Niñez de General Pueyrredon advirtió que no están dadas las condiciones de infraestructura para la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, con el cual se bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La norma comenzó a regir este mes y hasta el momento se mantiene vigente en Mar del Plata, a pesar de que la jueza Marta Pascual suspendió su aplicación en territorio bonaerense por 60 días.

En concreto, la reforma amplía la cantidad de adolescentes que podrán ser sometidos a un proceso penal. Sin embargo, a su vez, no hubo un crecimiento equivalente de la estructura destinada a trabajar con ellos una vez que interviene la Justicia.

“Hace mucho que venimos planteando esta preocupación por los pibes y las pibas. No se hizo ninguna reforma edilicia luego de ser aprobada la ley. Nadie se preguntó en qué condiciones son alojados”, aseguró María Elena Castro, trabajadora del Centro Cerrado de Menores de Batán e integrante del Consejo Local de Niñez, en diálogo con LA CAPITAL.

Castro explicó que el lugar tiene capacidad para 24 personas y hoy tiene el cupo completo. Si un juez decide la derivación de otro joven, no están dadas las condiciones para que permanezca en forma digna en el Centro Cerrado de Menores.

“En el Centro el cupo ya está completo con los pibes de 16 años. Eso quiere decir que si ingresa alguien de 14 años, tiene que dormir en el piso, en un espacio de recreación y no en un alojamiento adecuado, que debería contar con un baño y una cama para cumplir con los derechos básicos”, resaltó la trabajadora.

Castro también alertó sobre los problemas que se pueden generar no solo por la sobrepoblación, sino por la convivencia de jóvenes de 14, 16 y hasta 20 años en el lugar. Esto genera, además, una sobrecarga en los trabajadores.

Frente a esta situación, la trabajadora reveló que la Provincia analiza como alternativa que se trasladen menores a La Plata para evitar la sobrepoblación, aunque ello no está confirmado.

“La erradicación de la inseguridad no es aprehender a niños de 14 años. Se deberían implementar políticas públicas, con apertura de clubes de barrio y de sociedades de fomento para que los pibes estén contenidos. Pero estas instituciones hoy están vaciadas”, sentenció Castro.

En el plano legal, María de los Ángeles Lorenzo, ex fiscal que forma parte del Consejo Local de Niñez, sostuvo que
la baja en la edad de imputabilidad “violenta” tratados internacionales como la Convención Sobre los Derechos del Niño.

“Pedimos que se garanticen los derechos de los chicos. Hoy no se investiga dónde están las redes de facilitación de armas, de drogas y su distribución en los barrios. El Poder Judicial debería preocuparse más por los mayores que organizan las redes delictivas y utilizan a menores”, expresó Lorenzo.

En este contexto, el Consejo Local de Niñez resolvió elevar una nota al intendente Agustín Neme y al secretario de Desarrollo Social, Guillermo Schutrümpf, para analizar la situación. Hasta el momento, no hubo respuestas.