Blas Taladrid, el titular de la UCIP, advirtió que hay una “ausencia del Estado en toda su dimensión” ante esta práctica. Por eso, exigió más controles en busca de ordenar el espacio público.
La Unión del Comercio y la Industria de Mar del Plata (UCIP) advirtió que hay un incremento en la venta ambulante y exigió más controles no solo para garantizar un mejor ordenamiento del espacio público, sino también para evitar una “competencia desleal”.
Lentes a $3.000, tres pares de medias a $2.000 o acolchados por menos de $30.000, además de juguetes, riñoneras, golosinas y diversas prendas de ropa son algunos de los varios artículos que se ofrecen en los puestos fijos de las diversas arterias comerciales de la ciudad. Luro e Independencia, la calle San Juan, la Rambla y la Peatonal San Martín suelen ser las zonas predilectas.
“La venta ambulante es la ausencia del Estado en toda su dimensión. Es el uso del espacio público en beneficio de un privado sin ningún tipo de contraprestación ni autorización ni nada por el estilo. Hay falta de control y de ordenamiento en la ciudad”, aseguró Blas Taladrid, el titular de la UCIP, a LA CAPITAL.
El empresario alertó que hay un empeoramiento de la situación social. Esto delata una “falta de política de contención” hacia quienes recurren a la venta ambulante, que son “víctimas” de sus necesidades.
“Se ve una proliferación de esta actividad, sobre todo en el último año, aunque es un problema que lleva cerca de cuatro décadas. Esto se percibe en plaza Rocha, que es la insignia de esta práctica. O también en la Peatonal, la Bristol o Luro. El Estado en todos sus niveles debe solucionar esto”, consideró Taladrid.
El titular de la UCIP indicó que esta actividad genera una “competencia desleal” con los comerciantes que se encuentran en las inmediaciones de los puestos improvisados de venta. No solo por la gran diferencia en los precios de los artículos, sino porque para disponer de un local se deben abonar “gran cantidad de impuestos y servicios públicos”.
Taladrid diferenció en este sentido a lo que sería la economía social o popular. Es decir, feriantes o artesanos que “elaboran el producto” y sin capacidad para “competir” –tan solo salen a trabajar algunos días de la semana–, de aquellos puestos fijos de “supuestos vendedores ambulantes” que ocupan el espacio público “en beneficio propio”.
“El vendedor ambulante también es el vendedor de helado o de churros en la playa. O un artesano que hace un sahumerio, un anillo con una moneda o que hace tejidos. Son personas que su único capital es el propio quehacer.
Diferente es el que está siempre instalado en un espacio que es de todos y lo usa en beneficio de un privado. Por eso es fundamental controlar la salubridad y el beneficio del conjunto”, remarcó.
La falta de control estatal –observó Taladrid– tiene múltiples aristas. Detrás de esos puestos de venta o de los “manteros”, hay “fraude laboral, evasión impositiva, falsificaciones, contrabando y artículos robados que se comercializan”.
“En general, siempre hay un tercero detrás que se aprovecha de las necesidades de la persona y de su trabajo. Que explota a la gente y ofrece productos que no son artesanales, que incluso pueden afectar la salud de los consumidores, como es el caso de los lentes o los alimentos”, expuso.
En la misma línea, Taladrid volvió a reclamar por la situación de Plaza Rocha, que desde hace tiempo viene generando malestar entre los vecinos de la zona. El cuestionamiento no apunta contra el Mercado de Pulgas ni a la Feria Verde, sino a la feria de los martes y viernes, que no tiene permisos municipales, por lo que no hay control sobre la gran cantidad de artículos que se venden.
A raíz de la actividad comercial informal, se acumula suciedad en el espacio público y en las propiedades de los vecinos frentistas. Incluso se han denunciado reiterados episodios de inseguridad, a lo que se agrega la venta de droga.
“En ese lugar la gente trabaja sin tener un baño, entonces muchos hacen sus necesidades en la misma plaza o en el hall de los edificios linderos”, apuntó Taladrid.
Estos hechos, por añadidura, disparan las alarmas debido al impacto en el valor de las propiedades linderas a la plaza Rocha, cuyo valor, según planteó Taladrid, se ha reducido notablemente.
“Si el comerciante es propietario, es un vecino que pierde la mitad del valor de mercado de su propiedad. Si vive ahí, es un comerciante que no puede salir a pasear muy tarde y que cierra antes su local por la inseguridad, algo que se viene repitiendo en el último tiempo. Por eso, el Estado debe tomar cartas en el asunto y controlar”, sentenció.
Tras diversos pedidos por parte de los comerciantes, la UCIP analiza elevar un petitorio al municipio para mejorar el control en el espacio público. De esta manera, la entidad busca que no haya competencia desleal, con más seguridad para los consumidores y los vecinos.