El uso de la tecnología, principalmente en materia de comunicación, se vinculó intrínsecamente con el crimen organizado, sobre todo casos de fraudes informáticos, una modalidad delictiva que ha crecido exponencialmente en los últimos años.

En Mar del Plata, la encargada de investigar estos casos es la Fiscalía N° 10, especializada en todo tipo de delitos económicos y, según estadísticas oficiales, las estafas y fraudes digitales representan el 50% de los casos que manejan.

Entre 2006 y 2017, en la Fiscalía N° 10, a cargo de los fiscales Javier Pizzo y David Bruna, ingresaron un promedio de 1460 casos por año. Sin embargo,  desde 2018 se evidenció una tendencia creciente que en los años 2020, 2021 y 2022 resultó exponencial, a tal punto que si se considera el promedio histórico de 1460 y se lo coteja con el registro de causas de 2021 (3752), se concluye que el aumento de casos en general registrados en la dependencia alcanza al 160%.

En un informe confeccionado recientemente por la Fiscalía N° 10, los especialistas concluyeron que el aumento de casos se debe a la cantidad de defraudaciones informáticas y estafas con herramientas digitales. Este aumento tuvo un impacto en las causas de la fiscalía y los delitos informáticos pasaron a representar el cerca del 50 %.

Entre el 1 de enero de 2022 y el 9 de septiembre de 2022 (252 días) se radicaron 474 defraudaciones informáticas y 84 defraudación por uso ilícito de tarjetas de compra, débito o crédito. A ellas deben agregarse la cantidad estimativa de estafas con herramientas digitales, lo que permite establecer una cifra en total de 11121 casos de fraudes digitales, lo que significa un promedio de 4.41 casos por día.

En lo que va del año, las estafas informáticas han ocasionado un perjuicio económico -denunciado- de $10.526.444,93 y U$D 3.933.

Pedido por una fiscalía especializada en delitos informáticos

En 2021, el fiscal Javier Pizzo solicitó formalmente a la Fiscalía General que creara una unidad especializada en investigar delitos informáticos.

En esa oportunidad, el fiscal advertía que los delitos informáticos tienen una dinámica compleja, con sospechosos ubicados en diferentes localidad y organizados para ejecutar las estafas. “Se necesita una perspectiva muy amplia para investigar y personas especializadas en la materia”, remarcó.

“Las características del cibercrimen plantean una realidad que ha tornado insuficientes las herramientas con que contamos, y requiere de la asignación de recursos humanos y de nuevas estrategias para darle respuesta”, plantearon los fiscales de la unidad de Delitos Económicos y agregaron: “Con el uso de las TIC se vinculan al crimen organizado y ocasionan gravísimos perjuicios económicos a las víctimas, afectando así el interés colectivo y generando conmoción social, lo que supone necesariamente la asignación de prioridad por parte del Ministerio Público Fiscal”.

Dificultades al investigar fraudes informáticos

Un aspecto que caracteriza a las investigaciones de fraudes informáticos es la conexión virtual o digital que se desarrolla sin barreras espaciales, por lo que los estafadores actúan en el anonimato y desde lugares distantes al lugar donde se encuentran las víctimas (provincias o países). Por ejemplo, en Mar del Plata numerosas víctimas han sido estafadas por personas que operaban desde la provincia de Córdoba, incluso desde cárceles.

Esto implica dificultades en el plano probatorio, y también en el plano jurídico a raíz de las cuestiones de competencias que se suscitan entre los distintos organismos judiciales.

Otra singularidad de las pesquisas, está dada en el plano temporal, dado que el dinero estafado es desviado  rápidamente a cuentas bancarias o de empresas de origen digital que brindan servicios financieros. Por esa razón, la
verificación de los extremos del delito mediante la previa y correspondiente colección de información, debe efectuarse a la mayor brevedad posible a los fines del seguimiento de las rutas del dinero y eventuales bloqueos, o embargos de cuentas.

“En definitiva, la cantidad y complejidad de los delitos informáticos, imponen la necesidad de aumentar la capacidad de respuesta del Ministerio Público, ya que mas allá de defraudaciones y estafas cuyas competencia corresponden a esta Fiscalía, deben considerarse los delitos de extorsión mediante el uso de tecnologías informáticas y los delitos de amenazas, grooming y distribución de imágenes de abuso sexual infantil”, concluyeron los fiscales al solicitar la unidad especializada en delitos informáticos.