“Va a haber sanciones para todos”, anunció el intendente Carlos Arroyo, casi como un remedo a la ex presidenta Cristina Fernández. Lo dijo este miércoles antes de elevar al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para profundizar las sanciones contra los choferes de Uber, los dueños de los vehículos y la propia empresa.

La iniciativa, que se conoce un día después de una reunión de Arroyo con taxistas, propone modificar los primeros tres artículos de la ordenanza 13613, que regula el transporte de personas. De aprobarse, la sola prestación de un servicio sin habilitación municipal dará lugar al secuestro del vehículo y, para su conductor, la imposición de una multa graduable entre 10 y 50 sueldos mínimos del personal municipal. Es una suma “cercana a los 800 mil pesos”, dijo Arroyo sin dar mayores precisiones.

Ahí no terminarían las sanciones. También se establecería la inhabilitación para conducir por 180 días hábiles, que aumentarían a 360 en caso de reincidencia.

Con la misma multa sería infraccionado el titular del vehículo, en caso de que no fuera el conductor.

Sin mencionar a Uber, la ordenanza incluye “el transporte entre dos puntos fijos contratado a través de una plataforma y/o aplicación tecnológica y/o digital utilizando un dispositivo móvil y un sistema de posicionamiento global”.

También sostiene que “la difusión por cualquier medio y formato y/o la oferta pública del servicio de transporte (…) dará lugar a la imposición de una multa para las personas humanas y/o jurídicas responsables del hecho, graduable entre 50 y 80 sueldos mínimos del personal municipal”.

En caso de reincidencia, la multa a aplicar “será entre 70 y 90 sueldos mínimos”. Según Arroyo, se trata de una multa de alrededor de “un millón de pesos” para los impulsores de la plataforma.

“Los voy a combatir por cielo y tierra”, agregó el intendente, y dio por descontado que el Concejo aprobará su proyecto.

“Es inconcebible que haya políticos que defienden este tipo de transporte”, disparó con relación al diputado provincial de la Coalición Cívica Guillermo Castello y la concejal del mismo partido Angélica González, que el martes, antes del proyecto de Arroyo, propuso una resolución para repudiar la conducta del Ejecutivo.

González lamentó el “actuar infundado y arbitrario del Departamento Ejecutivo (a través de la Dirección de Transporte y Tránsito), que persigue y penaliza a quienes ejercen su lícito derecho a comerciar mediante el transporte de personas a través de plataformas digitales electrónicas”.

La concejal, que forma parte del interbloque Cambiemos como los concejales de Arroyo, propuso además que se trabaje en “la imposición de un marco regulatorio normativo para el transporte de personas a través de plataformas digitales electrónicas”.