El Defensor General de la Nación interino, Julián Horacio Langevin, presentó ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación el informe de gestión del Ministerio Público de la Defensa (MPD). Durante su exposición, dimensionó el alcance del servicio, advirtió sobre la brecha entre órganos jurisdiccionales y defensorías y detalló las medidas adoptadas para fortalecer la respuesta institucional.

Langevin destacó que, entre el 1° de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, el MPD asistió a 775.544 personas en todo el país, según los registros de DefensaPublica.net, en su mayoría en causas penales. En ese marco, subrayó la función esencial de la defensa pública para garantizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa, en especial de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Uno de los principales puntos de la presentación fue la desigualdad entre la estructura judicial y la capacidad operativa de la Defensa Pública. Aunque la ley establece que cada nuevo juzgado debe contar con una defensoría, actualmente 273 defensorías actúan -mediante un sistema de rotación -ante 615 órganos jurisdiccionales.

El Defensor General interino explicó que el organismo concentra sus recursos en los espacios de litigación, atención al público y protección efectiva de derechos. También puso en valor el compromiso, la formación y la vocación de quienes integran el MPD y destacó el trabajo de los 797 defensores públicos coadyuvantes autorizados, que intervienen en audiencias, asisten en litigios y acompañan casos complejos. Durante 2026, el organismo estableció un reconocimiento económico específico para quienes cumplen esa función.

En materia presupuestaria, señaló que el 98 % de los recursos se destina a salarios y cargas sociales, lo que deja un margen reducido para infraestructura, tecnología, capacitación y funcionamiento operativo. Frente a ese escenario, la gestión adoptó medidas de ahorro y reasignación para priorizar las necesidades más urgentes del servicio.

Langevin identificó la implementación del sistema acusatorio como uno de los mayores desafíos institucionales, porque demanda más litigación oral, presencia en audiencias, capacidad de investigación, especialización y respuestas inmediatas. Para acompañar este proceso, el MPD creó una unidad específica, reforzó la capacitación y avanzó en la modernización de sus herramientas informáticas y periciales.

También se refirió al nuevo régimen penal juvenil y afirmó que la Defensa Pública sostendrá los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y la protección de su interés superior. Remarcó, además, que la privación de libertad debe ser una medida de último recurso y expresó su preocupación por la capacidad de los sistemas locales para afrontar su implementación.

Respecto de las Defensorías Públicas de Víctimas, informó que 15 de los 24 cargos creados continúan pendientes de cobertura. Para reforzar los equipos y favorecer criterios comunes de actuación, el organismo creó la Coordinación de las Defensorías Públicas de Víctimas.

Además, expuso sobre las cuestiones vinculadas a las Técnicas de reproducción asistida y embriones crioconservados. En ese marco, el Dr. Langevin destacó la necesidad de que el Congreso legisle sobre esta cuestión. Si bien no se pronunció sobre los aspectos relativos a la naturaleza jurídica, subrayó la importancia del principio de dignidad humana. Asimismo, recordó que, en el marco de una causa en la que intervino como defensor ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación -que finalmente no fue tratada por razones procesales-, propuso la creación de dos registros: uno de embriones crioconservados y otro de personas interesadas en su adopción.

La exposición también destacó el aporte de los equipos interdisciplinarios y especializados del MPD, integrados, entre otras disciplinas, por profesionales de trabajo social y psicología. Su intervención permite abordar de manera integral situaciones vinculadas con violencia de género, salud mental, niñez y adolescencia y personas migrantes.

Entre los proyectos previstos, Langevin anunció la creación de un espacio destinado a proteger a niñas, niños y adolescentes frente a la violencia y los delitos en entornos digitales; una capacitación especializada en infancia; y un programa sobre tecnología aplicada a la Defensa Pública, que incluirá lineamientos para el uso responsable de la inteligencia artificial y de las redes sociales.

Al cerrar su intervención, sostuvo que la empatía es uno de los valores centrales de la Defensa Pública: escuchar, comprender y acompañar a quienes muchas veces no encuentran respuestas. “Las personas pasan, pero las instituciones permanecen”, concluyó.