La pandemia por el coronavirus modificó las conductas sociales y, motivado por el aislamiento, lo virtual ganó la pulseada a lo presencial en lo referido a la burocracia bancaria y la toma de créditos. A unos pocos clicks, el cliente de un banco puede acceder a cientos de miles de pesos y con unos clicks más, un delincuente mediante a ingeniosos engaños, también.

Según datos oficiales, durante la pandemia en la Fiscalía de Delitos Económicos se investigaron 350 causas vinculadas a delitos informáticos, un 600 % más que el año pasado con mecánicas similares: un llamado a un celular con la excusa de un supuesto premio para cobrar o un nuevo beneficio de Anses.

Con esa promesa de dinero, la víctima, dirigida por el estafador, iba hasta un cajero automático y sin saberlo pasaba sus claves de home banking, con la que el delincuente podía extraer un préstamos y vaciar la cuenta. Todo sin que el estafador se moviera de su casa, en la provincia que sea, o incluso desde la cárcel mientras estaba privado de la libertad.

En las investigaciones, los fiscales David Bruna y Javier Pizzo advirtieron que los estafadores siempre utilizaban líneas de celulares prepagas sin registrar -algo prohibido- o a nombre de otras personas y que en un 80 % de los casos los llamados eran de líneas de la provincia de Córdoba.

Con el correr de los casos detectaron algo impensado: algunas estafas que se registraron en Mar del Plata y Miramar eran perpetradas por una organización que operaba desde una cárcel de Córdoba: la Unidad Penitenciaria N° 2 “Andrés Abregú”, de Cruz del Eje, provincia de Córdoba.

Los fiscales pudieron descifrar la operatorio principalmente por dos casos: el primero la estafa a una mujer que recibió un llamado de un supuesto agente bancario para ayudarla en trámites virtuales. Finalmente el hombre resultó ser un estafador que mediante el home banking de la mujer tomó un préstamo de 320.000 pesos, el cual fue otorgado en el acto, y lo transfirió luego a diferentes cuentas.

El siguiente episodio lo sufrió una mujer de Miramar, que recibió un llamado desde una línea de Córdoba en la que un hombre le aseguraba que había ganado un supuesto sorteo de Shell por 250.000 pesos y combustible gratis por un año.

El estafador le explicó a la víctima que para cobrarlo debía ir hasta un cajero automática y tramitar una clave -token- que se lo tenía que entregar. Con esta información, el estafador pudo acceder al home banking de la víctima y vaciar la cuenta en tiempo récord.

Estafadores privados de su libertad

Tras una serie de pericias ordenadas por los fiscales y llevadas a cabo por la Dirección Departamental de Investigaciones, quedó establecido que no se trataba de un único estafador, sino de una organización crimen con asiente en Cruz del Eje, provincia de Córdoba y, por el análisis de las celdas de las comunicaciones, el llamante se encontraría en la Unidad Penitenciaria N° 2 “Andrés Abregú”.

La investigación avanzó en esa línea y, según las pruebas recolectadas, el estafador sería un hombre privado de su libertad en el pabellón cinco, quien, con otros sujetos, habrían aprovechados los celulares que les otorgaron para estar comunicados en la pandemia y montaron una suerte de “call center” para realizar estafas.

Con esta información, los fiscales Pizzo y Bruna declinaron competencia en la causa para que se encargara la Justicia de Córdoba en finalizar la investigación, que terminó con resultados positivos y 19 detenciones acusados de haber cometido estafas por cerca de 18 millones de pesos mensuales durante la pandemia.

Necesidad de prevención

Con el aumento de las estafas informáticas, los fiscales reclaman al Enacom que se cumpla la ley que prohibe el uso de líneas prepagas sin estar registradas. Además, han reclamado a las entidades bancarias que mejoren sus mecanismos de seguridad a la hora de entregar créditos de manera remota, sin exigir fehacientemente que el cliente demuestre su identidad.