El Gobierno nacional formalizó la entrada en vigencia del Presupuesto 2026 tras la publicación de la ley 27.798 en el Boletín Oficial. La norma, sancionada por el Congreso durante el último período de sesiones extraordinarias, establece los lineamientos centrales del programa económico que impulsa la administración de Javier Milei.

El texto proyecta un superávit financiero de $2.734.029.655.055 para el Sector Público Nacional. Para alcanzar ese resultado, se estiman recursos totales por $148,29 billones, frente a gastos autorizados por $148,06 billones.

La ley fija además un esquema de incentivos fiscales: si el resultado fiscal supera lo previsto, el Gobierno podrá avanzar con una baja de impuestos; si ocurre lo contrario, se habilitan recortes de partidas.

En la distribución del gasto, los Servicios Sociales concentran la mayor asignación, con $106,52 billones. Les siguen el pago de Deuda Pública, con $14,11 billones; los Servicios Económicos, con $11,45 billones; la Administración Gubernamental, con $8,85 billones; y los Servicios de Defensa y Seguridad, con $7,11 billones.

Para las universidades nacionales, el presupuesto asigna $4,78 billones. La ley establece que las instituciones deberán informar el uso de los fondos ante la Secretaría de Educación, bajo apercibimiento de suspensión de transferencias en caso de incumplimiento.

En materia previsional, se destinarán $212.288 millones al pago de deudas judiciales y administrativas de la ANSES. Además, se prevén $122.762 millones para asistir a las cajas previsionales de las provincias que no transfirieron sus sistemas al Estado nacional.

El texto también autoriza al Poder Ejecutivo a emitir Letras del Tesoro por hasta $70 billones y fija límites al endeudamiento de corto plazo: $4 billones para la Tesorería General de la Nación y $2,5 billones adicionales.

Por último, la norma restringe la cobertura de vacantes en la administración pública, que requerirá autorización previa de la Jefatura de Gabinete, y mantiene las exenciones impositivas y arancelarias para vacunas y medicamentos incluidos en programas sanitarios nacionales.