Tras la presentación de la Ley de Presupuesto por parte del gobernador Axel Kicillof, la oposición busca negociar algunas condiciones que le otorguen a las alicaídas arcas de las comunas un respiro necesario y los fondos suficientes para avanzar con independencia en las obras que tienen en curso y las que pretendan encarar.

Para ello, desde Juntos indicaron que antes de votar el presupuesto en los recintos, el gobierno bonaerense debería condonar deuda por los préstamos de la pandemia (transformar en ATPs los anticipos de Copa); recuperar pérdida del poder adquisitivo de los Fondos por la inflación 2022; transferir a los municipios JxC un total de $4.800 M en ATPs como compensación; y aplicar una distribución con criterios del FIM/Seguridad (50% CUD y 50% ingresos corrientes 2019).

La lógica del pedido, según indican desde la oposición, se basa en que la inflación prevista en el presupuesto 2022 es del 33% y la inflación de cierre 2022 (según presupuesto 2023) será 95%. En base a estos números la participación de los municipios de Juntos por el cambio es del 43%, por lo que el calculó para llegar al monto solicitado en las transferencias se haría de la siguiente forma: 24.000 x (1,95/1,33-1) x 0,43 = 4.810.

Finalmente, se solicitará también saldar deudas puntuales con municipios vinculadas a los certificados FIM 2022, deudas con el IOMA, entre otras.

Todas las anteriores son exigencias necesarias para que los legisladores de la oposición se sienten en las bancas a la hora de discutir en el recinto. Pero al votar la letra bajada desde el Ejecutivo, hay otros tres ítems que interesan y mucho en las comunas, no solo opositoras, también oficialistas.

Respecto del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) para el año próximo lo que se pretende es coparticipar la obra pública, es decir tener un acceso más ágil a las partidas necesarias para realizar las obras que representan el 16,14% de las obras de la Provincia, lo que implica una Inversión Real Directa por 310 mil millones de pesos en el proyecto de Presupuesto 2023).

Para su ejecución se busca negociar con la provincia un total de 8 desembolsos mensuales entre enero y agosto, cada uno de 12,5% del total y que se le otorgue a las comunas autonomía para ejecutar proyectos de inversión en el marco de ciertos rubros definidos en el Presupuesto (ejemplo, obras viales, etc), y rendición del fondo de afectación específica al HTC con el cierre 2023 (misma lógica que Fondo Educativo o FOFESO), todo ello sin necesidad de aprobación previa de proyectos por parte del Ministerio de Infraestructura o firma de convenios, ni rendición de certificados durante la ejecución.

Además, se pretende un ajuste bimestral con el Índice del Costo de la Construcción (ICC) del INDEC, con un mes de rezago. Es decir, el monto a transferir de marzo (y abril) se ajusta con la variación del índice del mes de enero, el monto de mayo (y junio) se ajusta con la variación del índice entre enero y marzo, y el monto de julio (y agosto) se ajusta con la variación del índice entre enero y mayo

Como segunda preocupación está el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, y con la misma lógica del FIM, los intendentes solicitan coparticipar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que la Nación le otorgó a la PBA frente a la crisis de la policía, para fortalecer las estrategias municipales de seguridad, El Fondo de Seguridad equivalente al 16,14% del FFF, proyectado en 200.745 millones de pesos en el Presupuesto 2023.

Para su ejecución: goteo regular siguiendo transferencias nacionales del FFF y también como en el punto anterior se solicita autonomía municipal para ejecutar proyectos en el marco de ciertos rubros definidos en el Presupuesto (ejemplo, compra y reparación de móviles, instalación de cámaras, recambio de luminarias, poda, etc), y rendición del fondo de afectación específica al HTC con el cierre 2023
Finalmente, pero no menos importante, está el pedidos habitual de transferir el impuesto Automotor a partir de los modelos 2012 y convalidar lo actuado en 2022 por los municipios.