El 22 de noviembre de 1949, el presidente de la Nación Juan Domingo Perón firmó el Decreto de Supresión de Aranceles Universitarios. A pesar de su importancia en la conformación de un verdadero sistema universitario amplio y democrático en consonancia con las bases liminares de la Reforma de 1918, este decreto pasó inadvertido para la historiografía tradicional. Dicha reforma no habría sido tal, sin la necesaria gratuidad de la universidad pública.

Después de casi siete décadas, la gratuidad de los estudios universitarios ha demostrado ser el principal motor de la tan mentada movilidad social ascendente, corroborada en miles de familias argentinas de abuelos y padres inmigrantes, así como de criollos laburantes que hoy conforman una clase media acomodada gracias a que sus nietos e hijos han pasado por la universidad púbica. Sin que esto sea tomado como un abuso de auto referencia pongo mi caso como ejemplo: padre criollo y madre inmigrante, con solo educación primaria, concibieron hijos con estudios universitarios, gracias a la gratuidad de la universidad pública.

En el año en que se conmemora el centésimo aniversario de la Reforma Universitaria, es justo reconocer que en el contexto de los principios liminares consagrados por la misma la gratuidad fue el hecho consagratorio que verdaderamente dio lugar a la democratización de la universidad en términos de acceso para vastos sectores sociales que lo tenían vedado.

En el decreto 29.337 firmado por el presidente el 22 de noviembre de 1949, a través del cual se suspendió el cobro de aranceles en las universidades nacionales, las que pasaban a ser gratuitas, se justificaba la medida expresando que “el engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcance cada uno de los miembros que lo componen” y agregaba “que una forma racional de propender al alcance de los fines expresados es el establecimiento de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país”.

Claro que con la gratuidad no alcanza. Para que el sistema púbico de enseñanza universitaria funcione y cumpla las misiones que históricamente se le asigna: educación, investigación, extensión y transferencia, es necesario dotarlo de presupuesto. Hoy todo indica, incluso las instrucciones del FMI, que eso ira en marcado retroceso.

La semana pasada fue escenario de un paro total de actividades por parte de los docentes de las universidades nacionales, hoy en miras de desactivarse con motivo de la convocatoria a paritarias por parte del Ministerio de Educación de la Nación. Medida de fuerza que reivindicaba la defensa de la educación pública y el reclamo de mejoras salariales. Acción esta que ha sido casi invisible para la mayoría de la ciudadanía, un poco por el aluvión informativo de otros hechos, pero aún más por la indiferencia del Gobierno y por la decisión de los medios hegemónicos para quienes la universidad pública y la suerte de los que allí trabajan no adquiere relevancia alguna.

En nuestra ciudad sólo unos pocos hechos relatados en distintas ediciones por La Capital dieron cuenta de este conflicto. Entre ellos la, a mi juicio, tibia Declaración del Consejo Superior de la U.N. de Mar del Plata, manifestando “una profunda preocupación por la situación que atraviesan las Universidades Nacionales a partir de la realidad presupuestaria”, sin propiciar medidas concretas que tiendan a modificar la tendencia del gobierno nacional a desfinanciar el sistema universitario público, así como todo el sistema de investigación y desarrollo científico – tecnológico, como queda demostrado en los reiterados reclamos de investigadores y becarios del CONICET.

No basta con expresar preocupación. La universidad pública, nuestra universidad, debe reestablecer sus lazos con la sociedad que la sostiene e involucrar a la mayor cantidad de actores sociales en su defensa. Contrarrestar ese estado de indiferencia frente a una corriente de persistente deterioro presupuestario y degradación salarial de quienes tienen en sus manos la formación de profesionales y la generación de investigación científica.

Quizás su inercia acrítica, su mirada endogámica, el grado de disociación con los problemas locales y hasta un exacerbado individualismo propio de la clase media que la compone, la haya distanciado del común de la sociedad, dando lugar a la indiferencia de nuestra comunidad frente a la posible paralización del principal motor de movilidad social ascendente con que nuestro país cuenta desde hace casi setenta años, amén de ser la principal usina generadora de conocimiento.

Como reflexión final rescato el abrazo solidario en defensa de universidad pública que llevaron a cabo los alumnos y demás integrantes de la comunidad del Colegio Illia. Parece que en los más jóvenes encontramos las reservas de lucha que la coyuntura reclama. Es deseable y esperable que todo el movimiento estudiantil lo imite.

(*): Contador Público Nacional. Ex Decano Facultad de Ciencias Económicas y Sociales – UNMdP. Ex Secretario de Economía y Hacienda de la Municipal de General Pueyrredon. Miembro de Construcción Popular.