El gobierno de Guillermo Montenegro tendrá hoy un test legislativo de peso. En la primera sesión extraordinaria del año del Concejo Deliberante, convocada para el mediodía, el interbloque oficialista buscará aprobar las ordenanzas fiscal e impositiva en forma preparatoria, para que queden habilitadas a ser tratadas en una asamblea de concejales y mayores contribuyentes.

La sesión constituirá una muestra del escenario legislativo con el que convive Montenegro. Es verdad que el jefe comunal ya logró que el cuerpo deliberativo aprobara por unanimidad las designaciones en los entes descentralizados, pero los posicionamientos de los bloques respecto a sus políticas empezaron a reflejarse con el tratamiento de estas ordenanzas, que contienen el aumento de tasas previsto por la administración, y el presupuesto.

Un indicio de lo que puede suceder lo dio el lunes la comisión de Hacienda, que dio dictamen a las ordenanzas fiscal e impositiva con los votos positivos de Vamos Juntos y la UCR, las abstenciones de Acción Marplatense y Mercedes Morro (que viene de romper su vínculo con el Frente Renovador) y el rechazo del Frente de Todos.

El proyecto contiene un aumento de 55% en la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) para la mayoría de los contribuyentes, y promedia un 49,5% si se consideran las cuentas que no tendrán incrementos o se beneficiarán de un tope porque recibieron un fuerte impacto con la última suba dispuesta en el gobierno de Arroyo.

En el debate de la comisión de Hacienda, las posturas quedaron claramente diferenciadas: mientras la oposición fue enfática en remarcar que el aumento será de 55%, el oficialismo puntualizó que, si se promedia la totalidad de las cuentas, el porcentaje da 49,5%. La diferencia es sustancial por un dato: la inflación anual de 2019, de 53,8%. El Frente de Todos advierte que el municipio aumentará por encima de ese índice, el oficialismo postula que lo hará por debajo. Pero las ordenanzas tienen otros puntos conflictivos. Uno de ellos es el de la denominada “contribución para la salud”, una sobretasa creada por el gobierno de Gustavo Pulti para financiar el mantenimiento del CEMA, a la que Montenegro le busca añadir el término “educación” e incrementar un 150% para ayudar al financiamiento del sistema educativo municipal. En parte, esos fondos estarán destinados al pago de la bonificación docente recortada por Arroyo.

Otro aspecto controvertido está vinculado al pago de un bono voluntario por parte de los usuarios de los polideportivos barriales con el objetivo de colaborar con su funcionamiento. Una iniciativa similar había lanzado Arroyo en su primer año de mandato y el Concejo se la rechazó.

A la hora de la votación, el interbloque oficialista, conformado por Vamos Juntos, la UCR y la Coalición Cívica, acompañarán el texto oficial. En el mismo sentido se pronunciaría el arroyista Mauricio Loria, lo que totalizaría 11 votos asegurados. El gobierno precisará además un guiño de alguno de los bloques que se abstuvieron en la comisión de Hacienda (Acción Marplatense y Tercera Posición, de Morro).

Enfrente se ubican el Frente de Todos, que tiene nueve concejales, y el edil del Frente Renovador Ariel Ciano.
Una vez que las ordenanzas fiscal e impositiva sean aprobadas en forma preparatoria, el Concejo debe convocar con ocho días de anticipación a una asamblea de concejales y mayores contribuyentes para sancionarlas de forma definitiva. Según fuentes oficialistas, eso podría concretarse la semana próxima.

En la asamblea la composición cambia. Es que los mayores contribuyentes (uno por concejal) todavía responden a la anterior composición del Concejo. Es decir que aún hay cinco mayores contribuyentes que responden al arroyismo y otro a Santiago Bonifatti, el secretario de Gobierno.