Así se resolvió en juicio abreviado para dos miembros de segundo orden. El resto de los imputados, incluídos los más poderosos y que más dinero ganaron con la manipulación de subastas, irán a debate en agosto de 2026.
Durante décadas, una organización informal pero altamente estructurada operó a la sombra de la legalidad en Mar del Plata. En silencio, sin levantar sospechas a simple vista, “La Liga de Compradores” se convirtió en una maquinaria aceitada que intervenía en subastas judiciales, alterando su curso natural con métodos que fueron desde la intimidación hasta la violencia física.
Ayer, el Tribunal Criminal N°1 puso punto final al proceso abreviado que involucraba a dos de sus integrantes: Julio César Consorte y Pablo del Corazón de Jesús Quiroz. Ambos fueron condenados a 3 años de prisión condicional por el delito de asociación ilícita, tras admitir su participación en los hechos. La sentencia incluye reglas de conducta bajo supervisión del Patronato de Liberados. Se trata de actores menores dentro de la temida organización, ya que eran quienes se ocupaban de los “aprietes”
Según se desprende del extenso expediente —identificado como IPP 19764-17—, la organización actuó desde al menos 2013 hasta octubre de 2018, operando de forma sostenida en las subastas realizadas en el Colegio de Martilleros de Mar del Plata. Su propósito: quedarse con propiedades rematadas al menor valor posible, para luego revenderlas o negociar comisiones ilegales. Para lograrlo, desplegaron una serie de maniobras que el juez no dudó en calificar de “procederes mafiosos”.
Los condenados cumplían un rol claro en esta estructura delictiva: “factores de presión”. Se ubicaban estratégicamente en la entrada de los remates o en las visitas previas a los inmuebles y se encargaban de amedrentar a posibles postores. En ocasiones, los interceptaban con preguntas sugestivas, miradas intimidantes o directamente amenazas. En otros casos, impedían el ingreso de personas al recinto o incluso se producían agresiones físicas.
“La Liga” no actuaba al azar. Según la investigación del fiscal Alejandro Pellegrinelli, apoyado en un impactante informe del CATI liderado por Javier Pettigiani, el grupo estaba conformado por más de veinte personas, muchas de ellas con roles definidos: algunos eran los líderes, otros se presentaban como falsos compradores, y otros, como los condenados, se encargaban de garantizar que nadie interfiriera en las compras preacordadas.
“La lógica era la del miedo”, detalló el fiscal en la audiencia del 24 de junio pasado. “El que quería participar en una subasta debía negociar con ellos o desistir. Y si se animaba a competir, se arriesgaba a sufrir consecuencias”.
La causa que dio origen al expediente fue impulsada tras la anulación de una subasta en el año 2014 por parte de la Cámara Civil y Comercial. El fallo judicial dejó al descubierto prácticas irregulares y testimonios que hablaban de una organización que “dominaba la sala” de remates como si fuera territorio propio.
El juez valoró especialmente la abundante prueba testimonial, pericial y documental, que incluyó registros fílmicos, declaraciones de víctimas y datos aportados por organismos como AFIP. Asimismo, destacó que si bien a Consorte y Quiroz se les podrían haber imputado otros delitos (coacciones, amenazas, lesiones), el Ministerio Público decidió limitar la acusación a la figura de asociación ilícita por una estrategia procesal, centrada en lograr una condena efectiva.
En paralelo, otros imputados —incluyendo a miembros clave de la organización— no aceptaron la vía abreviada y enfrentarán juicio oral en Agosto de 2026. La causa, por su magnitud y por el impacto que tuvo en el sistema de justicia civil de Mar del Plata, es considerada una de las más importantes de los últimos años en materia de criminalidad organizada vinculada a bienes judiciales.