Por Jorge Raventos

El camino  hacia el Pacto de Mayo, el acuerdo de gobernabilidad al que el presidente Milei convocó, en principio, a todos los gobernadores, no  se ha evidenciado hasta aquí liso y llano, sino más bien  complicado y estrecho. Se ha avanzado a través  de tensiones y conflictos.

Más allá de ciertos rasgos imperativos que el tiempo ha ido puliendo, esa invitación abrió una oportunidad para la negociación y los consensos. Y si en un principio la meta parecía muy distante, ahora, a poco más de un mes de la fecha indicada, hay signos de que un acuerdo se ha vuelto probable.

Por supuesto, la necesidad de un pacto evidencia el hecho de que hay diferencias y partes en conflicto; y que ese conflicto ha escalado peligrosamente y reclama a todos los involucrados lucidez para evitar consecuencias catastróficas que no dejarían a nadie sin afectar.

Hiperpresidencialismo y tropiezos

Al principio de este recorrido los acuerdos parecían totalmente excluidos de la agenda. Milei inició su presidencia con dos vigorosos gestos decisionistas: la firma del megadecreto de necesidad y urgencia número70/23 que disponía ambiciosas reformas en numerosos planos del Estado y la sociedad, y una propuesta de ley igualmente vasta y afanosa, que llegó al Congreso sin negociación previa  con ningún bloque (ni siquiera el propio).

En definitiva, pese a haber obtenido aprobación en general, la ley fue retirada del tratamiento legislativo por el oficialismo, renuente a que se discutieran algunos de sus contenidos al tratarse en particular su articulado.

En cuanto al decreto de necesidad y urgencia, la Cámara de Senadores  lo rechazó y lo dejó al borde de la caída en caso de que la Cámara baja hiciera lo propio.

El gobierno se mostró asimismo descontento con la Corte Suprema porque ésta no se pronunció a favor (quizás debería agradecer que no lo haya hecho en contra), mientras la Justicia mantiene frenadas por la vía cautelar en el fuero laboral reformas que el DNU dictaminaba en el campo de las relaciones de trabajo.

La primera respuesta de Milei ante esas dificultades legislativas y judiciales no fue de repliegue y negociación,  sino de ofensiva: culpó a los gobernadores por los reveses sufridos en el Congreso e incrementó  recortes  de recursos a las provincias.

En cuanto a la Corte, inició una maniobra para desarticular la mayoría que suele conformarse en ese cuerpo (formada por los supremos Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda) y propuso, al parecer tras conversaciones con el cuarto miembro del Tribunal, Horacio Lorenzetti, dos candidatos a  integrarla: el juez Ariel Lijo (que reemplazaría a Elena Highton de Nolasco, quien renunció dos años atrás) y al catedrático García Mansilla (para cubrir el aasiento que en diciembre dejaría vacío por jubilación Juan Carlos Maqueda).

Esas postulaciones –particularmente la de Lijo- le están ocasionando al Presidente un costo político de dimensiones más cualitativas que cuantitativas: buena parte del llamado “círculo rojo” (grandes empresarios, juristas, intelectuales, medios de comunicación) se han pronunciado en contra de esa candidatura.

Apalancado en un ejercicio hiperpresidencialista, Milei actuaba sobre la realidad y al mismo tiempo acentuaba complicaciones con factores institucionales  sólo compensadas por su legitimidad electoral y el buen registro que testimonian las encuestas de opinión pública.

Del úkase a la negociación

En relación con los gobernadores  las cosas empezaron a cambiar a partir de la derrota del DNU en el Senado. La Casa Rosada pareció comprender entonces que no podía darse el lujo de un nuevo traspié legislativo y, por ejemplo,  solicitó ayuda a varios gobernadores para evitar que la Cámara de Diputados votara por iniciativa propia una fórmula de actualización de las jubilaciones que, más allá de los efectos negativos que el ministro Caputo pudiera contabilizar, habría ofrecido nuevas señales de debilidad   del gobierno.

El Presidente empezó a atender las advertencias de su ministro de interior, Guillermo Francos, de que necesitaba madurar un diálogo constructivo con los gobernadores.

Una circunstancia que contribuyó a despejar el ambiente en la relación entre estos y el poder central fue  la reacción de todas las partes ante la emergencia de seguridad  con epicentro en Rosario. Todos los gobernadores del país (más el jefe de gobierno porteño) reaccionaron con velocidad y en conjunto; coincidieron en un texto que convergía con el gobierno central y al mismo tiempo requería de este que asumiera responsabilidades en lugar de descargarlas sobre las provincias.

“El narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial sino porque es un problema de todos. En mayor o en menor medida, la Nación en su conjunto está afectada por este fenómeno que está mostrando en Rosario su faceta de violencia y terrorismo…”

Todos a una, los gobernadores proclamaban que el Estado federal no puede desentenderse de problemas de todos convirtiéndolos en problemas de cada uno. “Es la disputa por parte de nuestra soberanía: deciden el Estado y la sociedad o deciden las mafias”.

Si bien se mira, ese mensaje que estuvo centrado en la seguridad frente a la agresión del delito organizado, puede tener lecturas más amplias: reivindica que el Estado federal asuma un rol y una responsabilidad ante temas de salud pública como la  epidemia de dengue, o de educación, o en el terreno de la obra pública. Asuntos en los cuales provincias y estado central pueden actuar coordinadamente.

Si la reivindicación de un Estado activo puede desafinar con la ideología libertaria (que suele definir al Estado como criminal), la convergencia en la preocupación común por la seguridad mostraba que las divergencias no excluyen irremediablemente los consensos.

Los mandatarios provinciales ponían así de manifiesto su rol de interlocutores principales del poder central, instrumentos de equilibrio en la ecuación de poder y, por esa vía,  puntales  de la gobernabilidad.

A partir de ese vínculo se allanó el camino para avanzar en coincidencias en las leyes preparatorias del Pacto de Mayo, que deberían empezar a tratarse este mismo mes. El gobierno (con la mediación de los gobernadores) se benefició con un mejoramiento de su sintonía con el Congreso y los gobernadores avanzaron en la perspectiva de asegurar la viabilidad fiscal y la paz social de sus provincias.

Logros oficiales y restricciones de la realidad

Por supuesto, para avanzar también incidieron marcadamente los avances que el gobierno iba acreditando en el terreno económico y en el posicionamiento internacional. Sus movimientos, pese a las restricciones objetivas y a las autoinducidas, desmentían los pronósticos de quienes le auguraban a su gobierno la vida de un lirio.

Milei puede ufanarse de haber hecho descender la inflación (en marzo volvió a ser menor a la del mes anteriror), estrechado significativamente la brecha entre dólar oficial y dólar paralelo, incrementado las reservas del Banco Central y disminuido el riesgo país.  También proclama haber eliminado el déficit fiscal, aunque muchos especialistas afines con su línea dudan de su sostenibilidad, pues ese equilibrio ha estado basado en el incumplimiento, la licuación o la postergación de obligaciones.

Por el momento, con todo, el gobierno se acredita esos triunfos. Es cierto que en paralelo ocurren cosas: las  ventas se derrumban  (según informes empresariales, entre 25% y 35% en el primer bimestre). La industria se paraliza paulatinamente. Los licenciamientos y despidos privados confluyen con los efectos de la motosierra sobre el sector público. La caída  del gasto en obra pública había alcanzado al 82,3% en términos reales hasta febrero: de las 2.417 obras que había en ejecución con fondos nacionales, en febrero se había retrocedido a 300.

También cae la recaudación, afectando el objetivo del equilibro fiscal por el costado de los ingresos:  según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el primer bimestre del año la recaudación tributaria habría caído 7% interanual (la recaudación más baja en los últimos 9 años). En marzo hubo una reducción real del 16%, que llega al 24 por ciento si se excluye la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior (impuesto PAIS y derechos de exportación).

En ese panorama cargado de restricciones tanto el Presidente como el titular de Economía confían en que se mejorarán los logros en materia de inflación (prometen una de un dígito en abril o mayo) y de equilibrio fiscal. Y aseguran que la reactivación comenzará a notarse después de que puedan levantar el cepo y producir una unificación cambiaria. Prometen algunos de esos milagros para el segundo semestre.

Adentro y afuera

Entretanto se trata de sostener la gobernabilidad y apuntalarla: desde adentro con el Pacto de Mayo y con un permanente activismo en materia de comunicación; desde afuera,  con el posicionamiento internacional.

Como se ha señalado en este espacio “la sucesión de visitas de figuras importantes del  sistema de gobierno estadounidense, desde el Secretario de Estado al jefe de la CIA testimonian que Washington observa  con interés el experimento libertario y provee de plausibilidad sus proyecciones”.

La semana pasada la visita de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, reforzó esa impresión. Milei  quiere acentuar su alineamiento con los Estados Unidos: lo esta logrando con la administración Biden  y tiene expectativas de que un triunfo de Donald Trump en noviembre fortalezca aún más su posición.

Milei y Richardson en Tierra del Fuego.

El vínculo con la principal superpotencia es un activo en esta etapa que requiere generar confianza internacional y gobernabilidad interna.  Milei, que ha alcanzado una inédita repercusión internacional, suma a esa apuesta política la vinculación activa con grandes empresarios como Elon Musk, con el que ha conversado (y se ha fotografiado abundantemente) el último viernes. Además de las inversiones propias de Musk, Milei busca apalancamiento para aumentar la confianza en Argentina de los inversores del mundo.

En el campo interno, entretanto. los alfiles de Milei (Guillermo Francos, el jefe de gabinete Nicolás Posse y, de a ratos, Santiago Caputo) han ido paso a paso  acordando con las provincias puntos que abren el camino para que se firme el famoso Pacto de Mayo.

Los gobernadores están consiguiendo tanto encuadrar a las fuerzas legislativas que les responden como también limar los perfiles más ásperos del presidente libertario, que últimamente  ha moderado sensiblemente sus ataques a ellos y al ecosistema parlamentario (los disparos presidenciales se concentran ahora en blancos del mundo de la prensa, determinados periodistas y empresas del sector).

El gobierno también se aproximó a la conducción de la CGT. No consiguió que los gremios depusieran la programación de un paro general (de todos modos agendado a varias semanas de distancia) pero sí  consiguió que admitieran una versión alivianada de reforma laboral que, a diferencia de la primera versión de la Ley de Bases, no tocaría el modelo sindical vigente ni las obras sociales pero establecería cambios en materia de indemnizaciones por despido y una prolongación  del  período de prueba laboral, dos puntos que el sector productivo considera vitales.

Algunas fuerzas políticas predispuestas a respaldar al gobierno, como el radicalismo, dieron a conocer  un proyecto propio de reforma que, aunque tiene puntos comunes con aquel  preacuerdo, mantiene otros, referidos a la estructura sindical y al descuento de cuotas gremiales por planilla, que el proyecto original escrito por Federico Sturzenegger incluía y que ahora el gobierno, más pragmático,  parecería dispuesto a postergar.

Hacia el pacto

Ya circulan borradores del nuevo y encogido proyecto de Ley de Bases que resumiría coincidencias entre el poder central, los gobernadores y sus  expresiones en el Congreso e incluye puntos de interés común: no habrá retenciones a la producción agropecuaria; se adoptaría como fórmula de movilidad jubilatoria la que propuso  el bloque de la Coalición Cívica (ajustes mensuales por inflación y reconocimiento retroactivo de la inflación desde enero); se restablecería el impuesto a las ganancia a la cuarta categoría pero con pisos altos y tasas progresivas (algo próximo al planteo de gobernadores como el cordobés Martín Llaryora). Habría delegación de facultades al Presidente, pero muy acotadas y se admitiría la privatización de empresas públicas, pero en un número sensiblemente más bajo que el de la propuesta original. El Ejecutivo y los gobernadores coinciden en dos temas que pueden contribuir a la reactivación  e incrementar los recursos coparticipables: un régimen especial para grandes inversiones  y un blanqueo de capitales.

Se observan en esos trazos concesiones de todas las partes. La política es negociación. Como ha señalado el Papa, “no hay que avergonzarse de negociar”. Es posible que, efectivamente, se esté abriendo una nueva oportunidad para la Argentina en la que la lógica de la unidad ordene la división y el conflicto.