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Policiales 17 de abril de 2019

Procesan a 13 acusados por venta de drogas en el barrio Centenario

Se trata de diez hombres y tres mujeres que comenzaron a ser investigados en 2016 a partir de una denuncia telefónica anónima. Entre ellos hay varios sospechosos por lavado de activos, utilización de menores y tenencia de armas.

Trece acusados de vender drogas en el barrio Centenario fueron procesados por la Justicia Federal luego de una investigación que inició el fiscal federal Nicolás Czizik, después de recibir una denuncia telefónica anónima en junio de 2016.

Se trata de diez varones y tres mujeres a los que el juez Santiago Inchausti imputó en una causa por comercialización de estupefacientes agravado por la cantidad de intervinientes, en tanto que a dos de esas personas se les suma el agravante de haber hecho intervenir a una menor de edad.

Además, sobre uno de ellos pesa la acusación de lavado de activos, dado que habría sido el encargado de insertar al mercado el dinero obtenido de la venta de droga, mediante la adquisición de cheques de terceros. En tanto, cinco están imputados por el delito de “tenencia ilegítima de arma de fuego”.

La investigación denominada “Centenario blanco” se inició en junio de 2016 a partir de una denuncia anónima realizada a la línea 0-800-555-5056 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Desde entonces, se realizaron numerosas medidas de investigación que terminaron por corroborar la hipótesis y además avanzar en los eslabones más importantes de la organización.

Con la información reunida por los agentes de la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal Mar del Plata a cargo de las tareas de inteligencia, sumado a numerosos elementos de prueba -entre las que se destacan las interceptaciones telefónicas-, el fiscal solicitó el pasado 7 de marzo 31 allanamientos, que concluyeron -en trece de estos lugares- con detenciones y el secuestro de estupefacientes, cuatro armas de fuego sin autorización para su tenencia y cargadas, distintos elementos para el fraccionamiento y venta de la droga, importantes sumas de dinero, documentación y cinco autos, un cuatriciclo y un tráiler, que fueron decomisados a partir de esta resolución.

La organización, de acuerdo al procesamiento judicial, se dedicaba al abastecimiento de estupefacientes al público consumidor, vinculados o no entre sí, que operó de manera simultánea o alternativa, separada o conjunta, integrada al menos por las trece personas imputadas –sobre otras tres se dictó la falta de mérito y aún hay una mujer prófuga-, quienes desarrollaron distintas actividades coordinadas a fin de aprovisionar, fraccionar y distribuir material estupefaciente.

Los roles en la organización

Las tareas de investigación comenzaron sobre algunos departamentos del complejo del barrio Centenario, situado en la intersección de Tierra del Fuego y Alvarado. En particular se puso el foco en la casa de una mujer de 73 años, cuyas ventanas dan a un terreno baldío, y desde donde se observaron algunas maniobras de “pasamanos”. El lugar es señalado como un “punto de ‘base’” para la organización, por la actuación de la acusada, con colaboración de otros miembros de su familia. Sin embargo, el seguimiento de llamados permitió ascender en la cadena de responsabilidades de la banda, y así se detectaron “pasamanos” o posibles venta de droga al menudeo en otros puntos de la ciudad, por parte de otros de los acusados.

En un párrafo de su resolución, el magistrado hizo referencia a la clandestinidad que comúnmente se otorga a la comercialización de las sustancias estupefacientes, por lo que las intervenciones telefónicas ordenadas resultaron de especial interés para profundizar la investigación. “Esta ocultación resulta palmaria a la luz de las circunstancias conocidas: la gran cantidad de números de abonados telefónicos utilizados por los investigados incluso en algunos casos indistintamente por varios de ellos, la disposición de distintos domicilios donde se llevaban a cabo conductas relacionadas con los hechos investigados, los imputados procuraban hacer mención a las sustancias que comercializaran mediante términos encubiertos e incluso manifestaban un notorio interés en no comunicarse mediante llamadas telefónicas o tener reparos con las mismas, todo ello con el fin de evadir la acción jurisdiccional y dificultar cualquier tipo de investigación”, sostuvo.

Otros tres acusados aparecen como proveedores de la familia que realizaba la venta de estupefacientes en su casa del Centenario: dos de ellos realizaban ventas también en la vía pública después de acordar encuentros en distintas esquinas del centro y macrocentro de la ciudad, y uno de ellos ha utilizado a lo largo de la pesquisa una importante cantidad de números telefónicos que iba descartando. A su vez, otro de los imputados proveía marihuana a uno de estos proveedores.

Por otro lado, una pareja que fue detenida y ahora procesada, no había sido investigada, pero al momento de los allanamientos fueron encontrados con elementos que comprometieron su situación.

Otra familia implicada tiene a padre e hijo -empleado de la Delegación local de Migraciones- procesados, quienes por un lado eran socios o proveedores de una de las personas que facilitaba la droga a la familia del Centenario, y a su vez tenían una íntima vinculación con otra familia, que tiene imputados al padre y sus dos hijos. De acuerdo a la investigación, estos últimos contaban con un negocio de venta de sushi como “pantalla” o negocio complementario a la comercialización de droga.

Por último, otro acusado contaba con la “colaboración activa” de su hija para consumar el delito: de acuerdo al procesamiento comercializaban grandes cantidades de droga y eran proveedores de la organización. El dato que se destaca es que la joven es la única de la banda que será excarcelada bajo caución personal: había cumplido sus 18 años tres días antes de los allanamientos, por lo que hay un agravante para su padre y otro imputado que articulaba con ella.

Las acusaciones

Las trece personas procesadas están acusadas de ser coautoras delito de comercio de sustancias estupefacientes, que prevé penas de reclusión o prisión de 4 a 15 años, todas ellas con el agravante de la cantidad de personas que intervinieron. A dos de ellas, además se les atribuye el agravante del artículo 41 quater del Código Penal, que dispone un aumento de un tercio del mínimo y del máximo, por la participación de menores de 18 años.

Cinco imputados también son acusados de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y de guerra uso civil condicional; y a uno de ellos se lo acusa también del delito de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad. De acuerdo a la investigación, el joven realizaba maniobras para adquirir cheques de terceros, con la intención de insertar al mercado el dinero obtenido a raíz de la comercialización de droga. En total, se secuestraron 42 cheques por la suma de unos tres millones de pesos, cuyo valor monetario supera con creces su capacidad patrimonial.

“Lo que podría parecer una práctica habitual como es la tenencia de cheques -reparó el juez-, en el fondo resultó ser una metodología para camuflar la circunstancia de que ese patrimonio no resultaba genuino, producto de actividades comerciales ilícitas que dejaran un caudal de bienes de esa talla, insertando de este modo en el mercado el dinero obtenido del comercio de estupefacientes a raíz de la adquisición de cheques a menor precio”.

Los procesamientos, salvo en el caso de la adolescente, se dictaron con prisión preventiva. Al analizar el punto, el juez primer contempló que una acusada permanece prófuga, y otro de ellos eludió a la Justicia durante casi un mes hasta su detención el pasado 5 de abril. “Dada la actividad reprochada, contarían con medios suficientes para profugarse y a su vez se han secuestrado armas de gran calibre, todo lo que considero implica la existencia de riesgos procesales que autorizan el dictado de una medida restrictiva de la libertad durante el proceso”, expresó Inchausti en su resolución.