Un hombre acusado de integrar una organización dedicada al narcotráfico fue procesado también por el delito de trata de personas, al considerar la Justicia que captó a dos jóvenes mediante engaños, los trasladó a Mar del Plata y los obligó a vender cocaína bajo un régimen de control permanente que incluyó amenazas, vigilancia constante y una disponibilidad absoluta para la actividad ilícita.

La medida fue dispuesta por el juez de Garantías Santiago Inchausti, en el marco de una investigación que lleva adelante el fiscal Santiago Eyherabide, titular de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación de Delitos Complejos. En la resolución se entendió que el acusado no solo lideraba una estructura de comercialización de estupefacientes, sino que además sometió a las víctimas a una situación de explotación laboral forzada.

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, los jóvenes fueron contactados a través de una propuesta que incluía trabajo, vivienda y asistencia económica. La oferta fue realizada aprovechando la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban, ya que ambos estaban desocupados y atravesaban dificultades económicas. Incluso, se les habría prometido un vínculo familiar con el imputado, algo que nunca se concretó.

De acuerdo a la investigación, una vez en la ciudad fueron alojados en una vivienda que funcionaba como punto de venta de cocaína al menudeo, donde debían permanecer durante toda la jornada para concretar las operaciones. Allí, el principal acusado y otros integrantes de la organización les entregaban periódicamente la droga para su comercialización.

Durante los allanamientos realizados a fines de marzo de 2025, los investigadores encontraron a las víctimas junto a una balanza de precisión y alrededor de 15 gramos de cocaína, elementos que inicialmente llevaron a encuadrar su rol dentro de la logística de la organización. Sin embargo, el avance de la pesquisa permitió advertir indicadores compatibles con una situación de trata de personas.

En ese contexto, se dispuso la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y de la Coordinación Nacional de Rescate, cuyos profesionales entrevistaron a los jóvenes y detectaron que estaban sometidos a un esquema de control estricto, con limitaciones para salir del domicilio, vigilancia permanente mediante cámaras de seguridad y escasa o nula retribución económica.

La fiscalía sostuvo que existió una “apropiación total del tiempo de las víctimas”, quienes debían permanecer disponibles las 24 horas para la venta de estupefacientes, bajo un contexto de amenazas y presión constante. También se determinó que los ingresos obtenidos eran retenidos por la organización, lo que reforzaba la situación de dependencia.

A partir de estos elementos, el juez consideró acreditadas las conductas de captación, traslado y acogimiento con fines de explotación, agravadas por el uso de engaños, amenazas y abuso de una situación de vulnerabilidad. En la resolución también se dispuso un embargo por 100 millones de pesos sobre los bienes del imputado.

Desde la Unidad Fiscal Federal, encabezada por Daniel Adler, remarcaron que el caso presenta características relevantes para la persecución del crimen organizado, ya que evidencia la utilización de personas en situación de vulnerabilidad para asumir los mayores riesgos dentro de la estructura narcocriminal.

Las víctimas fueron liberadas en abril de 2025, luego de que la investigación permitiera determinar que su participación en la actividad ilícita se daba bajo coerción y en un contexto compatible con reducción a la servidumbre.

El procesamiento amplía el alcance de la causa principal por narcotráfico y pone el foco en la explotación de personas como parte de las estructuras criminales, una modalidad que la Justicia busca visibilizar para diferenciar la responsabilidad penal de quienes organizan el negocio ilícito de aquellos que son obligados a participar bajo amenazas y engaños.