El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al ex titular de la AFIP en el kirchnerismo Ricardo Echegaray y al ex responsable de la DGI en su gestión Angel Toninelli por “encubrimiento agravado” de la evasión impositiva que cometió la empresa Austral Construcciones, del detenido Lázaro Báez.

La decisión fue tomada en la causa conocida como la “ruta del dinero K” e incluyó embargos de 70.412.000 de pesos para los procesados, según una resolución a la que accedió Télam.

Echegaray y Toninelli fueron procesados por supuesto “encubrimiento agravado” e “incumplimiento de deberes de funcionario público” porque se consideró que frenaron investigaciones sobre las llamadas “usinas de facturas truchas” que permitían la evasión impositiva millonaria a la empresa Austral Construcciones, del grupo Báez.

“La obligación de velar por los intereses fiscales del Estado y de controlar derivan del Decreto 618/97, cuyo art. 4 establece que corresponde a la AFIP la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales respectivas (…), por lo que no quedan dudas que Echegaray y Toninelli también incumplieron deliberadamente con un acto de su oficio al que estaban legalmente obligados”, advirtió Casanello.

Para el magistrado “la consecuencia directa de los hechos por los cuales Echegaray y Toninelli son procesados aquí se observan de manera palmaria, y el perjuicio ocasionado asciende, como hipótesis de mínima, a 70.400.000 pesos, conforme al análisis efectuado”.

Particularmente se aludió a la “obstrucción” de fiscalizaciones que intentaron realizarse entre mayo y julio del 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca sobre empresas proveedoras del grupo Báez. Estas firmas eran usinas de facturas apócrifas que eran usadas por la empresa insignia de Báez.

De esta manera, el ahora detenido empresario provocó “una estafa millonaria” al Estado nacional. Los entonces funcionarios disolvieron la regional Bahía Blanca argumentando un conflicto gremial pero para el magistrado “las distintas pruebas valoradas en su conjunto permiten inferir que ese motivo fue utilizado como pantalla para disolver la regional y tomar un control efectivo de las fiscalizaciones”.

En esa causa, ya fueron enviados a juicio oral el detenido Báez y sus cuatro hijos, entre otros acusados por “lavado de activos”.