La Justicia Federal de Mar del Plata procesó con prisión preventiva a nueve ex militares por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1983, en la denominada subzona 15 que abarcó al partido de General Pueyrredon y otros ocho distritos del sudeste bonaerense.

El titular del Juzgado Federal 3, Santiago Inchausti, acusó a los procesados de los delitos de asociación ilícita, en todos los casos, y en seis de ellos de privación ilegal de la libertad más tormentos agravados, por haber sido cometidos contra perseguidos políticos, y homicidios calificados.

El sitio Fiscales.gob.ar, informó que la causa se centró en investigar los allanamientos, secuestros y detenciones ilegales de personas realizados en el ámbito jurisdiccional de la subzona 15, compuesta por las áreas 15.1 y 15.2, que abarca los partidos de General Lavalle, General Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Lobería, Necochea y San Cayetano, entre los años 1975 y 1983.

Las víctimas fueron trasladadas a centros clandestinos de detención, donde padecieron torturas y luego asesinadas y desaparecidas o puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, según el caso.

Los nueve ex militares fueron detenidos tras haber prestado declaración indagatoria en mayo último y recientemente se resolvió su procesamiento, además del embargo de 3 millones de pesos para cada uno.

Carlos Alberto Suárez, Hugo Ernesto Pabón, Emilio Guillermo Nani, Rubén Enrique Miguel Fernández, Carlos Víctor Milanese y Enrique Horacio Capella, Jorge De Malmayne Duppa, Julio Efraín Irizarri y Juan Ramón Goicochea están procesados acusados del delito de asociación ilícita.

Sobre los tres últimos, el juez dispuso, además del embargo, una caución de 500 mil pesos que una vez efectivizada, permitirá que recuperen la libertad.

El primer tramo de esta investigación, en el que fueron imputado jefes y subjefes de la Subzona y áreas respectivas, ya fue elevada a juicio oral, mientras que la presente resolución es el resultado de la profundización de la primera parte de la pesquisa.

De acuerdo a la investigación, se les imputa haber implementado por su ubicación en la cadena de mandos del Ejército, la revisión y ejecución de las órdenes tendientes a combatir la “subversión”, que implicaba realizar tareas de inteligencia sobre presuntos sospechosos y su posterior detención en centros clandestinos bajo condiciones inhumanas, sometidos a tormentos con el objeto de obtener información, para finalmente ser liberados, ponerlos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o Poder Judicial o bien eliminarlos físicamente.