La Justicia Federal procesó a los dueños del Complejo Sobremonte y a otras personas por el delito de asociación ilícita fiscal con la que habrían realizado maniobras de evasión tributaria entre 2003 y 2014.

En la causa, que lleva el juez federal Santiago Inchausti,  se investiga a los responsables de la explotación económica del Complejo Sobremonte de la Av. Constitución de la ciudad de Mar del Plata por llevar adelante entre los años 2003 a 2014 maniobras de evasión tributaria mediante la interposición de personas físicas y jurídicas con la finalidad de eludir el pago de tributos nacionales.

Se fijaron cauciones personales por la suma de un millón de pesos y de cien mil pesos y se ordenaron embargos por la suma de cinco millones de pesos.

También se resolvió decretar la falta de mérito de una persona y el sobreseimiento por algunos períodos fiscales por aplicación de la ley penal más benigna.

La Fiscalía interviniente es la Federal Nº 1, a cargo de Laura Elena Mazzafferri, y la Administración Federal de Ingresos Públicos es parte querellante en la causa.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, la explotación ficticia del lugar se llevó a cabo -al menos desde 2003 a la actualidad- a través de una cuidadosa ingeniería compuesta por sociedades y personas físicas que actuaron como testaferros con el único propósito de encubrir a los dueños, quienes son los verdaderos beneficiarios del funcionamiento del lugar, evitando de este modo el cumplimiento de sus obligaciones impositivas. El Complejo Sobremonte, un multiespacio que engloba pistas de baile, restaurantes y lugares de esparcimiento desde hace casi 40 años, aumentó considerablemente su dimensión en el transcurso del tiempo.

Monotributistas ricos

Uno de los aspectos que sobresale de la pesquisa es la notable inconsistencia que surge entre el perfil patrimonial y lo declarado ante el fisco por parte de los principales acusados. En este sentido, uno de los organizadores de las maniobras y el principal beneficiario de las ganancias del complejo no registra inscripción en ninguno de los impuestos y/o regímenes cuya recaudación se encuentra a cargo la AFIP/DGI desde septiembre de 2002. Tampoco se encuentra declarado como empleado en relación de dependencia, ni resulta titular de tarjeta de crédito alguna, ni posee bienes inmuebles a su nombre.

Lavado

Además de los delitos tributarios, la fiscal federal de Mar del Plata Laura Mazzaferri y la Procelac plantearon la existencia de indicios respecto a una posible legitimación de activos de origen delictivo, en especial teniendo en cuenta que la legislación sancionada en 2011 -en sintonía con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional- incluyó a la evasión como delito precedente del lavado de activos.