Un caso de alto impacto social y judicial conmociona a Balcarce desde hace un mes, cuando una denuncia por violencia de género presentada en la Comisaría de la Mujer derivó en una pesquisa por presunto suministro de estupefacientes a seis niños de entre 2 meses y 13 años.

La presentación fue realizada por la madre de los menores, quien acusó a su actual pareja -padre de los niños- por episodios de violencia ocurridos en el domicilio que compartían. En ese contexto, manifestó además su temor de que los niños hubieran estado expuestos al consumo de cocaína.

Al tomar intervención, la Fiscalía Descentralizada ordenó el inmediato traslado de los menores al Hospital Municipal para la realización de estudios toxicológicos. Según confirmaron fuentes judiciales, los análisis arrojaron resultados positivos para cocaína en sangre.

Con esos informes preliminares, el fiscal Rodolfo Moure solicitó la detención del hombre, medida que se concretó pero que no se sostuvo en el tiempo: días después recuperó la libertad, aunque continúa imputado en la causa. En su declaración negó de manera categórica haber suministrado drogas a sus hijos y sostuvo que la denunciante atravesaría “problemas psiquiátricos”.

Tras las declaraciones de los niños en Cámara Gesell, la investigación avanzó con nuevas diligencias. Entre ellas, pericias químicas sobre una lata de leche secuestrada en la vivienda, cuyo contenido generó sospechas sobre una posible contaminación con cocaína. Además, se dispuso la toma de testimonios en el entorno familiar para intentar reconstruir cómo la sustancia habría ingresado al organismo de los menores.

El fiscal busca establecer si se trató de una conducta intencional, de un acto negligente o de una circunstancia accidental. “Es una investigación muy compleja”, confiaron fuentes vinculadas al expediente.

Mientras tanto, como medida cautelar y en resguardo de los niños, la Justicia dispuso la prohibición de acercamiento de ambos progenitores hacia sus hijos, restricción que se mantiene vigente mientras avanza la instrucción penal.

La causa fue caratulada como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”, delito que contempla penas de entre seis y veinte años de prisión.