En respuesta al creciente índice de robos en la zona de avenida Juan B. Justo y la calle Olavarría, el concejal Diego García, del bloque de Unión por la Patria, presentó un proyecto de comunicación ante el Concejo Deliberante que busca implementar medidas concretas para salvaguardar la seguridad de comerciantes y vecinos de ese sector de la ciudad.

La intersección de Juan B. Justo y la calle Olavarría se encuentra en el corazón del barrio San Carlos, caracterizado por su alta densidad comercial y de circulación vehicular y peatonal durante todas las horas del día. Sin embargo, la actividad se ve empañada por una creciente inseguridad que ha sido manifestada y denunciada tanto por comerciantes como por residentes de la zona.

Según el último informe del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED), desde enero de este año se han registrado 446 robos en comercios, lo que representa un aumento del 76,9% con respecto al mismo período del año anterior, y un aumento del 75,5% en comparación con 2022, marcó el autor del proyecto.

Ante esta situación, García propone dos medidas específicas. En primer lugar, solicita un relevamiento por parte del Departamento Ejecutivo de los comercios ubicados en los alrededores de la mencionada intersección, con el objetivo de registrar la demanda de botones antipánico para su implementación.

Estos botones antipánico, desarrollados por la Secretaría de Seguridad y la Subsecretaría de Gobierno Digital y Mejora del Proceso en 2023, son una herramienta vital para alertar rápidamente a las autoridades en caso de emergencia.

En segundo lugar, el expediente propone la instalación de una cámara de seguridad en la intersección de Av. Juan B. Justo y la calle Olavarría. El Sistema Municipal de Videovigilancia cuenta con más de mil dispositivos conectados, y se suman 680 cámaras privadas conectadas al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

En última instancia, el concejal García enfatizó la responsabilidad del Departamento Ejecutivo en garantizar políticas efectivas de prevención del delito para proteger la vida y propiedad de los vecinos.