La concejal Vilma Baragiola (UCR + Nuevos Aires), junto a sus compañeros de bloque Ariel Martínez Bordaisco, Gabriela Azcoitía y Ricardo Liceaga Viñas, presentó hoy dos proyectos de ordenanza orientados a que la ciudad tenga mayor participación en las decisiones sobre la actividad pesquera y portuaria, tanto a nivel provincial como municipal.

El primer proyecto plantea que, al momento de designar o renovar al representante de la provincia de Buenos Aires en el Consejo Federal Pesquero (CFP), se priorice a “una persona idónea, con acreditada trayectoria, experiencia y conocimiento específico de la actividad pesquera, portuaria y naval”, y que de ser posible resida y trabaje en Mar del Plata. También propone que cuente con una oficina permanente en la ciudad para mantener contacto directo con los distintos actores de la cadena productiva.

El proyecto surge de una crítica que comparten empresarios y gremios del sector: aseguran que, en la actual gestión de gobierno, el Consejo Federal Pesquero hoy “está integrado por gente que no sabe del tema”.

La intención de la iniciativa de Baragiola es que la representación bonaerense tenga un “conocimiento directo” de la realidad del puerto local y que las decisiones sobre permisos, cuotas y autorizaciones contemplen también el impacto territorial que generan, considerando “el puerto de desembarque, el empleo generado, la participación de las pequeñas y medianas empresas, el procesamiento en tierra y el desarrollo de la industria naval nacional”.

La concejal radical remarcó que la Ley 24.922 establece al CFP como uno de los principales organismos en la definición de la política pesquera nacional, con decisiones que repercuten en el empleo y las comunidades vinculadas al sector. Destacó, en ese sentido, el peso de Mar del Plata como principal puerto pesquero de la provincia y uno de los principales centros pesqueros y navales del país.

Como antecedente, el proyecto menciona la preocupación reciente por la asignación de permisos para la pesca de calamar: de los 18 otorgados, solo uno tendría comprometido el desembarque en Mar del Plata, y ninguno contemplaría la construcción de buques en astilleros nacionales. Empresarios y gremios presentaron una denuncia contra la resolución del Consejo Federal Pesquero. Para Baragiola, esto evidencia la falta de mecanismos que contemplen el desarrollo local, afectando especialmente a las pymes, al empleo y a la industria naval.

A través de un comunicado, la concejal declaró: “Mar del Plata no puede ser solamente el lugar donde se sienten las consecuencias de las decisiones que otros toman. Necesitamos que nuestra ciudad tenga voz, presencia y capacidad para defender sus intereses donde esas decisiones se discuten”.

Un Consejo Asesor Municipal

La segunda iniciativa propone crear el “Consejo Asesor Portuario, Pesquero y de Intereses Marítimos Municipal”, concebido como un espacio de “participación, consulta, articulación y formulación de propuestas” sobre los temas que involucran al puerto y a las actividades pesqueras y marítimas de la ciudad.

Estaría integrado por representantes del Departamento Ejecutivo, el Consorcio Portuario Regional, comisiones del Concejo Deliberante, cámaras empresarias, armadores y pymes, organizaciones sindicales, la industria naval, astilleros y talleres, la Universidad Nacional de Mar del Plata y centros de investigación. También se prevé invitar a la Subsecretaría de Pesca provincial y al representante bonaerense ante el CFP.

Entre sus funciones, el Consejo podría elaborar diagnósticos y propuestas para fortalecer la actividad pesquera, la industria naval y el empleo local; analizar normas y resoluciones del CFP y emitir opiniones al respecto; promover la revisión de mecanismos de licitación, permisos y cuotas que generen asimetrías en perjuicio del puerto local; y proponer incentivos para el empleo, el procesamiento en tierra y el valor agregado en la ciudad. También buscaría impulsar la construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones en astilleros y talleres locales o nacionales.

El proyecto establece además que el Consejo pueda evaluar el impacto territorial y social de los permisos otorgados, hacer seguimiento de los compromisos de desembarque efectivo, trabajar sobre mecanismos que protejan a las pymes y la diversidad de la flota, y elaborar informes técnicos sobre la sostenibilidad biológica, ambiental, social y económica.

Los informes y recomendaciones serían remitidos al intendente, al Concejo Deliberante, al Ministerio provincial correspondiente, al representante bonaerense ante el CFP y a las autoridades nacionales, funcionando como insumos permanentes para la posición que la provincia lleve al Consejo Federal Pesquero.

Baragiola recordó que la Municipalidad ya contó con un Consejo Municipal Pesquero, creado mediante el Decreto 405/16, y destacó distintos antecedentes de participación del Concejo Deliberante en las discusiones relacionadas con la actividad.

“Las decisiones adoptadas fuera del ámbito local tienen efectos directos sobre el empleo, la producción, las inversiones y la actividad de toda la cadena”, planteó en los fundamentos, advirtiendo que ciertas decisiones del CFP pueden terminar “perjudicando” al puerto local cuando no se consideran las condiciones de desembarque, procesamiento y generación de empleo de cada ciudad.

El expediente señala que no alcanza con analizar cuánto recurso se captura: también debería tenerse en cuenta dónde se desembarca, dónde se procesa, cuántos puestos de trabajo genera la actividad, qué empresas participan de la cadena y dónde se construyen o reparan los buques.

La propuesta retoma la experiencia del Consejo Municipal Pesquero de 2016, una jornada de trabajo realizada en el Concejo Deliberante en 2025, e iniciativas impulsadas durante este año para generar una Mesa de Diálogo y Desarrollo vinculada con el sector.

Según la autora del proyecto, estos antecedentes “evidencian que la necesidad de contar con un ámbito municipal de diálogo y participación no responde a una situación coyuntural, sino a una necesidad institucional vinculada con la importancia estructural que tienen estas actividades para el Partido de General Pueyrredon”.

Finalmente, aclaró que el nuevo Consejo no modificaría las competencias nacionales o provinciales sobre la actividad pesquera, sino que funcionaría como “una herramienta técnica, social e institucional” para que Mar del Plata pueda construir una posición común y defender sus intereses productivos y laborales ante las decisiones que se toman fuera de la ciudad.